El gigante aeronáutico europeo Airbus no está siendo capaz de superar los problemas que el pasado año hundieron al sector por las decisiones políticas adoptadas para luchar contra la pandemia. El fin de las restricciones y el avance en la vacunación no han sido suficientes para impulsar la actividad turística y la división española de la empresa espera que sea su división militar la que le saque las castañas del fuego, ya que esa depende menos del mercado y más del presupuesto público.
La filial española del grupo está viviendo su particular ‘Semana de Pasión’ en pleno octubre, después de conocerse que la compañía entró en perdidas al cierre de 2020. En concreto, Airbus Defence & Space España contabilizó unos números rojos de 168,8 millones de euros, un resultado lastrado por la sanción impuesta a la matriz por irregularidades en los contratos. La división española responsable de la fabricación de aviones militares tuvo que aportar 313,7 millones en concepto de penalización por esta causa.
No obstante, el principal punto negro fue el desplome de la actividad en el área civil, que generó a la filial española del grupo europeo unas pérdidas de 306 millones de euros, frente a unos beneficios de 133 millones de euros. Un resultado que se ha conocido esta semana una vez que la compañía ha depositado las cuentas en el Registro Mercantil. Los ingresos se hundieron un 43%, lastrados por el recorte de producción de su avión estrella, el A320, del cual se fabrican componentes en España.
La división militar es la que logró superar la crisis pandémica con beneficios que, aunque leves (ascendieron a 2,2 millones de euros), se lograron a pesar de la caída del 17% de los ingresos, que se vieron afectados por las menores entregas del avión A400M, del que sólo sirvieron nueve unidades en todo el año. La compañía espera que sea el negocio militar el que impulse la actividad, al tratarse de un área de negocio anticíclica. No en vano en el segmento civil, el pasado septiembre ha sido el segundo peor de 2021 (tras enero) en lo que a ventas se refiere.
GUERRA SINDICAL Y CIERRE DE FACTORÍAS
Todo esto está teniendo un impacto notable en el ámbito laboral. A pesar del acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT, así como con el Gobierno español, para afrontar el proceso de reestructuración que está realizando la empresa en España. A pesar de que el Estado español ha regado con cuantiosas ayudas públicas a la compañía los trabajadores que no pertenecen a los dos principales sindicatos denuncian que la dirección no tiene ninguna intención de potenciar las plantas que tiene en España y temen que el cierre de la factoría de Puerto Real, en Cádiz, sea el principio del fin de la apuesta del grupo por nuestro país.
En concreto, el sindicato CGT considera que se están manteniendo negociaciones entre los citados actores “a espaldas de los trabajadores implicados en el cierre priorizando a la multinacional y las direcciones de dos federaciones sindicales que en vez de sindicalismo acostumbran a rendir pleitesía al poder y negociar a la baja las derrotas que ellos mismos siembran”.
Además, esta organización recuerda que todo esto se produce a pesar de que Airbus ha recibido dinero público para mantener la actividad en España y que el propio presidente del Gobierno se reunió el pasado febrero con el presidente de Airbus, Guillaume Faury, en el Palacio de La Moncloa, en un encuentro en el que se pusieron sobre la mesa la concesión de más subvenciones.
“Sabemos que el gobierno ya se comprometió a subvencionar Airbus con 25 millones el año pasado, 40 millones este año, 80 millones más para 2022 y 40 millones más para 2023, haciendo un total de 185 millones. Un plan destinado supuestamente a reducir los despidos, por tanto, este acuerdo debe suspenderse de facto si Airbus continúa con el cierre”, considera CGT.
FONDOS DEL «NEXT GENERATION EU» PARA AIRBUS
Además de este apoyo económico, la organización explica que el Gobierno se ha comprometido a movilizar más de 300 millones de euros hasta 2024 de los fondos Next Generation a Airbus. “Y por si esto no fuera suficiente, este año el Gobierno ha firmado otros tres programas con Airbus de un total de 3.575 millones de los que sólo este año se beneficiará de otros 300 millones de euros para empezar”, concluye el sindicato.
Lo cierto es que, a pesar de la mala situación por la que atraviesa su división española, el gigante aeronáutico ha cerrado el primer semestre de 2021 con un beneficio neto de 2.231 millones de euros, superando incluso los registros de 2019, el año anterior a la pandemia. La compañía ha elevado sus previsiones para este ejercicio pese a la incertidumbre del mercado por la crisis pandémica, y el pasado verano señaló en un comunicado que este «sólido rendimiento» se debió a las entregas de aviones comerciales, a la contención de costes y la competitividad, así como al buen rendimiento de las divisiones de Helicópteros y Defensa y Espacio.
El CEO de Airbus en la presentación de estos resultados hizo referencia a la situación en la planta española de Puerto Real, defendiendo que el proceso de traslado a la factoría ubicada en El Puerto de Santa María es «lo correcto» para optimizar y mantener los empleos «en una región importante para el país y para nosotros», aunque descartó informar sobre el coste económico de la maniobra.
Fuentes del sector militar español consideran que Faury seguirá apretando las tuercas a las autoridades españolas para seguir arrancando compromisos inversores, sobre todo en el área de Defensa. No en vano la ministra del ramo, Margarita Robles, estuvo en la reunión del pasado febrero junto al presidente del Gobierno. “Siempre sucede lo mismo, primero se quejan de que el mercado civil va mal y reclaman inversiones en el área de Defensa, luego amenazan con realizan ajustes de plantilla y al final consiguen el dinero estatal”, indican las fuentes consultadas.
PELEA CON INDRA POR EL NUEVO CAZA EUROPEO
Y precisamente en el área militar es donde Airbus tiene puestas todas sus esperanzas y, en concreto, en el desarrollo del nuevo avión de combate europeo bajo el programa FCAS (acrónimo del sistema aéreo de combate futuro, por sus siglas en inglés), donde interviene también Indra, empresa competidora y cuyas relaciones con el grupo europeo nunca han sido buenas. De hecho, aunque Indra es el coordinador de este programa en España en Airbus se considera que, en realidad, este programa confirma al grupo europeo como el contratista principal aeroespacial y de Defensa en nuestro país.
El objetivo es iniciar las pruebas en vuelo del nuevo avión de combate que integrará el nuevo programa en la segunda mitad de 2026. En el diseño trabajan, además de Indra y Airbus, la empresa ITP Aero y el consorcio Santnus, integrado por GMV, Sener y Tecnobit.
El caza New Fighter aspira a servir de reemplazo para los actuales aviones Eurofighter Typhoon y Dassault Rafale en la década de 2040, así como para los F-18 que prestan servicio en el Ejército del Aire español. La industria espera que este programa genere en las próximas décadas inversiones de miles de millones de euros tanto en la fase de desarrollo, como posteriormente en la de producción. Un enorme pastel que ninguna empresa del sector quiere perder.
