A principios de agosto, dentro del plazo estipulado, el Gobierno dio el visto bueno a la opa de IFM sobre el 22% de Naturgy. Desde la gasista presidida por Francisco Reynés no hubo pronunciamiento público; mientras que el fondo australiano veía todo perfecto.
Nada raro. Todo se movía en los círculos de interés del mercado. Opador y opado han jugado sus cartas durante meses. De igual modo, CriteriaCaixa, accionista de energética, también ha desempeñado el suyo. Incluso, IFM llegó a manifestar que las condiciones de la autorización son «el resultado de un diálogo institucional muy constructivo» y están alineadas con sus planes para la inversión en Naturgy, incluyendo el apoyo a desarrollar un plan industrial para la compañía que «ayude a hacer de Naturgy un actor principal en la transición energética».
Pero esa calma corporativa se vuelve bronca cuando los políticos entran en escena. Así, el PSOE ha rechazado este miércoles la comparecencia extraordinaria en el Congreso de la vicepresidenta Teresa Ribera para dar explicaciones este mes de agosto sobre la venta de Naturgy, una operación criticada por su socio en el Gobierno de coalición, Unidas Podemos. Esa decisión del Gobierno, adoptada a principios de agosto, fue duramente criticada por dirigentes de Podemos, advirtiendo que supone una pérdida de soberanía en el sector energético. Para la formación morada, es «un error» vender parte de una compañía energética española en medio de una escalada de precios de la luz, máxime cuando el comprador es un fondo australiano con sede en las Islas Caimán.
En el debate celebrado este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso, Unidas Podemos no ha mencionado estas críticas y se ha unido al PSOE para rechazar, junto con el PNV, la comparecencia extraordinaria de Ribera para dar cuenta de la operación, esgrimiendo la falta de urgencia para ello.
NO HABÍA URGENCIA EN LA OPA DE NATURGY
Para la diputada del PSOE Patricia Blanquer, el PP intenta «convertir cualquier cosa en urgente» y, en este caso, ha apostillado, «entra en una irresponsabilidad». «Tampoco aportan ninguna motivación que justifique la urgencia que pretenden», ha dicho, acusando tanto a PP como a Vox de «puro teatro».
Por su parte, el PP y Vox han acusado al Gobierno de «opacidad» por autorizar el pasado 3 de agosto la OPA (oferta pública de adquisición) sobre Naturgy por parte del fondo australiano IFM «con cierta nocturnidad».
Estas dos formaciones han exigido las comparecencias extraordinarias de las vicepresidentas de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para dar cuenta de esta operación y los detalles de las condiciones impuestas para dar ‘luz verde’ a la misma.
El ‘popular’ Miguel Ángel Castellón ha destacado que esta autorización ha sido la única medida aprobada en el sector energético, en plena escalada de la luz, durante un verano que el Gobierno ha estado «cruzado de brazos».
¿POR QUÉ NO AGOTARON EL PLAZO?
Por su parte, Víctor Coello de Portugal, de Vox, ha destacado que, en realidad, el Gobierno tenía de plazo hasta el 25 de agosto para autorizar la operación, preguntándose si el adelanto respondía a tratar de minimizar su repercusión.
Estas peticiones de comparecencia, impulsadas por el PP, han sido rechazadas por el PSOE, Unidas Podemos y el PNV, que han afeado a los ‘populares’ que exijan esta comparecencia de urgencia, cuando únicamente podrían tener lugar el próximo lunes o martes de la semana que viene.
Blanquer ha tachado de «falsa» la acusación de opacidad desde las filas de la oposición, pues ha defendido que este proceso «está contando en todo momento de controles institucionales», señalando que, a partir de ahora, queda a expensas del visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores y, por último, de los accionistas de la energética.
