El final de año baja revuelto a nivel audiovisual a pesar de que el Gobierno central había anunciado la promoción de España como hub audiovisual para impulsar el sector con 1.600 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation hasta 2025.
El Ejecutivo pretende convertir al país en líder en la producción audiovisual en la era digital y polo de atracción de inversión internacional mediante la creación de un ecosistema de industria-servicios reforzado para exportar y competir en los mercados internacionales.
Le vendrá bien la inversión a la industria española tras el atasco de nuestra ficción en 2021, tal y como señal el informe de Teleformat 2021. ‘El ecosistema de producción de ficción’ evidencia que España ha estrenado solo 36 series, por las 45 del pasado año.
Otro informe, en este caso de Google Trends, deja claro que ninguna serie española se ha colado entre los más buscado en 2021. Liderando el ranking de cine y televisión se encuentra la polémica plataforma Tokyvideo, creado por unos asturianos que han hecho fortuna con varias páginas pornográficas. Este proyecto arrasa gracias a los fans de las telenovelas turcas.
En el top ten también se cuelan los realities de Mediaset (‘Supervivientes’, ‘La isla de las tentaciones’, ‘Secret story’ y ‘La última tentación’), ficciones extranjeras (la turca ‘Love is in the air’ o la coreana ‘El juego del calamar’) o la película ‘Eternals’.
POLÉMICA
2021 ha estado marcado por la apuesta del Gobierno central por regular la industria mediante una ‘ley de Comunicación Audiovisual’ que según la patronal UTECA va a agravar la asimetría legislativa que beneficia a Netflix y compañía respecto a los operadores que crean empleo y pagan impuestos: Mediaset o Atresmedia.
UTECA asegura que «el Gobierno ha agravado la discriminación al incluir, por iniciativa propia, normas exclusivas para las compañías españolas, a pesar de que no estaba obligado por la Directiva europea».
«El 6% del catálogo de las plataformas en lenguas cooficiales, un régimen sancionador más duro y la aportación desigual a la financiación de la televisión pública, son obligaciones que el Gobierno ha pensado solo para operadores nacionales», añaden.
La patronal cree que productores que no son independientes están influyendo en la legislación y afirma que «las multinacionales francesas propietarias de grandes productoras españolas son las principales beneficiadas de la obligación de multiplicar por cuatro la inversión en producción independiente».
Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP), dolidas por el palo de Atresmedia y compañía, asegura que «ni una sola de las alegaciones» que presentaron al texto legislativo ha sido siquiera estudiado.
La ley, afirman, «no responde a las necesidades del sector, no fomenta su consolidación y crecimiento, abandona a su suerte a una industria cultural estratégica como es la producción audiovisual independiente y tampoco responde al espíritu de la directiva europea que busca proteger la industria propia«.
La PAP asegura que el Gobierno condena a «una dependencia irreversible de los grandes suministradores de contenidos que en poco tiempo alejará los centros de decisión respecto a la producción audiovisual que se realice en España y laminará la propiedad intelectual de las producciones que se hayan realizado aquí«.
Para ellos una de las peores cuestiones del texto es «la confusión entre las productoras realmente independientes y las que la ley permite pasar por tales, cuando claramente son herramientas de grandes plataformas y cadenas de televisión, que dependen completamente de lo que estas decidan y que forman parte con mayor o menor claridad de grandes grupos empresariales internacionales».
«Esta convivencia entre los dos tipos de producciones –la independiente y el llamado service– ha sido y sigue siendo extremadamente positiva y enriquecedora, contribuyendo a dotar de más peso al sector audiovisual español y a crear un tejido industrial más competitivo», añaden.
RTVE
Otro quebradero de cabeza para La Moncloa es RTVE por el enfado de Unidas Podemos contra José Manuel Pérez Tornero, que también se ha convertido en objeto a batir por algunos amigos del ‘sanchismo’.
Recuerden que El País aseguró que el presidente de RTVE «se lucró durante su etapa directiva en la Universidad Autónoma de Barcelona con negocios privados que hizo a través de dos empresas de su propiedad», hecho que contraviene la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
«El presidente de RTVE tiene que dar muestra de ser respetuoso con la ética, todo lo que he hecho en mi carrera ha sido ético y acorde a la legalidad y no comparto las informaciones publicadas. Todo lo que he hecho ha sido ético, legal y compatible con mi función», afirmó el acusado. Y en La Moncloa parecen creerle antes de promover un pacto de no agresión entre ‘los brujos visitadores’ y la nueva cúpula de la Corporación pública.
