El sistema de catalogación comercial actual pone en peligro la estabilidad y reputación del aceite de oliva español, según señalan la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) y la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) en su informe «Los falsos mitos sobre el aceite de oliva virgen español».
En su opinión, el aceite de oliva virgen español necesita mejores sistemas de catalogación y valoración que los vigentes o, al menos, otros que los complementen. Agricultores, productores, cooperativistas, envasadores y exportadores, todos los eslabones de su cadena de valor, coinciden en que la forma actual de aplicar la cata desestabiliza el mercado y daña su reputación.
Por esta razón, el sector reclama medidas suplementarias como una cata oficial previa a su envasado y cuyos resultados tengan una vigencia legal de un año. De esta manera, se añadirían garantías a los consumidores y, a la vez, reduciría la inseguridad jurídica y la incertidumbre que conlleva un proceso tan subjetivo como el del análisis organoléptico.
El aceite de oliva virgen es, según el informe, uno de los productos alimentarios más regulados y controlados en el ámbito de la Unión Europea, como refuerza el hecho de que sea el único alimento del mundo en su categoría que está sometido a un procedimiento jurídico obligatorio adicional como el examen organoléptico, más conocido por el término cata, para clasificar sus diferentes escalas comerciales.
Estas se conceden, agrega el documento, en base a un procedimiento subjetivo, «pues depende de la destreza y gustos de los catadores, un mínimo de ocho en cada panel, que determina su olor y sabor».
«Esas desavenencias por muy exiguas que sean no son baladíes, ya que las administraciones las sancionan económicamente. Una incertidumbre generalizada que se agrava en España dado que las competencias en esta materia las ostentan las comunidades autónomas. Estas diferencias se dan, por tanto, desde la calificación de la infracción hasta el régimen de sanciones aplicable», indica el estudio de Anierac y Asoliva.
A estos inconvenientes hay que añadir, según señala, «el deterioro de la imagen del producto y el aumento de la desconfianza entre los consumidores». El análisis subraya, asimismo, que «los criterios de cata se diseñan en los despachos pensando más en los técnicos que en el público objetivo».
PROPUESTA DEL SECTOR
Ante esta situación, el sector ha propuesto a la Administración que se permita al operador que lo introduce en los canales de venta contar con un aval en su responsabilidad mediante «una cata oficial realizada al producto antes de su envasado, cuyos resultados deberían tener una vigencia legal de un año».
Durante este plazo de tiempo, indica, se practicarían controles periódicos para verificar la autenticidad del producto distribuido: «que el aceite en el mercado sea el mismo que en su día se analizó».
Así, según el informe, se mejoraría más, «si cabe», la calidad al tiempo que se reforzaría la seguridad jurídica. «Sería una solución temporal porque esta como cualquier otra cata adolecería de los mismos defectos», concluye.
