Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha propuesto al comité de expertos para la reforma fiscal la exención de los dividendos y de las ganancias derivadas de la desinversión en las pequeñas y medianas empresas cotizadas, así como la no sujeción al Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), según recoge un documento al que ha tenido acceso Europa Press.
El comité de expertos creado por el Ministerio de Hacienda para la reforma del sistema tributario abrió el pasado junio un espacio de participación y un correo electrónico para recibir las propuestas relativas a esta cuestión.
BME ha argumentado en el documento remitido al citado comité que la fiscalidad de determinados productos financieros en España está «limitando el desarrollo de su oferta en el mercado español», mientras otros países europeos apuestan por la «corrección de algunas características con el objetivo de diversificar su mercado y ampliar las opciones de inversión a disposición de los ahorradores».
De esta forma, también propone la deducción en la cuota íntegra del IRPF de cierto porcentaje de las inversiones estables aportadas a través de ampliaciones de capital u ofertas públicas de compañías que vayan a cotizar en BME Growth y, para las sociedades, beneficios similares a los del capital riesgo, con la exención del 99% de la ganancia obtenida cuando la desinversión se produzca transcurrido más de un año.
Para los fondos cotizados o ETF, proponen el establecimiento de un régimen fiscal en las plusvalías y señala que la ausencia de diferimiento fiscal resta competitividad a estos productos frente a los fondos de inversión tradicionales.
En cuanto a las sociedades de inversión (sicav), BME critica «la permanente incertidumbre regulatoria» y señala que se debe intentar frenar su deslocalización con un procedimiento para su conversión en fondos en una plataforma gestionada por BME, por ejemplo.
El grupo ha criticado la introducción de requisitos adicionales para poder disfrutar de los beneficios fiscales de las sicav con la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, que habría contribuido a «desestabilizar» este sector.
«La figura existe en toda la Unión Europea y con condiciones más laxas que en España, de ahí que los nuevos vehículos estén creándose en el extranjero, especialmente en Luxemburgo, país donde se cuida al máximo la industria de gestión de activos», destaca BME en el documento.
La crítica a la citada ley se repite en el caso de las socimis. «Los últimos cambios en la fiscalidad no son relevantes cuantitativamente, pero, nuevamente, sí trasladan un mensaje negativo y de incertidumbre para los inversores», critica el Grupo.
Por otra parte, BME considera que la tasa a las transacciones financieras debería implementarse en el conjunto de la Unión Europea (UE) para evitar arbitraje regulatorio y que todos los mercados europeos se muevan en un entorno fiscal similar, en tanto que pide la exoneración de la sujeción de origen de las plusvalías de los certificados de inversión y notas estructuradas.
PRÉSTAMOS DE VALORES
BME señala en el documento el ‘hándicap’ de la industria española de fondos de inversión española frente a la de sus competidores en Europa: la imposibilidad de ceder en préstamo sus activos «para añadir una rentabilidad extra a sus inversiones en beneficio de los partícipes».
Argumenta que es una desventaja competitiva y que la posibilidad de un retorno adicional a los partícipes en un entorno de tipos negativos «acrecienta la necesidad de una normalización del préstamo de valores en España».
«Que el volumen de activos disponibles para préstamos esté casi en máximos históricos pone de manifiesto la confianza del mercado en este modelo de negocio y la necesidad de generar un retorno extra», señala el documento.
Esta cuestión comenzó a regularse en 2008, pero se estancó debido a la crisis financiera y se volvió a retomar en 2018, pero hasta hoy no se conocen avances en este sentido.
