El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Vivienda, pese al informe preceptivo en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y remitirá el texto al Congreso para su tramitación de urgencia.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha referido a ese informe que el Gobierno ha estudiado «con respeto absoluto a las consideraciones» y ha señalado que se han «incorporado comentarios» para «clarificar determinados artículos donde entra la normativa autonómica».
«El Gobierno quiere destacar que este proyecto de ley reconoce las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda y pone a su disposición aprobar todas aquellas herramientas para ayudar a hacer efectivo este derecho básico», ha dicho Sánchez.
Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, también propulsora de la normativa, ha añadido que la ley «era absolutamente imprescindible para empezar a dar los primeros pasos en la dirección correcta». «Esta ley protege a los inquilinos, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y exige responsabilidad a los grandes propietarios», ha apuntado Belarra.
REACCIONES A LA LEY DE VIVIENDA
Las primeras reacciones de los actores del sector no se han hecho esperar. Sobre todo, las relacionadas con la inseguridad jurídica que generará este proyecto de ley y que puede ralentizar o directamente paralizar las inversiones extranjeras en nuestro país. María Andreu, directora general de Asval, ha señalado que la medida que regula el parque de vivienda en alquiler «supondrá una reducción de la oferta disponible en el mercado del alquiler y limitará la inversión para mejorar el parque inmobiliario actual».
Igualmente, desde la Agencia Negociadora del Alquiler y concretamente el director de la misma, José Ramón Zurdo, apuntan que «es una ley innecesaria e injustificada porque a nuestro entender no hacía falta, porque se ha demostrado que en los países en los que se han intervenido los precios de los alquileres, estos no han bajado, y en algunos casos hasta han subido».
En lo que concuerdan todos los expertos del sector es en que el propio Consejo General del Poder Judicial, en su informe preceptivo, ha puesto en duda el encaje constitucional de este Proyecto de Ley. De hecho, muchos actores apuntan a la inconstitucionalidad que supondría llevar adelante y aprobar definitivamente la ley. Para ANA, esta ley vulnera la Constitución, y su director general señala que «es una Ley inconstitucional porque vacía de contenido el derecho de propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución Española, y porque invade competencias legislativas cedidas a las comunidades autónomas, como son las competencias en materia de viviendas».
Por otro lado, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) estima que «tiene que ser el Estado, y no las comunidades autónomas, quien garantice el acceso a la vivienda, de tal manera que se respete el artículo 47 de la Constitución referido al derecho a la vivienda. En ese sentido, considera esencial la existencia de una regulación homogénea del derecho de propiedad -suelo y vivienda- en todo el territorio nacional».
