Tras más de tres décadas de dedicación a DIA por parte de Ricardo Currás, esta relación aparentemente idílica se rompió. Aunque en un primer momento parecía que el cambio era simplemente para que entrase aire nuevo, al final parece que los motivos han estado más que justificados. La cadena de supermercados le acusa de unos presuntos delitos fiscales. Ahora, el ex consejero se está enfrentando a una serie de juicios que pueden afectar mucho a la compañía de distribución.
A finales de agosto de 2018, tras 32 años al frente del equipo directivo de DIA, Ricardo Currás decidía poner fin a su andadura en la compañía. En aquel momento, la cadena de distribución apuntaba que él había sido el responsable «de la evolución de un modelo de éxito único». De hecho, aseguraban que «sin su aportación, esfuerzo y compromiso, no serían comprensibles los éxitos en la historia de la compañía».
Incluso, la propia presidenta del consejo, Ana María Llopis, le dedicaba unas cariñosas palabras. «En nombre del Consejo de Administración, y en el mío propio, quiero agradecer a Ricardo Currás su dedicación a lo largo de estos más de 10 años al frente de la compañía como consejero delegado. Gracias a su contribución, DIA se ha convertido en lo que es hoy».
Sin embargo, este cariño que le tenían al que fuera su consejero se dinamitaría en poco tiempo. Solo un año después de la marcha de Currás se hacía público que la Audiencia Nacional había admitido a trámite la querella presentada por la Plataforma Afectados de DIA.
Para los exdirectivos de DIA y EY, Currás es el «cerebro» de los presuntos delitos financieros
EY RESPONSABILIZA A CURRÁS
Según las investigaciones realizadas, los exdirectivos de la cadena habrían engordado los números de 2017 mediante «prácticas irregulares» que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros. Una vez desvelado este truco, la compañía tuvo que volver a reajustar a la baja el valor del patrimonio de DIA, que se fijó en 56 millones de euros.
Según las pesquisas, el consejo directivo, con Ricardo Currás a la cabeza y con el director financiero a su mano derecha, habrían falseado las auditorías de 2016 y 2017 realizadas por KPMG. La Fiscalía acusa al ex CEO de urdir un plan para maquillar las cuentas del grupo de supermercados a través de «prácticas contables irregulares». Hasta el momento, la consultora ha salido absuelta de esta operación.
Sin embargo, en los diferentes juicios que se han ido celebrando hasta la fecha, los investigados se han ido pasando la pelota de unos a otros. Lo único en lo que se han puesto de acuerdo ambas partes es que no existieron irregularidades, por lo demás, los exdirectivos de DIA consideran que, en caso de haber delito, el responsable es Currás. Estos hechos los subraya el informe forense elaborado por EY, donde explican que el antiguo consejero delegado es el «cerebro» operativo y que estas presuntas irregularidades las acometió a espaldas del consejo de administración y de KPMG.
De hecho, Juan Cubillo, director comercial de DIA, y Luis Martínez, director comercial de España, afirmaron que era Ricardo Currás el que tenía la última palabra a la hora de cuadrar las cuentas y que, incluso, pidió personalmente que fueran más agresivos en las negociaciones con los proveedores. Estas palabras también son corroboradas por el informe de EY, que indica que fue precisamente mediante pagos exigidos a los proveedores como se obtuvieron ingresos para compensar otros «agujeros» y mejorar, con este maquillaje, los estados financieros de la cadena.
Por su parte, el que fuera CEO de DIA afirmó que no existían las irregularidades contables como tales, pero, en el caso de haberse producido, él sería inocente. Según Currás, esta responsabilidad recaería en los directivos encargados de la parte financiera de la compañía, con Antonio Arnanz a la cabeza como director financiero de DIA en España.
RECLAMACIÓN DE DIA
Por su parte, DIA también acusa a Ricardo Currás de que, con este incremento ficticio de las cuentas que fue descubierto poco después, lo que provocó fue el desplome de las acciones de Dia y la entrada de la empresa en causa de disolución.
Por esta acusación, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha determinado que «no puede considerarse hasta este momento suficientemente acreditado, ni siquiera a título meramente indiciario, que las operaciones contables supuestamente irregulares efectuadas bajo control y supuesta indicación del señor Currás, en el contexto económico financiero en que se producen, fueran idóneas por sí mismas para crear un perjuicio económico en los accionistas».
Lo que sí es cierto es que, desde ese momento hasta hoy, las acciones de DIA no ha remontado y, a día de hoy, siguen en caída libre. En este periodo la empresa ya ha tenido que someterse a dos ampliaciones de capital para intentar mantenerse a flote, aunque su futuro pende de un hilo.
Por esta causa, los supermercados ya han tenido que pagar 6,8 millones de euros por «exigir o revelar información comercial sensible de otros operadores que haya sido obtenida en el proceso de negociación o ejecución de un contrato alimentario, incumpliendo el deber de confidencialidad, así como utilizar dicha información para fines distintos a los expresamente pactados en el contrato». Estos revelamientos se produjeron en 2015, tras la creación de una central de compras junto a Eroski.
Sin embargo, otros 10 millones de euros más están en juego y que se decidirán en los procesos judiciales que tiene abiertos. Por su parte, el grupo DIA le reclama a Ricardo Currás la devolución de 2.785.620 euros que le fueron abonados en concepto de indemnizaciones y retribuciones.
Hasta mitad del mes de septiembre, fecha presumible para que se celebre el juicio definitivo, no sabremos si finalmente el juez decide imputar estos delitos de manipulación contable a Ricardo Currás o no. Hasta entonces, DIA reza porque su pozo de pérdidas no siga creciendo, ya que no podrá soportar la situación durante más tiempo.
