Aena, el gestor de los aeropuertos españoles, ha decidido ponerse en manos de las auditoras para calibrar el efecto que tendrá en sus ingresos el conjunto de decisiones políticas adoptadas en los últimos tiempos con motivo de la pandemia. Al impacto que han tenido las restricciones de movimientos –con la correspondiente reducción de pasajeros– se suma el golpe propinado por los partidos políticos españoles, que se han puesto del lado de los grandes fondos de inversión que alquilan locales comerciales en las instalaciones aeroportuarias.
El departamento financiero de Aena, compañía cuyo 51% del capital está en manos del Estado, está trabajando en estos momentos para determinar el efecto contable que tendrá la limitación del precio de los alquileres de los citados locales. Una medida introducida en el ordenamiento jurídico español a través de una enmienda incluida en el Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, y que tendrá un impacto en las cuentas del gestor aeroportuario de hasta 3.000 millones de euros.
El asesor legal que contrató Aena para librar la batalla jurídica con los grandes fondos morosos fue PwC, que antes de que se produjera la votación en el Congreso consideraba que no era necesario provisionar cantidad alguna hasta que los tribunales determinaran si gigantes de la talla de Dufry (con sede en Suiza y que gestiona los famosos Duty Free, tiendas libres de impuestos), SSP (grupo británico que franquicia a Burger King, Carlsberg o Starbucks) y Áreas, uno de los líderes en los aeropuertos españoles en el sector de retail, podían dejar de pagar los alquileres sin que se ejecutaran los avales.
Según confirman fuentes jurídicas a MERCA2 la idea inicial era no provisionar porque se trataba de una cuestión clara desde el punto de vista legal, ya que estos grandes arrendatarios “incumplieron las condiciones de los contratos con Aena y dejaron de pagar escudándose en un problema de liquidez, cuando en realidad no sólo disponían de músculo financiero, sino que lo emplearon en pagar a bufetes de abogados y hacer lobby para conseguir que los políticos les ayudaran a lograr en el Congreso lo que no podían ganar en los tribunales”.
Los accionistas principales de estos grupos son actores financieros de la talla de Fidelity, Norges Bank, Alibaba Group, Qatar Holding, APG Asset Management y las sociedades de capital riesgo Advent International y PAI Partners.
Una de las consultoras que hicieron presión para que los partidos políticos se plegaran a los intereses de estos grandes fondos fue Acento, la firma que dirigen José Blanco (ex ministro socialista) y Alfonso Alonso (ex presidente del PP vasco). Y su éxito fue absoluto, porque conseguieron que hasta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se opusiera a la limitación del precio de los alquileres de los locales, poniendo en peligro la estabilidad financiera de Aena, empresa con mayoría de capital público.
“No es de recibo que los políticos pongan palos en la rueda a una empresa pública y mucho menos que lo haga el partido responsable de la gestión de la compañía cargándose sus fuentes de ingresos”
Según ha podido saber en este diario, el cambio de postura del PSOE (pasando de rechazar la enmienda en el Senado, a abstenerse en el Congreso) ha sorprendido en la dirección de Aena, ya que su presidente, Maurici Lucena, es un hombre del PSC puesto en el cargo precisamente por el Gobierno de Pedro Sánchez. “No es de recibo que los políticos pongan palos en la rueda a una empresa pública y mucho menos que lo haga el partido responsable de la gestión de la compañía cargándose sus fuentes de ingresos”, señala uno de los asesores de Aena.
Y es que no se trata sólo del problema de los alquileres, sino también de las tasas aeroportuarias, que van a permanecer congeladas hasta 2026 según establece el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) aprobado el pasado septiembre por el Consejo de Ministros. La decisión se ha producido contra el criterio de Aena, que reclamaba una subida del 5.4% en los próximos cinco años. En esta ocasión el lobby que le ha ganado el pulso al gestor de los aeropuertos ha sido el de las aerolíneas, que consiguió el respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
LA OFICINA DE MONCLOA CONGELA LAS TASAS
La Oficina Económica del Gobierno –los fontaneros de La Moncloa– instaron a la Dirección General de Aviación Civil, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a que propusieran al Gobierno esta congelación de las tasas. El objetivo es atraer a las compañías aéreas y reducir sus costes para paliar los efectos de la crisis turística, pero a costa de poner en peligro la estabilidad financiera de Aena.
La clave ahora es calcular a cuánto asciende el deterioro de los activos. Para realizar esta labor Aena ha decidido contratar a una empresa independiente, siguiendo las recomendaciones tanto de sus asesores legales como de la propia Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, pos sus siglas en inglés). Ya el pasado año el test de deterioro realizado por la empresa española (similar a los exámenes de estrés bancarios) obligó a contabilizar correcciones valorativas de este tipo.
POSIBLES AYUDAS DE ESTADO ILEGALES
Estos trabajos deberán concluir en noviembre ya que posteriormente Aena deberá elaborar sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 y ser examinadas por la auditora KPMG. Una vez que conozca el alcance que tendrán todas las decisiones políticas en el balance del grupo, el departamento financiero de Aena determinará si es adecuado apuntar las pérdidas de ingresos previstas mediante provisiones. Será entonces cuando KPMG fiscalice estos cálculos para ver si son correctos desde el punto de vista de la normativa contable.
Las fuentes jurídicas consultadas indican una posible vía para reducir el golpe político en materia de alquileres comerciales: que uno de los accionistas privados de Aena decida demandar al Estado español ante las autoridades europeas por considerar que la enmienda de la nueva Ley de Transportes es una ayuda pública encubierta. Esto permitiría a Aena ganar tiempo y justificaría no provisionar la pérdida de ingresos hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la UE se pronunciara al respecto.
En cuanto a la posibilidad de presentar un recurso de constitucionalidad (por ser incluida en un texto legislativo que nada tiene que ver con la cuestión que regula), asesores legales de Aena descartan que sea la empresa la que presente el recurso después de que el PSOE no haya defendido en el Parlamento los intereses del grupo.
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
“La única opción sería que en lugar de presentar un recurso de inconstitucionalidad, que corresponde al ámbito político, se interponga una cuestión de constitucionalidad, algo que compete a lo jueces que están dirimiendo en multitud de casos si los franquiciados pueden dejar de pagar los alquileres sin que les ejecuten los avales», indican las fuentes consultadas.
De hecho, en las últimas horas Aena ha solicitado al juzgado de primera instancia número 47 de Madrid que plantee una cuestión de inconstitucionalidad por «infracción de tutela judicial efectiva y por ser una ley que tiene carácter expropiatorio que atenta contra el derecho de propiedad.
Para agotar las vías legales, e Aena también puede recurrir al arbitraje del CIADI, “aunque no es una posibilidad que estuviera sobre la mesa hasta ahora”.
