La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha perdido definitivamente la confianza del presidente del Gobierno, que ha decidido quitarle de forma no oficial pero sí oficiosa las competencias en materia de política energética.
La razón se encuentra en el absoluto fracaso de las iniciativas legislativas puestas en marcha el pasado año para contener los precios de la electricidad y, sobre todo, la mala relación que mantiene con las compañías del sector, a quien ahora Moncloa necesita para pagar la factura de la crisis energética sin tener que dar un bocado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Según confirman a MERCA2 fuentes cercanas al Ejecutivo, la ruptura entre Sánchez y Ribera es total, hasta el punto de que el presidente ha decidido tomar él mismo las riendas con la ayuda de su máximo hombre de confianza, Félix Bolaños, quien se ha convertido de facto en el timonel de la política económica del Gobierno. En esta reordenación Nadia Calviño mantiene parcialmente el tipo, sobre todo como interlocutora con Bruselas, mientras Yolanda Díaz ha sido también apartada en un movimiento que hace pensar en el adelanto electoral.
LA GIRA EUROPEA DEL PRESIDENTE
La gira que está realizando Sánchez por Europa para intentar recabar apoyos a su iniciativa de intervención en el mercado eléctrico está alimentando aún más las desavenencias entre el presidente y su también vicepresidenta tercera, que en más de una ocasión ha defendido mensajes contrarios a los expuestos por el propio Sánchez ante la Comisión Europea.
Un ejemplo de ello es la mejora de la interconexión energética con Francia, con la construcción de un gasoducto en los Pirineos que el presidente español reclama a su homólogo francés mientras Ribera apuntaba en una respuesta parlamentaria reciente que esa infraestructura era innecesaria. Un documento entregado tan sólo dos días después de que Sánchez realizara esta petición oficial ante Bruselas.
EL DIVORCIO COMENZÓ A GESTARSE CON LA LEY DE REFORMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO
En el sector energético se sabía que las relaciones entre la ministra y el presidente no eran buenas, un divorcio que empezó a gestarse cuando se aprobó la ley de reforma del sistema eléctrico que luego tuvo que ser enmendada mediante una carta publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las compañías sufrieron un varapalo en Bolsa, con miles de millones de euros que salieron de su capital para acabar en manos de eléctricas francesas, portuguesas y alemanas. Una reforma que se realizó sin consultar a los afectados.
PACTO ‘FAKE’ CON LAS ELÉCTRICAS
De hecho, la propia Ribera realizó una ronda de llamadas a los presidentes de las energéticas cuando Sánchez iba a anunciar la citada reforma en una entrevista televisiva. Fue entonces cuando los máximos espadas de estas cotizadas del IBEX escucharon a la ministra decirles que lo que anunciaría el presidente «no les iba a gustar». Desde entonces los contactos entre Ribera y los directivos de las energéticas se limitan al mínimo indispensable que requiere todo sector regulado y poco más.
Aunque desde el ministerio se esté filtrando que existe un contacto cercano con estas compañías para hacer una especie de «pacto social» similar al que existe con los sindicatos –para en este caso paliar el impacto en los hogares y las industrias de la subida del coste de la energía– lo cierto es que esto no es real. Fuentes de una de las compañías indican a este diario que «no ha habido ninguna petición de Ribera en este sentido, más allá de los contactos normales que existen». Lo que sí se ha producido en un encuentro de Sánchez con los máximos directivos de estas empresas en el Palacio de La Moncloa.
SÁNCHEZ NECESITA A LAS ENERGÉTICAS PARA FINANCIAR SU “PLAN DE CHOQUE”
Y el problema que tiene ahora el Ejecutivo es que necesita a estas empresas para pagar parte de la factura de su anunciado «plan de choque» que se aprobará en Consejo de Ministros el próximo 29 de marzo y que incluye rebajas fiscales a corto plazo, así como ayudas directas, como las prometidas al sector del transporte por importe de 500 millones de euros. Un dinero que Moncloa pretende que salga en parte de las petroleras, tal como ha admitido la propia Calviño en rueda de prensa. La idea es poner un impuesto finalista a estas empresas, entre las cuales destaca Repsol.
