Cataluña se convierte paulatinamente en un campo dominado por las placas solares y los molinos de viento. La región va con un importante atraso en materia de energía renovable instalada respecto al resto de Comunidades Autónomas. El origen de este desequilibrio se encuentra en una arbitraria legislación para poder instalar un proyecto renovable, pese a la agenda 2030, que impone que el 50% del consumo eléctrico proceda de este tipo de energías.
Aragón y Valencia, junto a otras comunidades, han dado facilidades a la instalación de grandes parques solares y eólicos. En Cataluña no ocurre esta situación. Incluso los promotores deben informar a los Ayuntamientos para poder realizar permisos, unas licencias que no llegan por determinados motivos.
Las excusas para denegar un proyecto son muy diversas y por distintos ámbitos. Desde la rupturista vista del paisaje en el caso de molinos de viento; a una ubicación desaconsejada por un técnico de un Ayuntamiento. Otras excusas de la ponencia de energías renovables versa sobre la afectación a la comunidad de regantes. Además, de las socorridas ecologistas, como la aparición de «dos parejas de águilas perdigueras» en los terrenos. Esta última le ha ocurrido recientemente a Audax, en esos mismos terrenos. Todo ello aparee en acuerdos de la última mesa de energía renovable del Govern. Hay muchos más ejemplos de este tipo.
LA LEY DE 2009, EPICENTRO DEL CAOS FOTOVOLTAICO EN CATALUÑA
El epicentro de esta situación se encuentra en un decreto aprobado por el último gobierno tripartito en 2009. Las instalaciones de energía renovable no podían exceder de los 10 MW. Diez años después, la Generalitat se sumó al carro de la energía verde al derogar esta normativa.
Aún así, los inversores tratan de sacar provecho de la situación para presentar gigantescos proyectos con el fin de cumplir con el compromiso de la agenda 2030. Sin embargo, ERC se ha plegado a la CUP para evitar dar facilidades a estas instalaciones. La disculpa ahora es una supuesta protección de los cultivos catalanes. Organizaciones, como la Unión de Pagesos, se oponen a la irrupción de estos proyecto.
Los constantes palos en las ruedas han ahuyentado a los promotores, que buscan oportunidades en otras regiones. Audax, por ejemplo, ha tenido un grave problema con su megaproyecto Tarraco V. «Sólo Tarraco V sería viable si se demostrara que no afecta a ningún sector crítico del águila perdiguera«, se ha afirmado.
PROYECTOS FOTOVOLTAICOS DENEGADOS CON EXCUSAS BANALES
«Los proyectos causarían un impacto grave sobre la calidad del paisaje rural (…) desincentiva la evolución del sector primario y romperían con el objetivo del modelo productivo. Por lo tanto, se consideran inviables», se asegura en otra de las conclusiones de los informes de viabilidad. Trabas y requisitos tan duros que a los promotores se les da el plazo de dos años para modificar los proyectos. Es decir, un proyecto presentado en 2020 no empezaría a construirse hasta casi entrado en 2024. Una demora que hace caer inversiones, que buscan una rentabilidad en un año o menos.
A esta maraña de requerimientos se suman los nuevos impuestos. En los Presupuestos del pasado año, la Generalitat aprobó una nueva ecotasa que afecta a los distribuidores y productores de electricidad. «No nos afecta», ha afirmado David Pérez, vicepresidente de UNEF (Unión Española Fotovoltaica), a preguntas de MERCA2. Al menos un alivio para esta generación de electricidad en esta maraña legislativa y cargada de inseguridad jurídica.
LA NUEVA TRIBUTACIÓN EXONERA A LA FOTOVOLTAICA EN CATALUÑA
Pérez ha indicado que las plantas fotovoltaicas y eólicas sí abonan otros impuestos, como el IBI y el 7% a la generación. No obstante, este último ha sido anulado temporalmente para tratar de rebajar la factura de la luz con los precios en máximos históricos.
En este sentido, este impuesto que no puede trasladarse a los clientes finales, tendrán que asumirlo en su totalidad las eléctricas. Tampoco ve impacto alguno cuando se le pregunta si el tributo perjudicará la instalación de proyectos de renovables en Cataluña. De hecho, este tributo existe en otras regiones, como Galicia, Aragón o Valencia. «El gestor de la red es el que debe abonar», ha asegurado. Por otro lado, ha recordado el impuesto, ahora anulado, que debían abonar los consumidores por el suplemento territorial. Entonces la ley sí permitía trasladarlo.
Mientras la fotovoltaica y eólica irrumpen en los campos y zonas con más viento en otras comunidades, en Cataluña apenas se producen cambios. Desde finales de 2019, la región gobernada por ERC y JxCat ha tratado de revertir la situación, pero se han topado con la CUP.
La CUP exigió que la ponencia de energías renovables rechazara los proyectos de alto impacto territorial, sin concretar qué significa. Esta fue una de sus exigencias para dar su apoyo a JxCat y ERC y permitir la gobernabilidad. Además, las instalaciones que propusieran una gran acumulación de proyectos en una misma zona serían denegadas por esta mesa.
LA NECESIDAD DE LOS VOTOS DE LA CUP, LA TRABA PRINCIPAL
JxCat, por su parte, mandaba el mensaje contrario. Cataluña, como un territorio defensor de las energías renovables. La CUP, en cambio, lo ve como un negocio más donde se crearán oligopolios y que perjudica a la agricultura. A su juicio, esta actividad genera «empresas que se hacen ricas con los derechos básicos y expolian el territorio».
Cataluña, por otro lado, sí ha dado un gran impulso al autoconsumo eléctrico. En 2020 se instalaron cerca de 6.000 nuevas placas fotovoltaicas de este tipo, con un producción de más de 84,5 megavatios. Sin embargo, la gran mayoría se ha proyectado en zonas con un alto poder adquisitivo. El rico municipio de Sant Cugat del Vallés es el que más placas solares tiene instaladas en viviendas. Durante el confinamiento de 2020 se instalaron 1.457 nuevos paneles en este pueblo de Barcelona.
Para introducir el autoconsumo, la Generalitat ofrece bonificaciones y acelera los trámites a través del Instituto Catalán de Energía (ICAEN). Justo lo opuesto a los grandes proyectos de renovables. Las bonificaciones, además, se realizan a través del IBI, pese a ser competencia exclusiva de los Ayuntamientos.
