La ministra Ione Belarra, preguntada por la Ley de Vivienda, aseguraba que «toda la nueva construcción, ya sea pública o privada, va a tener que reservar un 30% para vivienda protegida». Y esta idea se aplica también a las promociones de lujo que se realicen en la Costa del Sol, Sotogrande, Madrid o Barcelona. «Es la mejor medida para construir sociedades más igualitarias, más libres y más felices, que es nuestro objetivo».
Esto puede parecer ilógico, ya que lo que se busca con esta ley es dar la posibilidad de acceder a una vivienda a los que tienen menos recursos. Quizás estas personas no buscan una vivienda en Sotogrande o Marbella, sino un piso para poder establecerse con su familia. Además, si ya les cuesta conseguir una vivienda a precio asequible en cualquier barrio de Madrid o Barcelona, menos aún se la podrán permitir en una urbanización de lujo.
Desde el sector de la vivienda de lujo ya han lanzado las primeras advertencias sobre las implicaciones que dicha ley puede tener para la vivienda de alto standing. «Esta normativa puede causar ralentización en las ventas de las viviendas de alto standing de cara al cliente, debido a la incertidumbre generada por la aplicación de la misma», apunta Alejandra Vanoli, Directora General de VIVA Sotheby’s Real Estate, en declaraciones a MERCA2.
Por su parte, Álvaro Martínez, director de Barnes Madrid, explica que «el intervencionismo y la pérdida de seguridad jurídica afectarán de forma muy grave a la inversión en proyectos residenciales y, por consecuencia, en el sector de alta gama». El directivo va incluso más allá y destaca que, además de condicionar los precios del alquiler, «la nueva legislación afecta directamente a la inversión en el sector residencial de lujo. Por consecuencia, al haber menos inversión hay menos oferta y eso provocará que los precios se regulen ante la nueva situación del mercado».
El interés de los inversores por el inmobiliario de lujo ha aumentado en estos meses
Además, en estos momentos, el sector inmobiliario de lujo vive un momento dulce. El interés de los inversores por esta tipología de activos ha aumentado en los últimos meses. Además, tras el fin de las restricciones a los viajes internacionales y la mejora de la situación sociosanitaria, los inversores extranjeros han regresado para apostar por segundas residencias en los destinos predilectos del lujo español. De hecho, las grandes carteras de inversión han elevado su presencia en este mercado un 20% en 2021, con las provincias de Madrid y Barcelona como destinos predilectos de los compradores.
ZONAS TENSIONADAS
Las llamadas zonas tensionadas han sido objeto de debate entre los principales actores de esta ley. Incluso han despertado reacciones totalmente en contra, como las de la Comunidad de Madrid, que ha rechazado de pleno implantarlas en su territorio. Pero, según fuentes del sector, la denominación de zona tensionada no puede aplicarse al alto standing. «En los barrios en los que se encuentran la mayoría de viviendas de lujo, por ejemplo, Chamberí y Salamanca en Madrid o Les Corts en Barcelona, se encuentran con ratios muy por debajo del 30% requerido, esto se debe a los altos ingresos que reciben en la zona sus residentes», afirma la directiva de Sotheby’s.
En cuanto a las previsiones que maneja el sector para su futuro, la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la ley traerá incertidumbre tanto en el promotor como en el inversor. «Consecuentemente, el negocio inmobiliario se verá envuelto en un proceso de estancamiento dado por el efecto de subida de precios en un mercado en el que ya hay poco producto, y las haciendas locales y nacional recaudarán menos impuestos relacionados con las operaciones de compraventa», expresan desde Sotheby’s. Un ejemplo claro de esto, y que está de actualidad, es la derogación de la plusvalía municipal, que afectará significativamente a las arcas públicas.
El director de Barnes Madrid confirma que «Madrid y Barcelona se mantienen como las ciudades que acumulan más proyectos y número de viviendas previstas para los próximos cinco años. Sin embargo, es interesante fijarse en el ejemplo Cataluña, que desde 2020 ya aplica una medida similar. Según datos que maneja la patronal, un 55% de sus asociados ha parado la inversión en dicha comunidad a la espera de un nuevo escenario, un 32% han reducido la inversión y un 13% lo ha trasladado a otro territorio».