Y es precisamente el jefe del Servicio de Estudios de Repsol, Antonio Merino, uno de los más beligerantes con las políticas impulsadas desde el departamento que dirige Ribera, en buena medida impulsadas y respaldadas por la propia Comisión Europea.
«LA FRIVOLIDAD DE LA APUESTA VERDE»
En un artículo publicado en el diario La Información, este economista criticaba hace unos días la intervención en los precios que defiende la ministra, cuestionando la capacidad de las renovables para sostener el sistema eléctrico por sí mismas (sin hidrocarburos ni nuclear de respaldo) y planteando la necesidad de acabar con un mercado de derechos de emisiones de CO2 puramente especulativo y que no sólo no ha logrado sus objetivos, sino que es uno de los principales responsables del encarecimiento de la energía. El título no dejaba lugar a dudas: «la frivolidad de la apuesta ‘verde’ ante la crisis energética global».
Otro de los factores que ha motivado el destierro de Ribera en la toma de decisiones es su incapacidad para sacar proyectos adelante y, especialmente, su nulo resultado en el campo de las negociaciones internacionales, donde se suponía que tendría capacidad dado su curriculum, en el que destacan sus labores de asesoría para la ONU y el Foro Económico Mundial.
Su fracaso en el viaje de urgencia que realizó a Argel a cuatro días del cierre del gasoducto del Magreb fue determinante en la pérdida de confianza de Sánchez, una misión a la que, en contra de lo que muchos piensan, no acudió acompañada de altos cargos de Naturgy.
REVOLUCIÓN EN EL MINISTERIO
Por si todo esto no fuera suficiente, la ministra tiene abierto también un importante frente de oposición interna dentro de su departamento, en el que los técnicos llevan meses criticando la orientación política de las decisiones que se adoptan, dejando a un lado los criterios de especialistas que llevan años demostrando su capacidad para lidiar con los vaivenes del mercado.
«HAY UN CISMA EN EL MINISTERIO POR PRIMAR LA VOLUNTAD POLÍTICA SOBRE DECISIONES COMPLEJAS QUE REQUIEREN DAR PRIORIDAD A CRITERIOS TÉCNICOS»
“Las reformas del pasado año han demostrado tener poca consistencia técnica y jurídica, lo cual ha abierto un cisma en el seno del ministerio, entre técnicos y la ministra por primar la voluntad política sobre decisiones complejas que requieren dar prioridad a criterios técnicos”, explican las fuentes consultadas.
Aunque de cara a la opinión pública este desencuentro entre Sánchez y Ribera no exista, lo cierto es que el presidente ha tenido que corregir e incluso tumbar iniciativas impulsadas por ella, como el proyecto de Ley para aumentar más los impuestos a los hidrocarburos que la ministra quería sacar adelante a toda costa para alcanzar su objetivo de descarbonización al mismo tiempo que se elevaban los ingresos fiscales. Una reforma que suponía una transferencia de rentas desde el bolsillo de los consumidores de hidrocarburos a los de consumidores eléctricos.
LA PELIGROSA LEY DE HIDROCARBUROS
La Moncloa guardó esta iniciativa normativa en un cajón para evitar las revueltas de los transportistas y del sector agrario, temiendo que surgiera un movimiento de oposición similar al de los chalecos amarillos franceses, algo que finalmente no ha podido evitar y que es ahora la principal preocupación del presidente.
«Ahora en lo único que piensa Sánchez es en controlar la situación de descontento social para llegar a las urnas con garantías, por ello ha decidido tomar todo el control, especialmente en el ámbito energético, y preparar el escenario para unas elecciones que podrían adelantarse», apuntan fuentes del PSOE.
LA PELEA CON LA CNMC
Finalmente, el último flanco de batalla que tiene Ribera es el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo con el cual se reparte competencias en materia energética con una división que no está muy clara, lo cual produce roces recurrentes con la presidenta Cani Fernández.
Unos problemas que no puede solucionar ni siquiera el marido de la ministra, Mariano Bacigalupo, consejero de la institución y que –lejos de dimitir por estar casado con Ribera– tiene su cargo blindado hasta 2023.
