Las organizaciones agrarias han solicitado al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, que la Ley de la cadena alimentaria sea de ámbito europeo y que se cumpla «a rajatabla», al tiempo que han denunciado la entrada de fondos de inversión ajenos al sector agrario, que supone una «amenaza real» y un «gran peligro» para el campo.
Ante la petición relacionada con la Ley de la cadena alimentaria, el comisario ha adquirido el compromiso de que en la próxima reforma de la directiva comunitaria «nadie pueda cobrar por debajo de los costes de producción», según ha señalado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, tras la reunión que las organizaciones agrarias han mantenido con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el comisario de Agricultura.
A su juicio, el aumento de los costes de producción es «injustificado». «No tiene ninguna base en muchos casos, pero el tema de la globalización en el tema de insumos para productos nos ha llevado a que sean los especuladores los que se están forrando», ha señalado.
Asimismo, ha destacado el papel que han jugado los agricultores y ganaderos durante la pandemia y ha añadido que la Unión Europea debe cuidar la agricultura y ganadería familiar y profesional, que es la «gran mayoría» y que produce alimentos sanos y saludables.
El secretario general de UPA ha vuelto a reclamar un distintivo de calidad para los alimentos producidos en explotaciones de agricultura y ganadería familiar, porque «es una garantía para el consumidor» y, según ha indicado, las macrogranjas y los fondos «solo quieren ganar dinero y si no lo ganan se irán a otros sitios donde la mano de obra y la tierra sea más barato».
Según el responsable de UPA, el comisario de Agricultura está sensible en este tema, teniendo en cuenta que en Polonia están desapareciendo 150 granjas por el incremento del modelo de explotaciones super intensivas y macrogranjas.
Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha denunciado también el incremento de los costes de producción y los desequilibrios existentes, sin que se pueda vender en el futuro por debajo de los costes.
Barato ha explicado que durante la reunión se ha puesto en valor la Ley de la cadena alimentaria, si bien ha apuntado que «hay muchos matices pero sin concreción», al tiempo que ha respaldado la propuesta de UPA sobre el etiquetado para los alimentos producidos en explotaciones de agricultura y ganadería familiar. «Queremos que la ley se cumpla, que las cosas valgan lo que tienen valer y los que hagan las cosas mal que caiga el peso de la ley sobre ellos», ha afirmado.
Asimismo, el secretario general de COAG ha pedido a Planas y Wojciechowski que la nueva reforma de la PAC priorice los apoyos a los agricultores y ganaderos profesionales, aquellos que trabajan directamente en sus exploraciones y generan desarrollo económico y social en el medio rural.
En este sentido, el máximo responsable de COAG se ha referido a la definición de «agricultor activo», que finalmente se aleja del agricultor profesional e incluye a todos los titulares de explotaciones aunque su actividad agraria sea insignificante.
De esta manera, cerca de 250.000 perceptores PAC, cuya actividad agraria es «insignificante» (menos del 10% de sus ingresos totales), además de la ayuda básica reconocida, tendrán también acceso a las ayudas redistributivas, asociadas y ecoesquemas. Con el acuerdo entre las instituciones comunitarias, el 40% de los fondos agrarios de la UE iría destinado a medidas medioambientales y climáticas.
«Si la transición verde comunitaria no viene acompaña de medidas y presupuesto adicional para acometer una transición justa, podemos afirmar con rotundidad que los hombres y mujeres del campo van a acabar financiando las políticas ambientales de la UE», ha trasladado Padilla al ministro y al comisario.
A renglón seguido ha solicitado una revisión en profundidad de las políticas de mercado: unos precios justos y unas rentas dignas para los hombres y mujeres del campo, a través de un reequilibrio de la cadena agroalimentaria y la implantación de una Ley como la española en todos los estados miembros de la UE que prohíba que se pagan unos precios por debajo de costes al productor.
Además, se ha exigido el cese de las importaciones sin control. «No puede ser que tengamos que competir con importaciones de terceros países que entran sin control y sin cumplir la normas que nosotros cumplimos, porque nos las impone la normativa comunitaria. Resulta intolerable que desde las instituciones estatales y europeas se sigue permitiendo esta competencia desleal para nuestros agricultores y el fraude que supone para los consumidores», ha sentenciado.
Por último, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca, ha destacado la importancia de la necesidad de una estabilidad en la normativa comunitaria, teniendo en cuenta que se tienen que aprobar los planes estratégicos. «Tienen que ser debatidos y aprobados rápidamente para que en 2023 pueda entrar en vigor la nueva PAC», ha señalado.
Según ha indicado, «no puede haber una políticas verde en números rojos para agricultura y ganaderos». No podemos abandonar la economía, y hay una parte social que hay que cuidarla si queremos mantener nuestros pueblos», ha señalado.
