La Generalitat de Cataluña salió al rescate de la cadena de gimnasios DiR, participada por el hijo más inversor de Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola. El hermano más inteligente de la familia está atrapado en esta empresa, que pide ahora más dinero a los inversores minoristas para hacer frente al pago de unos bonos que están a punto de caducar.
Josep Pujol Ferrusola ostenta cerca del 3% del accionariado. La cadena, la más importante de Cataluña, cuenta con 79 centros y tenía más 80.000 socios antes de la pandemia. Esta institución del deporte alcanzó una facturación de 50 millones de euros antes de la pandemia. Sin embargo, la crisis sanitaria ha hecho estragos en sus cuentas. Este mismo año y con una fuerte polémica, el Govern salió en su auxilio con 2,1 millones de euros. El principal foco es que se estaba salvando una empresa cuyo accionariado tenía una fuerte raíz política en Cataluña.
Avançsa ya ha concedido 1,46 millones dentro de una línea de crédito para la promoción y localización industrial
La inversión de Pujol Ferrusola podría convertirse en un fracaso tras más de 30 años en el accionariado. La participación procede de MT Tahat SL, del que el propio vástago de los Pujol es administrador único. En esta sociedad también han tenido su vinculación su esposa, la escritora Laura Sagnier, y Francisco Vinaches, un conocido abogado fiscal en Barcelona.
LA CAÍDA DE INGRESOS DE DIR TENSIONAN SU TESORERÍA
La empresa perteneciente al holding Centre d’Activitats Físiques SA atraviesa una difícil situación financiera. Su accionista mayoritario es el empresario y exmiembro de la extinta Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC), Ramon Canela. De hecho, Canela llegó a dirigir la sectorial de Deportes de este partido político.
La cadena tiene una gran afinidad con los Pujol. La matriarca de la familia, Marta Ferrusola, llegó a ostentar la presidencia de la Fundación DIR, cargo que dejó en 2015 tras conocerse el caso de los 4,3 millones que tenía la familia sin declarar en el banco andorrano BPA. Josep Pujol, por su parte, se acogió a la amnistía fiscal de 2012 tras declarar dos millones de euros en un paraíso fiscal. No ha sido el único de esta familia, Oleguer llegó a desnudar su patrimonio en el extranjero y afloró otros 3,1 millones.
Los problemas financieros del gimnasio DiR residen en su falta de liquidez. La cadena catalana ha recurrido al mercado de renta fija para tratar de aplazar el pago de unos bonos, según ha señalado el portal deportivo 2Playbook y han corroborado fuentes financieras a MERCA2. La propuesta de la empresa a los bonistas es aplazar el pago de la emisión de bonos simples y tratar de reducir los intereses del principal.
La emisión de bonos de la compañía se inició en 2009, con 4,9 millones de euros. La crisis de las subprime cortó en seco la financiación empresarial. No había liquidez en el mercado por aquel entonces y la banca era reacia a alargar las líneas de crédito.
LA CERCANÍA DE VENCIMIENTOS EXIGE SOLUCIONES DRÁSTICAS
Los tramos de esta deuda se refinanciaron justo antes de saltar la pandemia, con un vencimiento de 1,5 millones de euros en junio de 2022, otro de 2,5 millones para marzo de 2025 y casi un millón para junio de este 2021. Esta última fue prácticamente suscrita por pequeños ahorradores. La cadena aplazo el pago y la amortización en abril de este mismo año y ahora les pide más tiempo.
No ha sido la única petición de estos gimnasios vinculados con la extinta Convergencia Democràtica de Catalunya desde el estallido de la crisis de la Covid-19. En septiembre del pasado 2020, refinanció 2,5 millones pedidos en 2011 ante la llegada del vencimiento, tan sólo dos meses más tarde, pese a que el objetivo fue destinarlo a levantar un nuevo centro en el Distrito 22@ con una inversión de 2,1 millones. Sin embargo, la obra nunca se ha llevado a cabo. Debido a las restricciones de la pandemia, los socios de DiR no han podido utilizar las instalaciones y habría un gran número de bajas que han tensionado aún más la liquidez de la empresa.
Canela ha recurrido a esta vía de financiación prácticamente desde que inició la actividad. Las obligaciones de la compañía alcanzan los 7,1 millones con los socios abonados, mientras que la deuda financiera neta supera ahora los 19 millones de euros. Con la banca, la sociedad debe casi ocho millones de euros, que tendrá que devolver en marzo de 2024.
AYUDADA POR UN HISTÓRICO CONVERGENTE
En el primer año de la pandemia obtuvo el respaldo de BBVA y del Institut Català de Finances, con los 2,1 millones antes mencionados y otros 1,5 millones que debe a la entidad vasca. Santander, por su parte, reclama 2,1 millones, mientras que con Bankinter y Sabadell suman un total de 1,58 millones.
La pandemia ha dado al traste con los beneficios de 700.000 euros que obtuvo DiR en 2019 y unos ingresos de más de 50 millones de euros. Canela ha admitido que la caída de ingresos alcanzó los cuatro millones de euros. Para subsistir, ha pedido préstamos a la Generalitat, a través de Avançsa, y otros 25 millones al Estado, además de acudir al Instituto de Crédito Oficial (ICO). En total, 31,5 millones de euros.
Avançsa ya ha concedido 1,46 millones dentro de una línea de crédito para la promoción y localización industrial. La Consejería de Empresa estaba en manos de Ramon Tremosa (JxCat) y destacado político en la era de los Pujol. Se trata de un préstamo participativo avalado con garantías reales o personales durante cinco años y en ningún caso es a fondo perdido.
Esta ayuda pública autonómica tiene como objetivo ayudar a empresas en dificultades para continuar con la actividad. A cambio, la empresa debe garantizar los puestos de trabajo mientras duren las restricciones.
