El incremento de los precios del gas y electricidad que se ha producido en el último año puede ser una broma con el repunte que se espera de cara a este invierno, lo cual está provocando que las grandes energéticas españolas hayan decidido cortar por lo sano y rescindir unilateralmente los contratos que tienen firmados con las grandes industrias para garantizarles precios estables. Pagar la penalización les compensa porque la subida de las tarifas que van a aplicar en los nuevos contratos suponen multiplicar con creces los importes anteriores.
Según confirman fuentes del sector cerámico a MERCA2 –una de las actividades que requieren un mayor suministro energético para realizar su actividad– la ruptura unilateral determinada por las grandes eléctricas y gasistas ha tenido ya consecuencias en las plantillas de las fábricas. En concreto, las direcciones de varias empresas han comunicado a los trabajadores que se quedan sin vacaciones navideñas porque deberán trabajar todo diciembre a destajo, para parar en enero, que es cuando entrarán en vigor las nuevas tarifas energéticas.
La noticia ha sido recibida por los empleados de esta industria con sorpresa y resignación, ya que las amenazas de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) están sobre la mesa debido al enorme incremento de costes que ha provocado la crisis energética actual. «Nos han indicado que tenemos que sacar adelante este mes todos los pedidos que íbamos a entregar en enero porque vamos a hacer el doble de trabajo en este cierre de año, para parar en el comienzo de 2022″, señalan las fuentes consultadas.
Esto es consecuencia del aumento desorbitado de los precios del gas, que ha presionado asu vez al alza el coste de generación eléctrica, un factor al que se ha sumado el incremento del precio de los derechos de emisión de CO2, que rondan ya los 80 euros por tonelada. Son 20 euros más que el pasado septiembre y supone más del triple respecto a los 25 euros a los que cotizaban estos derechos en enero de 2020, tres meses antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara la pandemia del COVID19.
EL LASTRE DEL GAS Y LOS DERECHOS DE CO2
Aunque en principio estos derechos de emisión de CO2 fueron diseñados para desincentivar la producción que necesita emitir estos gases que provocan el denominado «efecto invernadero», lo cierto es que se ha creado un mercado de especulación que ha desvirtuado la esencia de este mecanismo. Ahora los fondos de inversión los adquieren como si se trataran de activos financieros y, junto con los gobiernos, son los que más ganan con este sistema de extracción de rentas. Los que pierden son los ciudadanos y las empresas electrointensivas.
Como consecuencia de todo ello, los mercados anticipan un precio de la electricidad que rondará los 250 euros por MWh durante el invierno, lo que supone un importe cuatro veces superior al contabilizado hace un año. En el caso de los nuevos contratos de gas, las fuentes de la industria cerámica consultadas por este diario indican que el impacto final de las tarifas de los nuevos contratos será hasta cinco veces superior a las actuales, que vencen al final de diciembre por la citada decisión discrecional de las empresas suministradoras.
La comunicación de la ruptura de los contratos se hace a través de cartas en las que las compañías energéticas justifican su decisión por la evolución de los precios, pero los responsables de las industrias afectadas no se van a conformar con cobrar la indemnización correspondiente y ya están trabajando con sus servicios jurídicos para reclamar en los tribunales por lo que consideran un abuso.
«TENEMOS CONTRATOS A LARGO PLAZO PARA TENER PRECIOS ESTABLES, RESCINDIRLOS PUEDE TENER CONSECUENCIAS LEGALES»
“Nosotros tenemos contratos a largo plazo con las eléctricas y gasistas para que nos proporcionen energía a un precio cerrado y estable, que no se vea afectado por los vaivenes del mercado. Rescindirlo de esta forma puede tener consecuencias legales”, indican trabajadores de una de las fábricas afectadas.
Esta actuación de las eléctricas añade más leña al fuego del conflicto que existe con la Asociación de Empresas de Grandes Consumidoras de Energía (AEGC), cuyo presidente (y máximo responsable de Sidenor), José Antonio Jainaga, ha pedido públicamente a las empresas suministradoras de energía que respeten a sus clientes. Aunque la patronal mantiene un enfrentamiento abierto con Iberdrola, la batalla se libra también con Endesa y Naturgy.
Esta asociación, recuerda que “la industria electrointensiva es un motor fundamental de la economía española, generadora de empleo estable y de calidad, y con gran capacidad de inversión en proyectos de descarbonización en los próximos años”.
ESCASEZ DE OFERTAS COMPETITIVAS
Por ello solicita a los poderes públicos ayuda para detener el incremento del coste de la electricidad, que “está suponiendo una grave merma en la competitividad de la industria en general” debido a la “escasez de ofertas de contratos competitivos de las empresas eléctricas para sortear los nubarrones del corto plazo”.
A este respecto, la patronal reclama que se retomen las conversaciones con las eléctricas y gasistas para “cumplan su compromiso, anunciado con motivo de su negociación sobre el Real Decreto Ley 17/2021, de presentar a la industria ofertas competitivas, a precios anteriores a la crisis energética y por lo tanto no vinculados a la escalada del gas”.
Y en cuanto al Gobierno, la patronal solicita eliminar definitivamente el impuesto que grava la generación eléctrica (del 7%), así como garantizar la máxima compensación del CO2 indirecto, disponiendo el 25% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión, tal como prevé la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. A su juicio, “debe garantizarse que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 contemplen una partida mínima de 450 millones de euros” para este fin.
Finalmente, AEGC reclama que se complete el desarrollo del Estatuto de consumidores electrointensivos, concediéndoles la exención del 80% de los peajes de transporte eléctrico –del mismo modo que sucede con las grandes industrias francesas y alemanas– y establecer una nueva modalidad de ERTE asociada a la situación de los precios energéticos, para aquellas empresas electrointensivas.
