La obligatoriedad incluida en la nueva Ley de Vivienda, que este martes aprueba el Gobierno, de reservar el 30% de la obra nueva a vivienda social tendrá un impacto «limitado» en las promotoras residenciales españolas.
Así lo asegura un análisis de Banco Sabadell, justificando que los suelos de las promotoras cotizadas ya han cedido edificabilidad como parte del proceso urbanístico existente desde hace años y que ya está incluido en la ley estatal de 2007.
En este sentido, a falta de que se concreten todos los detalles, esta obligatoriedad de que el 30% de la obra nueva sea vivienda protegida solamente afectaría a aquellos suelos que en su día no cedieron parte de su edificabilidad a vivienda de protección oficial (VPO).
Por tanto, la nueva ley, la primera en democracia en el ámbito de la vivienda, no tendría impacto para aquellos suelos ya sectorizados que, como parte del proceso urbanístico con la ley existente a día de hoy, ya cedieron parte de su edificabilidad.
«Esto en la práctica significaría que los suelos afectados serían aquellos que fueron edificados antes de la entrada en vigor de la ley actual (afectaría en todo caso a solares antiguos, en centros urbanos y al mercado de rehabilitaciones) y por tanto tendría un impacto marginal en los suelos que tienen las promotoras cotizadas», señala la entidad.
La ley, que pasará este martes a la tramitación parlamentaria, se centra en el mercado del alquiler, en el que está previsto que se regulen los precios en las zonas declaradas como ‘tensionadas’, principalmente a grandes tenedores.
En este contexto, salvo Neinor Homes, las promotoras cotizadas no hacen residencial en alquiler y, en el caso de esta promotora, este tipo de negocio es actualmente muy reducido, en torno a las 537 unidades.
