Entre los argumentos que ha esgrimido el presidente del Gobierno para justificar los indultos a los líderes del procés se encuentra estos: «la discordia partidista o territorial también es un lastre económico» y «la estabilidad y unidad política» es un elemento indispensable para la prosperidad.
No puedo por menos que coincidir con el presidente de España en que un país en el que se promueva la seguridad jurídica y la estabilidad y unidad política es un país fiable y previsible que atrae inversiones que dinamizan la economía y generan empleo, lo que se traduce en progreso y bienestar para la sociedad que lo habita.
Pero el Sr. Sánchez miente cuando justifica los indultos como una medida para dotar de seguridad jurídica y cohesión territorial a nuestro país. En palabras del presidente del Gobierno de España existe una «una confrontación que no ha servido para resolver ningún problema» y los indultos ayudarán a superarla, trayendo la cohesión territorial y la estabilidad política y jurídica a nuestra nación y, por tanto, el crecimiento económico.
Y es este razonamiento, el que pone al descubierto la verdadera esencia del presidente que no es más que un felón dispuesto a desmantelar nuestro estado de derecho, dinamitando para ello la separación de poderes que define toda democracia y la seguridad jurídica de la que disfrutaba nuestro país, a cambio de un puñado de votos que le permitan seguir disfrutando de residencia, coche y avión oficial pagados por todos los españoles, a los que asfixia a impuestos en medio de la peor crisis económica de nuestra historia.
La realidad es exactamente la contraria, Sánchez y su gobierno destruyen la seguridad jurídica cuando, como ha censurado el Tribunal Constitucional, hacen un uso abusivo e injustificado del decreto ley y se niegan a dotar a las Comunidades Autónomas (CCAA) de un marco legal adecuado para luchar contra la pandemia.
Sánchez y su gobierno destruyen la seguridad jurídica cuando tratan de controlar a los jueces a través de la reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial, amenazan con derogar la reforma laboral que creó más de 2 millones de empleos, apoyan las «okupaciones» o «cuelan» una subida de impuestos en una ley antifraude.
Sánchez y su gobierno destruyen la seguridad jurídica cuando indultan a unos condenados por sedición y malversación en contra del criterio del Tribunal Supremo y de la fiscalía y mientras los condenados expresaban públicamente su voluntad de reincidir en los delitos cometidos y en sus objetivos abiertamente inconstitucionales.
Sánchez y su gobierno destruyen la seguridad jurídica y nuestra credibilidad como país cuando permiten que el Consejo de Europa apruebe un informe que equipara España y Turquía.
Una inseguridad jurídica que ahuyenta a los inversores y pone en riesgo la recepción de los fondos de europeos de recuperación, absolutamente necesarios si queremos que España tenga una oportunidad de recuperarse de la crisis. Recordemos que el procés, la «normalización» que Sánchez quiere extender a toda España y la inseguridad jurídica provocada por aquellos a los que el gobierno ha indultado, expulsaron de la vida diaria catalana el español y a 7.000 empresas que han instalado sus sedes en otras CCAA, fundamentalmente en Madrid, además de rebajar a la mitad la inversión extranjera en Cataluña.
(*) Antonio González Terol, vicesecretario general del PP
