Aunque la historia ha demostrado el fracaso de las ideas comunistas, hay muchos nostálgicos de una ideología que causó 100 millones de muertos y miseria en todos aquellos países que la padecieron y en los que lamentablemente, aún hoy, la padecen. Y para nuestra desgracia, muchos de esos nostálgicos ostentan elevadas responsabilidades en el gobierno de España.
La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, prologó recientemente una nueva edición de ‘El Manifiesto Comunista’ de Marx y Engels. Según sus propias palabras, «en este prólogo reflexiono sobre el poder transformador de un texto fraternal, apasionado en su defensa de la democracia y la libertad».
Una curiosa elección de palabras ya que nadie podría considerar fraternal un texto en el que se deja constancia de que los objetivos que persigue todo régimen comunista son, entre otros, «una colectivización oficial, franca y abierta, de la mujer», «la conquista de la democracia» y la «abolición de la propiedad privada».
Y a conseguir este «loable» -entiéndase la ironía- objetivo comunista de abolir la propiedad privada dedican Pedro Sánchez y sus ministros todos sus esfuerzos.
Primero trataron de expropiar los beneficios de las empresas eléctricas y, ahora, nos presentan una nueva ley de vivienda que permitirá «intervenir el mercado del alquiler mediante el control de precios», una propuesta de Podemos que Sánchez asumió de buen grado al firmar el pacto de gobierno con el partido morado.
Esta ley permite que, de manera arbitraria, los gobiernos locales y autonómicos declaren como zonas tensionadas de precios cualquier parte de su territorio amparándose en un falso ‘sistema estatal de índices de referencia del precio de alquiler de vivienda’, elaborado con datos de 2018 y que no se actualizará, según ha anunciado el propio gobierno, hasta que transcurran 18 meses tras la aprobación de la ley.
Y, además, permite a los gobiernos locales imponer un recargo a las viviendas vacías en el IBI de hasta un 150% y obliga a reservar un 30% de toda nueva promoción a vivienda protegida.
Una ley que conculca derechos fundamentales como el derecho a la propiedad privada (Artíc. 33.1 CE) o el derecho a la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado (Artíc. 38 CE).
En definitiva, esta ley coarta la libertad de los propietarios de viviendas, millones de pequeños propietarios ya que solo un 4% del mercado del alquiler está en manos de grandes inversores, al prohibirles hacer lo que estimen oportuno con su propiedad: alquilarla o tenerla vacía.
Y, además, como se ha demostrado en varias ciudades europeas y españolas, esta ley implanta unas medidas que reducen la oferta de viviendas en alquiler y la inversión en mantenimiento de las mismas y fomentan la economía sumergida.
En Berlín y París se han puesto en marcha medidas similares de control de precios que ya han sido anuladas porque aumentan la inseguridad jurídica, por su nula efectividad a la hora de resolver el problema del acceso a la vivienda y por su manifiesta inconstitucionalidad.
En España, los nacionalistas catalanes controlan el precio del alquiler en 60 ciudades. El resultado: la oferta bajó un 52% y el precio cayó un 8,2% mientras que en Madrid se redujeron un 20% y un 9,3% respectivamente por la acción del mercado.
En resumen, se trata de una ley que copia recetas caducas y fallidas y que solo tiene por objetivo avanzar hacia el «paraíso comunista» que tanto admiran muchos de los ministros y que el propio Sánchez reivindica cuando afirma que esta ley abre «un nuevo tiempo en la política española» al estilo del «nuevo hombre» que el comunismo pretendía crear.
(*) Antonio González Terol, vicesecretario general del PP
