Con la venta de su exfilial Cobra a la francesa Vinci, ACS se ha embolsado unos 4.902 millones de euros, todo un colchón que la constructora prevé destinar a un desarrollo focalizado en la construcción y operación de infraestructuras. Pero por el camino se han quedado proyectos que todavía están pendientes de finalizar o que directamente no van a finalizarse. Por ejemplo, el que tiene Cobra en Perú, que ha supuesto un agujero de 220 millones de dólares (191 millones de euros al cambio) de pérdidas tras cuatro años de espera y sin poder hacer nada.
El proyecto de Majes Siguas II, en la provincia de Arequipa, Perú. Este proyecto es una inversión pública-privada que consiste en incorporar 38.500 hectáreas para producción agrícola. Igualmente, iba a desarrollar un componente para generar energía eléctrica vía las hidroeléctricas Lluta y Llucta. Con Majes II se iban a generar 190.000 empleos directos y otros 290.000 indirectos. Pero las paralizaciones de la obra a lo largo de once años fueron ocasionados por el gobierno regional debido a los constantes incumplimientos en el contrato.
El grupo Cobra podría haber roto relaciones antes, evitando esta pérdida económica, pero no ha sido hasta hace unos días cuando ha decidido desvincularse del proyecto, lo que da lugar a comenzar un arbitraje con el estado peruano. Las razones de la desvinculación, además de los continuos retrasos y las pérdidas económicas, vienen también por la no firma de la adenda 13, para la que la empresa otorgó de plazo hasta 30 de diciembre de 2021. Este límite fue acordado por los accionistas.
Ahora, este problema legal y los quebraderos de cabeza irán a parar a Vinci, que tendrá que volver a esperar a un arbitraje internacional con el gobierno de Perú para ver si finalmente después de 11 años se desbloquea el proyecto. Igualmente, el grupo Cobra decidió enviar una carta al Ministerio de Economía y Finanzas peruano y al Gobierno de Arequipa dando por concluido el contrato y anunciando acciones legales para paliar esta situación. En ella, explican que se reservan el derecho de reclamar el reconocimiento y pago de cualquier obligación pendiente así como los daños y perjuicios que correspondan de conformidad con el contrato y las leyes aplicables. Así pues, las pérdidas debido a la paralización del proyecto durante once años son de 191 millones, pero también apuntan que en futuras comunicaciones irán actualizando este número.
La compañía ha señalado que en un futuro irá aumentando el coste de las pérdidas
DEMASIADOS INCUMPLIMIENTOS
En dicha misiva, la concesionaria enumera hasta cuatro incumplimientos en los que incurrió el GRA que justifican la caducidad del contrato. Uno de ellos es la citada adenda 13, que tenía como objetivo modernizar el sistema de riego, utilizando tubos, en lugar de canales y llevar el agua al adjudicatario a la cabecera de la parcela. Demandaba una inversión de 104 millones de dólares que se recuperaría de la venta de tierras. Este cambio tecnológico tenía el visto bueno del Ministerio de Economía del país.
La concesionaria del proyecto también reclama que el GRA no le haya entregado el control del proyecto. Eso significa liberar las tierras para ejecutar las obras. Todavía hay pendientes de expropiación en Pusa Pusa, donde iba a construirse el espejo de agua de la represa Angostura. De igual forma, falta también la zona de Tarucamarca, en la que se iba a ejecutar el túnel que trasvase las aguas de Angostura a la cuenca del Colca. Si bien es cierto en varias comunicaciones el GRA informó de la disponibilidad de esas áreas, Angostura Siguas le aclara que no hay documentación que acredite ello. La concesionaria también reclama que no le entregaron el instrumento de gestión ambiental de la presa Condoroma, a fin de habilitar las obras en ese embalse.
Varios especialistas se pronunciaron sobre la conducta del consejo regional que no solo trae abajo una inversión millonaria para Arequipa sino que compromete al Estado peruano con un arbitraje internacional con daños económicos ya fijados por la concesionaria. En el caso de que el arbitraje saliera adelante, podrían ser procesados por omisión de funciones, apuntan varios expertos.
