La limitación de las subidas del precio del alquiler aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez crea inseguridad jurídica. Y es que, el Ejecutivo no cuenta con la voz de los propietarios ni de los partidos políticos. El tope a las subidas del alquiler no se ha consensuado y todo apunta a un nuevo estrangulamiento en el mercado.
Esta decisión del Gobierno tiene un carácter temporal, de abril a junio de este año, pero el sector desconfía por completo de las palabras. Y es que, otras medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia se han ido prorrogando a lo largo del tiempo.
NINGÚN AYUNTAMIENTO REBAJA EL IBI PARA AMORTIGUAR LA INFLACIÓN
El Ejecutivo ha optado por la subvención directa y la intervención en el mercado para atajar la elevada tasa de inflación en España. La mayoría de los contratos del alquiler están referenciados a los precios y son propietarios particulares quienes dominan este mercado. Ningún Ayuntamiento ha optado por reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles, por ejemplo, para aliviar a los propietarios de soportar toda la carga en esta polémica medida.
En Barcelona se registra una menor oferta semana tras semana y se incrementa la demanda debido también a la llegada de personas de otros países y otras zonas de España, así como por el teletrabajo. «Los inmuebles duran poco en el mercado y se alquilan a los mejores perfiles», han sostenido fuentes del mercado consultadas por MERCA2. Los pisos con precios inferiores a los 1.000 euros son los más codiciados y es un producto que dura muy poco en el tablón de anuncios.
LOS PROPIETARIOS RETIRAN PISOS DEL MERCADO Y LA DEMANDA NO AFLOJA
En Cataluña y especialmente en la ciudad de Barcelona, el alquiler es uno de los principales problemas de la ciudad. Las cuotas se elevan y la oferta comienza a escasear de forma importante. Los inquilinos se ven desplazados a otros municipios, tensionando ciertos pueblos del Área Metropolitana de Barcelona. El motivo por el que ya apenas hay oferta se debe a «la inseguridad jurídica» por las políticas autonómicas, locales y ahora del Gobierno de España.
Desde que se impuso la limitación de rentas a propietarios, tanto particulares como empresas, los alquileres son a un mínimo de 32 días y con una duración ligada al motivo temporal del arrendatario. Otros propietarios han optado por vender sus inmuebles, mientras que otros directamente han sacado los inmuebles del mercado a la espera de una resolución judicial.
«La inseguridad jurídica que está provocando las leyes intervencionistas de las reglas de juego de libre mercado en el sector inmobiliario», ha afirmado Iñaki Unsain, presidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI), a preguntas de MERCA2.
LA PÉRDIDA DE RENTABILIDAD GENERA PREOCUPACIÓN EN EL ALQUILER
Desde hace meses, Cataluña buscaba una normativa para limitar las subidas del alquiler. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha tumbado todas las medidas aprobadas al invadir competencias estatales. Ahora, con la decisión de Sánchez de poner un tope a las subidas de las cuotas a un máximo del 2%, los propietarios indecisos sopesan seriamente retirar su oferta del mercado al mermar la rentabilidad.
Según este experto, el tope de la actualización de la cuota mensual en el alquiler «genera una contracción de la oferta». Por este motivo, «muchos inversores dejan de invertir en la compra de viviendas y muchos propietarios ponen a la venta sus viviendas que antes estaban en alquiler«. Con una menor oferta y una demanda similar, los precios suben por la ley del mercado, dificultando así la entrada de colectivos menos solventes, que son los que realmente aprecian este mercado debido a la imposibilidad de obtener la concesión de un préstamo hipotecario.
No hacerlo está provocando la huida de la demanda hacia otras zonas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). «Hay más demanda en AMB ligada al hecho de que la gente busca casas en entornos con más zonas verdes y con más zonas exteriores, producto que en Barcelona escasea y es más caro», ha indicado Montse Moreno, vicepresidenta de AEPSI.
INESTABILIDAD E INCERTIDUMBRE CON LAS MEDIDAS DE PEDRO SÁNCHEZ
La medida del Ejecutivo socialista no va a incidir en todos los contratos de alquiler, sino sólo a aquellos que tienen que renovarlo durante los próximos meses, según ha explicado Ferrán Font, director de Pisos.com, a preguntas de este medio. Esta estacionalidad es irregular a lo largo del año. Y es que, «no se firman los mismos contratos en enero que en agosto».
La nueva prohibición del Gobierno viene precedida por la «inestabilidad» e «incertidumbre» en el mercado del alquiler, donde se está incrementando la morosidad. Asimismo, se pone de manifiesto la posible respuesta de los inquilinos a aquellos propietarios que tratarán de incrementar los precios al nivel del IPC. Y es que, subir la cuota un 7% podría abrir la puerta a dejar la vivienda vacía por inquilinos que pagan religiosamente las cuotas, hecho que suele predominar en la renegociación.
LOS PROPIETARIOS, ESTIGMATIZADOS POR EL ALQUILER
Font ha lamentado la «estigmatización» sistemática de los propietarios de las viviendas de alquiler. Y es que, a su juicio, recae sobre ellos todo el peso del recorte de la rentabilidad, que cada año merma más debido a las cuotas y normativas de todas las Administraciones.
Según Font, es el propietario quien debe estipular la subida del precio de la cuota. Por esto ha pedido que los pequeños propietarios tengan una seguridad jurídica acorde. De hacerlo, redundaría en una mayor oferta disponible y en consecuencia un autocontrol en la subida de precios del mercado.
«Subirían, pero a un menor ritmo«, ha insistido. «Los propietarios retiran viviendas del mercado y reducen la inversión cuando cae la rentabilidad», ha indicado. El resultado sería un parque de alquiler más reducido o bien más envejecido, dos opciones que rechaza por completo el sector. El otro problema para Barcelona es que apenas hay suelo para construir vivienda nueva y para encarecer la cuota se reformaban los viejos inmuebles. No obstante, recuperar la inversión se convierte en un objetivo aún más difícil.
