Repsol parece estar preparándose para cerrar definitivamente su etapa en Venezuela. Una relación histórica que se ha ido deteriorando notablemente con el paso de los años a medida que el país se sumía en el caos, el agujero en las cuentas de la petrolera se agrandaba y aparecían las sanciones internacionales. Ahora, la situación parece acercarse a un punto de no retorno. En especial, porque la compañía que preside Antonio Brufau ha reducido a mínimos el impacto patrimonial de una retirada. Y, por último, porque su presencia en la región es cada vez más testimonial.
Y ese adiós podría producirse el próximo mes de junio de 2022. En concreto, el día 1 de dicho mes cumple la prórroga otorgada por el gobierno de Estados Unidos, el pasado 24 de noviembre de 2021, de la Licencia General 8H (conocida ahora como 8I) de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) para eliminar las relaciones de empresas extranjeras con PDVSA, la petrolera pública del país y socia de Repsol, y el ejecutivo venezolano. Un plazo extra que en el caso de finalizar oficialmente podrían afectar las actividades de Repsol en Venezuela, según reconoce la propia compañía.
En la actualidad, las sanciones impuestas por EE.UU. provocan que las compañías no puedan extraer, vender o transportar petróleo venezolano, contratar personal adicional o abonar dividendo alguno a PDVSA o sus filiales. Aunque la prórroga si contempla que se puedan continuar con las actividades destinadas al mantenimiento limitado de las operaciones esenciales para la seguridad o preservación de los activos. Pero esa excepcionalidad cumple ese próximo 1 de junio de 2022. Para entonces el Gobierno estadounidense deberá decidir si extiende esa prórroga, ya lo ha hecho en siete ocasiones, o fuerza a las firmas a dejar Venezuela.
LAS SANCIONES PODRÍAN FORZAR LA SALIDA EN JUNIO
Pese a que lo más lógico será una nueva extensión de la Licencia General 8H, de hecho, como se lleva haciendo durante los últimos años, la realidad es que no existe certeza. El tiempo extra que se añade cada pocos meses simplemente está allanando el terreno para que las petroleras como Chevron, que es la firma con más exposición al país, o la propia Repsol liquiden de forma ordenada sus activos. Con ello, se consigue amortizar la salida de Venezuela, a base de ir sumando deterioros, para que no se ejecute de una vez provocando un shock contable sobre sus balances.
FÓRMULA SEGUIDA
De hecho, esa es la fórmula que está siguiendo Repsol. En concreto, la firma registró una nueva reducción en su exposición patrimonial, el valor en el balance del Grupo de los activos netos consolidados expertos a los riegos de cada país, hasta los 298 millones de euros en el 2021, frente a los 320 millones de un año antes. Una cifra que se ha alcanzado, después de que la compañía española la haya reducido en casi un 90% desde el 2016, cuando el valor de las inversiones superaba los 2.000 millones de euros.
Lo anterior, simplemente quiere decir que si Repsol decidiese salir de Venezuela, el impacto sobre sus cuentas (y su balance) sería de apenas 298 millones. Una cantidad que ahora es más que asumible. Aunque lo normal no sería abandonar el país. Al fin y al cabo, el procedimiento contable más sencillo es alargar el tiempo con la intención de minimizar esas pérdidas. Pero Venezuela no es un país normal. La descomposición económica es recalcitrante e impacta cada año sobre las cuentas del grupo. En 2021, el deterioro ascendió a 352 millones, según reconoció la compañía.
REPSOL DESAPARECE EN EL PLANO SOCIAL DE VENEZUELA
Las cifras provienen del valor de los instrumentos de financiación y cuentas a cobrar a PDVSA (-223 millones) y el valor de las inversiones contabilizadas por el método de la participación (-129 millones), según señala la compañía en sus cuentas remitidas a la CNMV. Al final, esa exposición patrimonial se limita prácticamente a la financiación otorgada por Repsol a PDVSA y sus filiales en algunos de los proyectos que mantienen en común. Esa característica le permite a la compañía española a mantener un as en la manga tanto si continua en el país, ya que recibe pagos en forma de crudo, como si finalmente se ve obligada a salir de la región.
La clave es que el cumplimiento de la devolución de los préstamos ejecutados por Repsol están firmados bajo la legislación internacional. Así, la financiación de 1.200 millones a PDVSA se rige por la Ley del Estado de Nueva York (EE.UU.) y, en caso de disputas, ambas empresas se someterán a arbitraje en París conforme a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, según explica la firma española. Además, el acuerdo incorpora un mecanismo de compensación de las deudas recíprocas entre Petroquiriquire, participada por Repsol, y PDVSA. La cifra en 2021, según la actualización de la petrolera española, ha sido de 839 millones.
BLINDAJE LEGAL
Pero la reducción de la exposición patrimonial y el blindaje legal no son las únicas acciones de Repsol en su salida del país. Además, la compañía prácticamente ha eliminado cualquier tipo de inversión o donación en materia de ayuda social. En concreto, la inversión social obligatoria del grupo en Venezuela se redujo drásticamente desde los 690.000 euros a poco más de 110.000 euros. Mientras, la voluntaria todavía redujo un poco más pese a ser residual. En concreto, el 2021 apenas ascendió a 50.000 euros, frente a los 60.000 de un año antes. Para hacerse una idea supone 29 veces menos que Perú o 10 veces menos que Bolivia.
Incluso, es la misma cantidad que Repsol ha destinado para Guyana una diminuto país sudamericano que apenas cuenta con una población de 786.000 habitantes. En definitiva, la compañía parece tener todo el terreno listo por si finalmente hay que salir del país ya sea en junio o en pocos años y que no lo note sobre sus cuentas. Un futuro ya predicho, más que nada, porque las ambiciones verdes de la firma que implica una drástica reducción de su unidad de upstream obligarán a decir adiós definitivamente a la pesadilla de Venezuela.
