La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales inherentes a cualquier persona y así queda consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la mayoría de legislaciones nacionales.
El artículo 20 de la Constitución del 78 establece que «se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción, así como a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión sin que el ejercicio de estos derechos pueda restringirse mediante ningún tipo de censura previa».
Por tanto, querer cercenar o censurar las opiniones de cualquier ciudadano o medio de comunicación supone atentar contra los derechos básicos de las personas y contra uno de los pilares de cualquier democracia.
Digo esto porque frente al poder legislativo, ejecutivo y judicial se ha erigido siempre el denominado «cuarto poder» de la prensa que, en aras de esa libertad de expresión y de la búsqueda de la verdad, ha puesto a gobernantes e instituciones frente a sus contradicciones y mentiras y destapado escándalos que, en definitiva, han mejorado la democracia.
Si la libertad de expresión no fuese importante no sería lo primero que todos los dictadores tratan de controlar para imponer su «nuevo régimen» en el que todos los que se atreven a expresar opiniones contrarias son señalados, criminalizados y silenciados.
Así desde que accedió al poder, una de sus prioridades de Hugo Chávez fue controlar los medios. En 2005, crea un canal de televisión propio, Telesur que se define como «un espacio y una voz para la construcción de un nuevo orden comunicacional» y en 2007 clausuró el canal RCTV, después cerró una treintena de radios e inició el hostigamiento al canal privado Globovisión.
Pablo Iglesias, genuino representante del chavismo en nuestro país, exigía al PSOE en 2016 una vicepresidencia y controlar RTVE porque mucho antes de que Podemos fuera una realidad, tenía claro que tener el control de los telediarios “vale más que la Consejería de Turismo” (Universidad de La Coruña, 2013) y que “los medios de comunicación tienen que tener control público” (2014).
Y en 2019, con la inestimable y entusiasta colaboración de Pedro Sánchez, logró su objetivo. Desde entonces, y aprovechando el terror provocado por la pandemia, hemos visto como el gobierno decidía cuántas y qué preguntas se hacían en unas ruedas de prensa teledirigidas para evitar momentos incómodos al ejecutivo.
Hemos comprobado cómo el gobierno utilizaba a la Guardia Civil para minimizar las críticas al gobierno en las redes y como, al más puro estilo del Ministerio de la Verdad que Orwell nos mostraba en ‘1984’, aprobaba un plan para, supuestamente, luchar contra las “fake news” a través del cual el gobierno decide qué informaciones son erróneas y cuáles no sin dar cuentas a nadie y puede pedir “colaboración” a los medios para orientar dichas informaciones.
Y, por último,los responsables de comunicación de PSOE, Unidas Podemos y los partidos socios del Gobierno han solicitado a la presidencia del Congreso que «tome las medidas necesarias» contra los medios de comunicación que hacen preguntas incómodas a esos grupos y al gobierno.
Unos hechos gravísimos y si se atribuye a Edmund Burke el otorgar el sobrenombre de “cuarto poder” a la prensa, tomo prestada otra frase de este filosofo para que no permanezcamos callados ante los graves ataques que este gobierno esta perpetrando cada día contra las instituciones y la democracia españolas: «Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada».
(*) Antonio González Terol, vicesecretario general del PP
