La transición energética diseñada por Pedro Sánchez y Teresa Ribera parece hacer aguas por varios flancos. La vicepresidenta tercera del Gobierno se pasa los días apagando fuegos en un Ministerio que está demostrando no saber cómo afrontar el plan de cambio hacia un nuevo modelo energético o no haber tenido en cuenta las dificultades que conlleva este objetivo.
Aunque el papel lo aguanta todo, sobre el terreno las cosas pintan diferentes y Ribera se topa con la realidad. Los intereses del sector agrícola y del sector pesquero, esenciales en la implantación de la solar y la eólica terrestre, así como de la eólica offshore, colisionan con algunos aspectos de las tecnologías renovables hasta el punto de afectar a su actividad.
En el ámbito pesquero, Ribera niega el «temor» a la eólica marina, al ser preguntada por el rechazo de los pescadores del Cantábrico. No obstante, ha apelado a hablar con los «actores» implicados, entre ellos las cofradías.
Tierra adentro, los condicionantes de los parques solares también generan distorsiones en el medio rural. En determinados casos, la fotovoltaica requiere de expropiaciones de terrenos que implican la autorización del Gobierno. De nuevo Ribera, tiene que asumir responsabilidades y dar explicaciones, como ocurre en el pueblo granadino de Caniles.
Anda la ministra sacando el pie de un charco y metiéndolo en otro. El caso es que gran parte de la población está harta del precio de la luz. Millones de españoles están asfixiados por unos recibos que hunden su economía doméstica y empresarial y, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no se atisba solución práctica al problema, más allá de encomendarse a un futuro abastecido exclusivamente por energías renovables, como única alternativa.
«Los proyectos de eólica marina en nuestras costas no son compatibles con los usos existentes»
En el mismo contexto, una parte de los profesionales del agro no está de acuerdo con que en los terrenos de su propiedad se instale un macrohuerto solar o un gigantesco parque eólico. Y otra buena representación del sector primario se opone a las instalaciones de energía eólica marina en la zona del Cantábrico, con el consiguiente perjuicio para el sector pesquero.
Las nubes de colores con que se presentó la ‘transición justa’ de Ribera se están convirtiendo en negros nubarrones que están provocando una borrasca energética en forma de crisis que lleva varios meses azotando al país. Ningún sector escapa a los potentes fenómenos energéticos.
AUTOCONSUMO SÍ, MEGAPROYECTOS NO
En Granada, el proyecto que ha desatado la tormenta es el parque Ququima, una megaplanta fotovoltaica de 200 megavatios (MW), de las más extensas de la provincia, entre los municipios de Caniles y Baza en los que actualmente abundan las fincas con cultivos de secano.
Capital Energy invertirá 97 millones de euros en esta planta solar cuyo inicio de las obras está previsto para finales de 2022. Además el proyecto generará más de 700 empleos directos durante su construcción y, una vez finalizada y en operación, requerirá de 80 profesionales «de la zona» para el mantenimiento.
La compañía energética española ha entablado una larga negociación con los propietarios de las tierras, en la que ha conseguido hasta cuarenta contratos de arrendamiento. El conflicto se desencadenó y se extendió a otros sectores, no sólo a los 58 propietarios, el pasado mes de marzo con la publicación en el BOE del listado de fincas afectadas en las 700 hectáreas por las que se extenderá el parque.
El proyecto fotovoltaico ha iniciado ante el Gobierno los trámites de autorización administrativa previa para que se declare de utilidad pública, lo que ha generado temor ante posibles expropiaciones forzosas y las implicaciones que podrían tener en el cumplimiento de los arrendamientos ya pactados y, sobre todo, también para aquellos que se niegan a ceder sus fincas que, al amparo legal de la utilidad pública, podrían expropiarse sin más negociación.
Por su parte, la empresa, en un intento por trasladar tranquilidad a los propietarios, ha garantizado públicamente que no habrá expropiaciones, pero desde la citada publicación en el BOE, el pueblo granadino de Caniles no cesa en sus protestas. La última, una tractorada el pasado fin de semana.
El desarrollo del futuro proyecto de generación de energía de origen solar afectaría a unos 80 agricultores de la zona. «No estamos en contra de las renovables ni mucho menos» afirma un agricultor de la localidad granadina en declaraciones a Tele5.
A pesar de haber recibido ofertas por sus tierras, algunos trabajadores del campo se niegan a perder el trabajo de muchas generaciones. «Me ofrecieron 1.400 euros por hectárea», asegura Pepe Sánchez, uno de los propietarios, «eso es ocho o diez veces menos» de lo que obtiene de la explotación agrícola.
Para Juan Gallardo, otro de los afectados, «a mi no me van a solucionar el problema porque me pueden dar el dinero de un año para otro, pero después, ¿qué hago yo?», pregunta.
«Vamos a ir hasta el final del procedimiento y si tenemos que llegar a la vía judicial tendremos que tirar por esta vía mientras haya un solo agricultor afectado», asegura la alcaldesa de Caniles, Mª del Pilar Vázquez. Bajo el lema el ‘Autoconsumo sí, megaproyectos no’, el pueblo granadino lucha por mantener su tradicional forma de vida.
PESCADORES CONTRA POLÍGONOS INDUSTRIALES DE EÓLICA MARINA
Después de que la plataforma constituida en defensa del sector pesquero del cantábrico Noroeste haya exigido a las administraciones una mesa de diálogo para frenar estos proyectos, y preguntada por sus demandas, Teresa Ribera ha incidido en la exposición pública de los planes de ordenación de los espacios marinos, de los que se están analizando las alegaciones.
El sector pesquero está en contra del cambio climático y apuesta por las energías renovables pero los parques eólicos influyen en la pesca, las corrientes marinas y emiten ruidos que pueden afectar a las especies que viven en la zona.
Una treintena de colectivos de Galicia, Asturias, Cantabria y Bizkaia, entre cofradías de pescadores, armadores y otras organizaciones del sector, han firmado recientemente un manifiesto para protestar por los planes de ubicar parques eólicos en zonas de pesca y espacios de gran valor medioambiental.
«Los proyectos de implantación de energía eólica marina en nuestras costas no son compatibles con los usos existentes, ni con la escasa plataforma continental de estas costas, que difiere totalmente de otras zonas marítimas como el Mar del Norte o el Mar Báltico, ni con la riqueza de nuestros ecosistemas, ni con la preservación de la biodiversidad, ni con el mantenimiento de la actividad pesquera, máxime cuando las zonas de prioridad de instalación de las instalaciones eólicas se ubican en caladeros de pesca, y en algunos casos cerca de Espacios Marinos que gozan de algún tipo de protección», según recoge el manifiesto.
«Es importante trabajar en el terreno con cada uno de los actores, incluidas las cofradías, y ver las dificultades a resolver, temores que se pueden paliar y que no se corresponden a la realidad», ha respondido la ministra Ribera.
En el caso de la eólica marina en el Cantábrico, ha apuntado que «deberá ser muy probablemente flotante». «No son estructuras fijas, se podrán desplazar», ha argumentado Ribera.
La flota que pesca en el Caladero Nacional Cantábrico-Noroeste, representada por las Asociaciones y Federaciones de Cofradías de Pescadores con más de 4.300 embarcaciones y más de 12.000 pescadores que viven de los recursos de nuestras costas, y que dan trabajo en tierra a más de 48.000 puestos indirectos, proporcionando alimento a la población, están en contra de instalar parques eólicos en caladeros y espacios marinos protegidos.
