Durante el año 2021, la factura de la luz ha ido acumulando récords que nadie puede celebrar.
Abril marcó el precio más alto de la electricidad desde que se tienen registros superando en un 24% el precio de abril de 2019, mes que ostentaba el récord hasta entonces. Señalar que el año 2020 no se tiene en cuenta para esta comparación dado que, debido al confinamiento y al cierre de la economía provocado por la pandemia, fue un año totalmente atípico en lo que a consumo de energía y precios se refiere.
Por si fuera poco, la factura de la luz volvió a crecer en mayo y el mes de junio se ha estrenado con nuevos aumentos. Según los cálculos realizados por la asociación de consumidores Facua, si se extrapolan a todo el mes los precios registrados en la primera semana, el ciudadano medio español acabará junio pagando el tercer recibo de la luz más caro de la historia.
Mientras los precios de un bien básico como es la electricidad baten todos los récords en un año en que nuestro país se encuentra inmerso en la crisis económica más grave de su historia, el gobierno de PSOE y Podemos pide «no crear alarmismo porque la luz sólo subirá unos cuantos euros» y aprueba unas nuevas tarifas que incrementan entre 30 y 45 euros al año la factura a 11 millones de españoles, anulan la capacidad de decisión de los consumidores y pretenden imponer determinados hábitos a la sociedad.
A pesar de autodefinirse como el gobierno más progresista y social de nuestra democracia, el gobierno de PSOE y Podemos ya ha admitido que estas nuevas tarifas no abaratarán el precio de la luz y que se trata, en palabras del Ministro de Consumo, de hacer un «ejercicio de pedagogía» en el sentido comunista del término, es decir, imponer su concepción de la vida y de la sostenibilidad.
Así, por medio de estas tarifas nos dicen en que horas debemos poner la lavadora, planchar o usar el lavavajillas. De manera arbitraria el gobierno ha decidido que en unos tramos horarios, denominados «valle», la luz sea más barata y en otros, denominados «punta», más cara, pudiendo haber una variación del 118% entre ambos.
Si realmente quisiera rebajar el precio de la luz, actuaría sobre los costes políticos de la electricidad puesto que, en España menos de un 40% de la factura de la luz depende del precio de la electricidad y del mercado.
Por ejemplo, en el coste de la electricidad se integran el Impuesto Especial a la Electricidad (5,11%), el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (7%) y costes regulatorios derivados de la gestión política (subvenciones a las renovables o al carbón o el déficit de tarifa, entre otras) a los que hay que sumar un IVA del 21%, uno de los más altos de la UE.
Pero reducir estos costes regulatorios, ya sea eliminando impuestos o subvenciones a las renovables, supondría prescindir de los más de 1.000 asesores que Sánchez ha colocado en los diferentes ministerios y no poder seguir ayudando a Plus Ultra además de renunciar a una potente herramienta de adoctrinamiento para imponer la ideología gubernamental al gobierno.
Por eso, el gobierno hace realidad el dicho «donde dijo digo, dice diego» e incumple su promesa de bajar la factura de la luz para imponer un socialismo energético que afecta a los bolsillos de todos los españoles, especialmente a los más vulnerables, y lastra las opciones de recuperación de la industria y economía españolas.
(*) Antonio González Terol, vicesecretario general del PP
