lunes, 17 enero 2022 18:12

El borrador del CGPJ avala una ley de Vivienda repleta de ambigüedades

Los trámites para la aprobación de la futura ley de Vivienda siguen su curso, a pesar de que los tiempos entre el Poder Judicial y el poder político no son iguales. La ministra Raquel Sánchez se ha marcado unos plazos y en estos está su aprobación en el próximo Consejo de Ministros que se celebrará el próximo 18 de enero. Ahora mismo, el anteproyecto de esta ley está en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en un primer borrador ha avalado la ley, aunque con ciertos reparos, debido sobre todo a la “falta de concreción” en algunos puntos.

Y es que  la ley de vivienda que, desde primera hora, se ha visto envuelta en polémica y tensiones primero entre los propios miembros del gobierno y segundo debido a la falta de consenso con el sector inmobiliario. Tanto Unidas Podemos como el PSOE han tenido sus tiras y aflojas con esta ley desde febrero del pasado año. Pero, una vez que han llegado a un acuerdo, los colectivos afines a Podemos, como la Plataforma Antidesahucios como los sindicatos han elevado la voz en contra del anteproyecto, sobre todo por la «falta de ambición» que demuestran las medidas que el gobierno quiere tomar.

Una falta de esa concreción se ha plasmado en la nota emitida por el CGPJ. El Poder Judicial alerta de que esta falta de precisión se da por ejemplo en las reglas que determinan la intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas. Dentro del anteproyecto que el gobierno ha emitido para la vivienda no se especifican los mecanismos para establecer la limitación de precios, por lo que según el CGPJ, se deja en manos de los órganos judiciales su cumplimiento.

«Esta limitación de los precios del alquiler es uno de los aspectos más polémicos que conlleva esta ley», apunta Ferran Font, director general de pisos.com. En otros mercados que han tomado medidas parecidas, como Berlín, «estas medidas han mostrado su poca efectividad respecto a los objetivos iniciales», explica Font. Además, a esto se añade que el CGPJ señala que «falta una justificación suficiente de la necesidad de las medidas de contención de precios de alquiler de viviendas, basada en un análisis empírico del resultado de dichas medidas».

En otros mercados las limitaciones de precios no han surtido efecto

FALTA DE CONSENSO CON EL SECTOR

Por otro lado, también desde el propio sector apuntan que se trata de una ley que adolece de falta de iniciativa y consenso. Los principales expertos señala que este anteproyecto no ataca directamente a la problemática que afecta al inmobiliario: la escasez de oferta ante un alta demanda, como se está produciendo ahora mismo. «También genera dudas el hecho de que a día de hoy no haya índices oficiales de precios de alquiler, con lo que se tienen que calcular con las grandes dificultades que esto conlleva», explica el director general de pisos.com. Señala el experto que ya esto se está viendo en Cataluña, una de las comunidades que aplicó su propia ley estatal.

A todo esto se suma que la previsión de control de precios del alquiler tendrá un tiempo para su adaptación dentro del sector. «En el momento en que haya estos índices hará que a corto plazo esta limitación de rentas no tenga ningún beneficios para aquellos que esperan bajadas de alquiler inmediatas», confirma Font. Es por ello que desde el CGPJ se haya pedido un periodo temporal de aplicación de estas medidas restrictivas, para de esta forma evaluar su incidencia en el mercado del alquiler residencial.

CONSECUENCIAS DE LA LEY DE VIVIENDA

«La aplicación de esta ley, y si conlleva una limitación en el precio del alquiler como esta, conlleva un impacto sobre el mercado y sobre los propietarios. Estos pueden decidir o bien subir los precios de la renta o retirar sus pisos del mercado», afirma Font. Esto llevaría a una inestabilidad en el sector provocada por las dudas que surgen de la falta de concreción de esta ley. Así pues, desde el sector ya alertan de la posibilidad de la reducción de la inversión en el inmobiliario, como ha sucedido en Cataluña.

Esto, a su vez, provocaría que la oferta se viera reducida. «Esto llevaría a una situación que es la contraria de lo que estamos buscando, una oferta reducida a la que tendrá acceso aquellos que se encuentren en una mejor situación financiera, por lo que al final la accesibilidad seguirá siendo más difícil para los que están en una situación delicada», resume Ferran Font. El principal reclamo del sector es que aumente la oferta, sobre todo en el parque público, que es uno de los más reducidos de Europa.


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