Orange tiene previsto ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 485 empleados en las próximas semanas. La noticia puede que sorprenda a muchos, puesto que a diferencia de lo ocurrido con Caixabank o BBVA apenas se ha hablado de ello. Un silencio incómodo especialmente visible en el caso del Gobierno de España. Más si cabe, cuando la reestructuración la ejecuta una firma que el año pasado ganó más de 1.400 millones de euros. La razón, quizá, obedece a que la operadora francesa se sabe imprescindible para los planes de mejora de red, en torno al 5G, que tiene en mente el ejecutivo.
La primera coincidencia es en los tiempos. A finales de abril, Luz Usamentiaga, directora general de Regulación, Relaciones Institucionales, Comunicación Externa y RSC de Orange, dejó caer que se podrían utilizar los fondos europeos para subsidiar a las operadoras en su apuesta por la España rural. «Los fondos europeos de recuperación ofrecen una oportunidad fantástica para poder llegar a esas zonas que aún faltan por cubrir», señaló la ejecutiva. La razón es que si no sería excesivamente caro. «Tienen un coste muy relevante y por eso son las que resulta más complicado acceder en un primer momento», concluyó.
Unos días más tarde se ejecutó una reunión, de trámite, entre Gobierno y operadoras. La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, convocó a los principales responsables de las grandes operadoras de telecomunicaciones de España para ultimar algunas iniciativas nuevas para incentivar los despliegues de red. Entre ellas, se incluyeron algunas ventajas fiscales o la extensión de las licencias de espectro de 20 hasta los 40 años. Con ello, el Ejecutivo intentó asegurarse de que las compañías cumplían con su parte.
LA CASUALIDAD DE LAS FECHAS ENTRE GOBIERNO Y OPERADORAS
Pero en realidad esas decisiones ya se habían tomado anteriormente. La reunión se celebró en la tarde del 7 de mayo, aunque el mismo 26 de abril hizo pública la intención de Calviño de extender las licencias. En concreto, en un encuentro sobre los fondos europeos organizado por El País y Deloitte, la propia titular de Economía aseguró que «da mayor margen de maniobra para cuando hagamos la subasta de los 700 megahercios, la más importante para el 5G». La complicidad la confirmó Usamentiaga al dejar caer, en ese mismo momento también, que desde Orange se estaba «muy alineados» con el Ministerio de Asuntos Económicos.
El golpe vino una semana después de la reunión entre Calviño y los operadores. Así, Orange avisaba a sus trabajadores de que tenía la intención de acometer un ERE de hasta 485 personas. Una cifra que si se compara con el total de trabajadores está al nivel del ejecutado, por ejemplo, por BBVA. Un ajuste, además, que en la que las condiciones para los trabajadores son mucho peores. Aunque parece que al Gobierno no le ha preocupado tanto, dado que hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto al contrario de otros ejecutados en los mismos tiempos.
Lo anterior, lleva a dos posibles conclusiones. La primera es que para el Ejecutivo los trabajadores de banca ya sean de BBVA o Caixabank, y los de las operadoras no tienen el mismo valor. Al fin y al cabo, se han quejado de unos despidos y no de otros. La segunda es que el Gobierno piense que es mejor no hacer enfadar, o al menos levantar polvareda, a Orange porque la necesita, mientras que en el caso de los bancos da igual.
LOS SINDICATOS SE UNEN CONTRA ORANGE
Las dos opciones tienen su aquel, que se puede decir, pero parece evidente que la verdadera razón tiene que ver con la segunda. Las palabras de Usamentiaga son un buen indicador de ello, aunque todavía lo son más las de un alto ejecutivo de una de las grandes operadoras internacionales con presencia en España, cuando se regodeó ante unos inversores de que «el Gobierno de España sabe que nos necesita». Ahora, en plenos contactos para la subasta del 5G las telcos se hacen ver como intocables.
De ahí que las condiciones del ERE de Orange sean tan malas. La primera toma de contacto será este próximo 1 de junio en la localización madrileña de La Finca. Desde CCOO se advierte de que serán negociaciones duras, y ya está movilizando a sus huestes: «Sabemos que esta empresa no es una ONG (…) pero ha de haber límites a tanta codicia y uno de ellos de debería ser que ejecutar 485 despidos en la situación actual de crisis, tras ganar 1.433 millones el año pasado, es una acción inmoral, se mire como se mire».
Lo único positivo dentro del ajuste es que por primera vez todos los sindicatos se han unido bajo una misma proclama. La unión hace la fuerza que se dice, aunque ya saben que con el Gobierno no van a poder contar.
