La decisión de Bruselas de dar a España un balón de oxígeno para extender el plazo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas hasta el 20 de junio de 2022 ha sido bien recibida tanto por el Gobierno como por los directivos de las compañías, pero el atasco producido tras el rescate de Plus Ultra no se va a resolver tan fácilmente. Los gestores temen que la errática gestión de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, lleve al fracaso este plan de ayudas y consideran demandar al organismo si condena a las empresas a la quiebra.
Según denuncian a MERCA2 fuentes de algunas de las empresas que siguen esperando a la que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda desatasque sus expedientes, el problema es “una mezcla de miedo, opacidad y negligencia” por parte de Gualda, que “no ha sabido cambiar el chip tras su salida de Navantia”, empresa que presidió durante sólo unos meses antes de ser colocada por el Gobierno al frente SEPI.
Los empresarios afectados por la pasividad de la sociedad estatal consideran a Gualda culpable directa del desastre del citado fondo de apoyo a compañías estratégicas y dudan de su capacidad para ejercer el importante cargo que desempeña. “De ella depende el futuro de miles de trabajadores y la supervivencia de decenas de compañías que están a punto de cerrar sus puertas, una responsabilidad que le pesa demasiado y que pensamos que le viene grande”, señalan las fuentes consultadas.
El temor a ser imputada como su predecesor en el cargo, Vicente Fernández, por el caso de Aznalcollar o acabar sentada en el banquillo como sucede ahora con la cúpula del organismo por presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública a la aerolínea Plus Ultra, es una de las razones que explica la parálisis actual y que llevó a España a solicitar una prórroga para gestionar los expedientes pendientes. Pero ahora que se ha concedido, los trámites siguen realizándose con cuentagotas y será complicado cumplir los nuevos plazos.
Según el estado actual de los expedientes presentados, la SEPI tendría que aprobar una decena de ellos cada mes hasta el final del primer semestre del próximo año y conceder el 80% del presupuesto con el que está dotado el fondo (10.000 millones de euros). No obstante, la Comisión Europea ha autorizado que las comunidades autónomas tengan más margen para intentar ayudar a las pymes, que son las grandes olvidadas del organismo que preside Gualda, aunque algunas de ellas podrían considerarse estratégicas.
GUALDA FORMA PARTE DE LA ‘CUOTA ANDALUZA’ DE MONTERO Y ES LA PERSONA MÁS JÓVEN EN PRESIDIR LA SEPI
Lo sucedido con este fondo ilustra bien lo que ocurre cuando los burócratas sienten el aliento judicial tras sus pasos y decisiones, revelando la falta de capacidad para adoptar decisiones vitales para el tejido productivo de un país. En el caso de Gualda, es una mujer puesta en el cargo por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y forma parte de la denominada “cuota andaluza” del Ejecutivo.
Es la persona más joven en ponerse al frente de este holding público que gestiona empresas estatales de gran envergadura y que ahora también se encarga de dotar de liquidez al sector privado.
LOS EMPRESARIOS EMPRENDERÁN ACCIONES LEGALES
Las fuentes empresariales consultadas por este diario confían en que se acelere la concesión de las ayudas y amenazan con emprender acciones judiciales contra la SEPI si como consecuencia de la parálisis sus compañías se ven obligadas a iniciar un proceso concursal.
Si los afectados logran demostrar en los tribunales que su quiebra se ha producido por una dejación de funciones o negligencia del organismo que preside Gualda podrán recibir cuantiosas indemnizaciones, que al fin y al cabo serán abonadas –de forma directa o indirecta– por los contribuyentes españoles.
Gualda es ingeniera de formación y, aunque su vida profesional ha estado siempre ligada a la política, hasta su llegada a la SEPI había sido considerada una mujer de perfil técnico. Exceptuando su estrecha relación con Montero, no se le conoce otro padrino político. Quienes han trabajado con ella destacan su falta de empatía y ausencia de cercanía, algo que suelen atribuir a su origen granadino.
“Siempre ha sido muy trabajadora en todos los cargos que ha ocupado en la Junta de Andalucía y Montero la ha promocionado, pero ahora está en una situación complicada porque la ministra no quiere saber nada de la gestión de la SEPI y si Belén comete un error lo pagará caro”, señala un trabajador del organismo a este diario.
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
Otra de las características que siempre se han destacado de Gualda es la transparencia, pero desde que está al frente de la SEPI las tornas han cambiado. Tal como revela un reciente informe del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), la sociedad estatal tan sólo difunde el 40% de la información que le exige la normativa, omitiendo datos relevantes y siendo opaca en la publicación de las remuneraciones de los directivos y altos cargos, entre otras cuestiones.
En el informe, el Consejo de Transparencia plantea a Gualda dos decenas de recomendaciones para solventar este déficit, con el objeto de corregir las carencias detectadas y “lograr avances en el cumplimiento de la ley”. Uno de los puntos oscuros es el de las indemnizaciones abonadas a los ex directivos de la SEPI y las autorizaciones para ejercer actividades privadas al salir de la institución, así como las subvenciones y ayudas públicas concedidas “con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios”.
A todos estos problemas podría sumarse uno más en los próximos meses: que la SEPI entre en el capital de las empresas rescatadas, sobre todo en el sector de la ingeniería y la construcción industrial. En la actualidad compañías como Técnicas Reunidas, Duro Felguera, Airtificial y Abengoa, en pérdidas, disfrutan o tramitan fondos públicos que incluyen una opción de entrada del Estado en el capital. Si se confirma la participación pública en el accionariado será Gualda quien tendrá una responsabilidad adicional, aunque Montero tendrá la última palabra.
