El bróker Javier Biosca, fundador de Algorithmics Group, ha comparecido este jueves como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal. Es el presunto autor de un fraude con criptomonedas que podría superar los 280 millones de euros. Este jueves también se ha discutido el estado de libertad de la mujer, Paloma Gallardo, y el hijo de la pareja, Sergio Biosca Gallardo. Ambos están siendo investigados por los mismos delitos que el bróker, una lista que va desde estafa a blanqueo de dinero pasando por apropiación indebida.
El magistrado ha apuntado que de lo investigado hasta la fecha se saca en claro la “existencia de motivos suficientes” para creer que es responsable de los delitos de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público. “Ha quedado claro indiciariamente que Javier Biosca se presentaba como bróker especialista en el mercado de criptomonedas desde hace cinco años. Se dedica a la inversión por cuenta ajena de capitales para la obtención de rendimientos por medio de la compraventa de criptomonedas. Mientras, los inversores tenían como misión poner a disposición del bróker euros o bitcoins para la obtención de un rendimiento mensual convenido en el contrato entre ambos”.
UN NEGOCIO MUY RENTABLE
Según ha explicado Biosca, que en todo momento ha separado a su familia de los acontecimientos por los que están siendo investigados, empezó a entrar en contacto con el mundo de las criptomonedas en 2019. Luego, su interés por este tipo de inversión comenzó a crecer. Al darse cuenta de que podía ganar mucho dinero, decidió encargar a una persona de confianza para que le captase inversores.
Lo hizo a través de “Algorithmics Group”, una empresa que ofrecía servicios en criptomonedas sin contar con la autorización de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Esta carencia servía para que Biosca eludiera las obligaciones que debía de cumplir esa entidad en su actividad diaria.
Podría haber defraudado más de 280 millones de euros a cerca de 3000 inversores
Algorithms se ceñía a conseguir clientes, que tenían que dar cantidades de dinero a cambio de una rentabilidad del 20 o 25% semanal. Como los primeros inversores recibieron beneficios, se corrió la voz pasando rápidamente de 30 a 500. A partir de los primeros meses, según han informado los querellantes, comenzó a dejar de pagar a la mayor parte de los inversores. Esta situación culminó cuando dejó de abonar las cantidades prometidas.
NI TRAMPA NI CARTÓN
No obstante, ha insistido, que su intención no era para nada engañar a nadie, y es que se trataba de un negocio «muy rentable». Ha contado que los problemas comenzaron cuando los bancos, al detectar movimientos con grandes cantidades de dinero, le bloquearon los cambios de criptomonedas a moneda de curso legal. Eso le impidió seguir cumpliendo con los inversores.
La situación llegó a tal punto, ha contado, que en septiembre de 2020 viajó a Guinea para explorar la posibilidad de comprar un banco con el que hacer el canje, pero no lo consiguió, lo que propició el colapso del producto financiero.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, incluso ha manifestado que está dispuesto a colaborar con la justicia aportando las claves de las cuentas bancarias y otras que sean necesarias para ir pagando a los inversores. Ha añadido que, dado que no recuerda muchas, para ello tendrá que ser puesto en libertad. Hasta el momento, se trataría del mayor presunto fraude por volumen en España relacionado con las criptomonedas. Esta empresa radicada en Londres podría haber defraudado más de 280 millones de euros a cerca de 3000 inversores.
