Días de incertidumbre dentro del sector inmobiliario. Tras el anuncio del acuerdo para la redacción de la ley de Vivienda, dentro del sector se muestran cautos y a la espera de su aprobación definitiva. Sin embargo, los promotores ya se han posicionado contra dicha ley, argumentando que es razonable pensar que se va a rebajar la inversión en los territorios donde se implemente. Pero hay otros actores que incluso se aventuran a especular sobre su aprobación e implantación, debido sobre todo a las dudas que han generado las primeras informaciones y la inseguridad que generan las medidas que se piensan tomar en las empresas privadas.
Pero, sin embargo, algunos incluso dudan de que se vaya a aprobar, o de que si se aprueba se encontrará con el muro de la legalidad. ¿Es posible obligar a las promotoras a dedicar el 30% de sus promociones a vivienda protegida? Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, expresaba que la ley obligaría a las compañías a hacerlo. Pero esto dependerá de según qué forma jurídica adoptaría la medida. Si esa medida se lleva a cabo, para que pase por las Cortes tiene que ser una figura jurídica que se pueda hacer realmente», apunta Kamal Romero, profesor de Economía y Métodos Cuantitativos de la Universidad CEU San Pablo.
Igualmente, hay algo de recelo sobre cómo se va a aplicar en caso de que finalmente viera la luz. El hecho de que las competencias estén transferidas a las comunidades, y estas sean las responsables de aplicar la parte de la ley referente al 30% de las promociones, hace que las promotoras vean con incredulidad esta decisión. Algunas incluso hablan de injerencia en la propiedad privada, ya que obligaría a las compañías a dedicar parte de su parque a vivienda protegida. Así como suena, obligar a una promotora a dedicar una parte de su parque de vivienda nuevo a un uso determinado en principio desincentiva la inversión«, destaca Romero.
«Esto solo se soluciona por el lado de la oferta, no de la demanda. La limitación de los alquileres en todos los sitios donde se ha hecho ha sido un fracaso», apuntan fuentes del sector. De hecho, numerosos estudios realizados después de estas leyes de alquiler que se han aplicado en ciudades como Berlín han demostrado que tales intervenciones apenas se invirtieron en mejorar la calidad de las propiedades.
La ley de Vivienda puede desincentivar la inversión e incluso paralizar nuevas promociones
Esto puede provocar la paralización de nuevas promociones, como ha sucedido en Cataluña desde la aplicación de su ley del alquiler. Desde Colliers apuntan que todavía está «pendiente de ver en qué consiste la obligación de dedicar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida. Si esta medida sigue las tomadas por el Ayuntamiento de Barcelona provocará el mismo resultado que en dicha ciudad».
PROBLEMA DE ACCESO A LA VIVIENDA
En lo que sí están de acuerdo todos los actores del sector es en que hay un problema de acceso a la vivienda en muchos puntos de España. Pero en lo que difieren es en la manera de solucionarlo, ya que según fuentes del sector «hay otros tipos de medidas que conjugan mejor el derecho a una vivienda digna de los ciudadanos con la protección jurídica de inversores actuales y potenciales y a la propiedad privada».
«Lo primero, entendemos que las Administraciones Públicas tienen un gran reto por delante en materia de vivienda, especialmente en vivienda social porque hay un claro déficit, acumulado por las distintas Administraciones durante muchos años. Según un informe realizado recientemente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se cifra la necesidad de viviendas sociales en 1,7 millones de unidades para que la cuota de esta tipología de viviendas en el mercado se asemeje a la media europea. Y esto, claramente, hay que resolverlo», explica Miguel Ángel Peña, CEO Residencial Grupo Lar España.
Otra reclamación del sector es que «habría sido bueno que todo el sector, administraciones, promotores, inversores, constructores, etc. nos hubiéramos sentado juntos para buscar vías de dar solución a este reto, pero no ha sido así». Una fórmula de trabajo que ponen algunos actores como ejemplo sería el Plan Vive de la Comunidad de Madrid o el Plan Metropoli en Barcelona. En ambos, se pone a disposición de iniciativas privadas suelo público en régimen de concesión para desarrollar y operar viviendas de alquiler asequibles para los colectivos que lo necesitan.
