El escudo antiopas que elevó el Gobierno durante la pandemia ha terminado con algún agujero. Este martes, tras Consejo de Ministros, se ha hecho público que el Ejecutivo da luz verde a la opa que el fondo australiano IFM presentó por Naturgy a principios de año. Era lo esperado porque no había motivo para lo contrario. Aunque en realidad sí hay motivos, y superan los 8 millones. Por eso se abren las puertas de la gasista, pero con condiciones.
La compañía presidida por Francisco Reynés opera en diversos mercados internacionales, pero el gran peso estratégico de la energética reside en España. En concreto, supera los cuatro millones de clientes en el mercado eléctrico, y roza una cifra similar en el negocio del gas residencial (3,9 M), según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde es líder del segmento, superando las suma de sus dos perseguidores, Iberdrola y Endesa.
Además, es una de las compañías estratégicas en las infraestructuras y transporte de gas natural. Todos estos motivos han sido esenciales para la retahíla de condiciones que el Gobierno ha anunciado por boca de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
De esta manera, las condiciones fijadas por el Gobierno tienen como objetivo proteger el interés público a través del mantenimiento de la sede y la actividad en España, la garantía de una gestión financiera prudente, el apoyo a las inversiones fundamentales para la transición energética y el mantenimiento de la negociación en Bolsa y las obligaciones de transparencia asociadas.
Así, la aprobación de la operación de IFM para entrar en el capital de Naturgy, está condicionada a que en un plazo de cinco años de la liquidación de la opa el fondo apoye las inversiones de la sociedad en proyectos de transición energética en España que contribuyan a generar valor, así como a mantener el domicilio y sede de la compañía en España y «una parte significativa» de la plantilla en España.
Asimismo, IFM deberá respaldar una política de dividendos «prudente» y una política de endeudamiento externo que permita mantener la calificación crediticia de grado de inversión y que las ratios de endeudamiento de sus filiales reguladas en España no sean superiores a las recomendadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Igualmente, el fondo australiano no podrá apoyar ninguna propuesta de desinversión distinta de las reflejadas en el plan estratégico que se presente y que implique perder el control de las filiales con las que el grupo realiza sus actividades estratégicas de distribución de energía en España. Tampoco podrá respaldar la exclusión de Naturgy de las Bolsas españolas durante los próximos tres años, salvo que la negociación no alcance la difusión, frecuencia o volumen de contratación suficientes para una correcta formación del precio.
EL FUTURO DE IFM EN NATURGY
La oferta de IFM, condicionada a alcanzar un nivel mínimo de aceptación de, al menos, el 17% del capital social de la energética, ha reducido su precio hasta los 22,07 euros por título, desde los 23 euros iniciales, tras descontarse los dos dividendos abonados por Naturgy a sus accionistas desde que se anunció la oferta.
Así, se sitúa actualmente apenas un 1,3% por encima del precio de cotización de la compañía, cuyos títulos se intercambian en el mercado este martes a las 13.44 horas a 21,77 euros, con un repunte del 0,69%.
En cuanto al parecer del fondo, ha trascendido de manera pública su «satisfacción» por el visto bueno recibido por la operación por parte del Gobierno. Los australianos ya habían reiterado en los últimos meses su vocación de permanencia como accionista de largo plazo, así como su intención de contar con representación en el consejo de administración. Además, trasladó al grupo energético su apoyo en la transición energética y a las inversiones necesarias, así como su respaldo a una política de dividendos sostenible.
No obstante, este visto bueno del Gobierno a la operación se produce después de que el principal accionista de Naturgy, CriteriaCaixa, anunciara su decisión de reforzar su presencia en el capital social de la energética sin llegar a sobrepasar el 30% del accionariado, nivel a partir cual la legislación obliga a formular una opa.
