Los expedientes de regulación de empleo (ERE) seguirán sin tener que pasar el trámite de la autorización administrativa. El Gobierno que prometió derogar la reforma laboral, ha optado por no tocar este punto que deriva de los cambios legales hizo el PP cuando estaba en La Moncloa en 2012. Esta cuestión es uno de los puntos de fricción con los socios parlamentarios del Ejecutivo de Coalición. La tramitación parlamentaria tiene la última palabra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se juegan mucho porque esta reforma ha dejado descontentos a muchos en los ámbitos sindical, empresarial y político.
TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA
Las modificaciones pactadas por el Gobierno con la patronal no incluyen la recuperación de la autorización administrativa de los ERE, algo que se llevó por delante el PP en 2012 salvo para los casos de fuerza mayor. De este modo, las empresas podrán seguir llevando a cabo los expedientes sin que los puedas echar para atrás la Administración. El Gobierno ha pasado de puntillas sobre este asunto, aunque está por ver si en la tramitación parlamentaria los socios del Ejecutivo de coalición logran que este punto y otros entren dentro de la reforma.
LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA RESTA AGILIDAD AL PROCESO DE LOS ERE
INFLUENCIA EN EL SECTOR
Uno de los sectores que viene aplicando ERE es el financiero. El hecho de que no se toque la reforma del PP en cuanto a la autorización, va a suponer que las entidades puedan llevar a cabo estos procesos sin mayores complicaciones, si bien, los sindicatos pueden acudir a los tribunales.
Para las empresas, la autorización administrativo resta mucha agilidad al proceso y eso es negativo. Para muchas de ellas, el ERE es una solución para afrontar momentos muy delicados y el trámite de la autorización puede suponer un retraso que puede resultar demoledor. Esto puede llegar al punto de que cuando se obtenga el visto bueno, la empresa ya no tenga capacidad para seguir adelante.
DESMARQUE GUBERNAMENTAL
De este modo, el Gobierno se desmarca en cuanto a la posible intervención en los ERE en un contexto en el que las fusiones bancarias y los ajustes de las plantillas se van a seguir dando en el mercado español. Al respecto, en las negociaciones de los ERE de BBVA, CaixaBank, Sabadell y Unicaja, el Gobierno presionó a estas cuatro entidades enviándoles una carta por medio de Trabajo en la que les invitaba a que los ERE fueran voluntarios, con buenas condiciones y que afectara al menor número de personas posibles.
TRABAJO PRESIONÓ A CUATRO ENTIDADES MEDIANTE EL ENVIO DE UNA CARTA
CONSULTA A SAGARDOY
En relación con este asunto, el prestigioso abogado, Martín Godino, del despacho Sagardoy, señaló en una entrevista con MERCA2 que «la vuelta de la autorización administrativa de los ERE «sería un disparate un retroceso a un intervencionismo administrativo que no es propio de un sistema democrático».
Godino, que reconoció que el Gobierno consultó a Sagardoy Abogados sobre la reforma laboral, agregó que «sería un regreso muy negativo, muy mal valorado por el mercado y por Europa». «El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dicho que esta autorización en supuesto de procesos de reestructuración no es la regla general, sino que solo puede admitirse excepcionalmente», dijo. «Volveríamos a un sistema de negociación intervenida, donde las partes tendrían menos libertad y las soluciones a los procesos de reestructuración, serían menos eficaces, probablemente más caros y sería más complicado llegar a acuerdos. Los sindicatos y la patronal tendrían menos capacidad de autogestionar sus intereses», concluyó el letrado.
LA ULTRAACTIVIDAD INDEFINIDA
Uno de los puntos en los que el Gobierno sí ha mantenido su palabra es el relativo a la vuelta de la ultraactividad indefinida. De este modo, cuando un convenido esté vencido seguirá en vigor hasta que no haya uno nuevo, lo que permitirá mantener las condiciones salariales. Este punto favorece los intereses de los sindicatos, que ya no tendrán la presión del fin de la ultraactividad en la mesa de negociación.
Este punto equilibra la balanza en las conversaciones de los sindicatos con las empresas. En el caso del sector financiero, los convenios de Ahorro, Banca así como Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito terminan el 31 de diciembre de 2023. En el caso de las aseguradoras, el marco colectivo vence en 2024.
LOS MARCOS COLECTIVOS DE BANCA, AHORRO Y CAJAS RURALES VENCEN CUANDO FINALICE 2023
COSTE DE LA VIDA
De cara a estas conversaciones, está por ver si se planteará en la mesa la recuperación de la cláusula de revisión salarial. Esta aseguraba el mantenimiento del poder adquisitivo.
La subida del coste de la vida quedó cubierta durante muchos años por la cláusula de revisión salarial. Los empleados de Banca, Ahorro y Cajas Rurales la tuvieron hasta el fin de 2010. El último periodo en el que tuvieron ese salvavidas del poder adquisitivo fue el que transcurrió entre 2007 y 2010 (ambos inclusive).
