La ministra de Hacienda y Portavoz, con el desparpajo y la falta de rigor que la caracteriza, ha afirmado -respecto a la armonización fiscal que el Gobierno quiere llevar a cabo- que: «No queremos que Madrid suba impuestos, sino unas reglas similares para todos».
Me permito recordarle a la Sra. Montero que la Constitución y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) otorgan ya a las mismas unas reglas comunes de actuación, a excepción de País Vasco y Navarra cuya singularidad se encuentra amparada por nuestra legislación.
Así, el artículo 19.2 de la LOFCA permite a todas las CCAA de régimen común la fijación de tarifas, mínimos exentos y deducciones o bonificaciones, entre otros aspectos, en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), el Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y otros.
Por su parte, las leyes que regulan la cesión de tributos a las CCAA de régimen común concretan los porcentajes de cesión que son iguales para todas.
Ya hemos demostrado que hay reglas, pero ¿es cierto que el Gobierno no quiere subir impuestos? No. La voluntad del gobierno está clara, subir impuestos.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ya incluyeron subidas de impuestos (matriculación, seguros, aumento al 21% del IVA de bebidas azucaradas, etc.) por importe de 8.000 millones de euros.
Además, el «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia» esconde una subida histórica de impuestos (eliminación de tributación conjunta, eliminación de tipos reducidos de IVA al pan, la leche o viviendas de protección oficial, etc.) que supone recaudar 80.000 millones de euros más; 1.700 euros más por cada español.
Y ahora llega la tercera vía socialista para «freírnos a impuestos», la armonización. Esto es así porque si aplica la armonización prevista por Sánchez y Montero los hogares madrileños pagarían 2.000 euros más en impuestos y un gallego pagaría entre 1.600 y 32.000 euros más por heredar.
El gobierno se escuda en organismos internacionales para intentar respaldar su voracidad fiscal y ahora afirma que un informe de la OCDE apuesta por la armonización fiscal entre autonomías y acredita que Madrid es un paraíso fiscal.
Pues como paso con el IVA de las mascarillas -que Bruselas si dejaba bajarlo- hay que señalar que las informaciones vertidas en el informe no son asumidas por la OCDE sino que se trata de simples referencias.
Unas referencias que no dicen que Madrid sea un paraíso fiscal, que no lo es, ya que Madrid simplemente aplica las competencias que en materia tributaria le otorgan la Constitución y las leyes, que son iguales para todas las CCAA de régimen general.
Y que contienen varios errores como que la ausencia del Impuesto de Patrimonio en Madrid atrae a 6.000 ricos cuando el aumento entre 2011 y 2015 fue de un total de 1.200 declarantes, no necesariamente por cambio de residencia, sino también por haber alcanzado el umbral mínimo para declarar.
O que los ricos cambian su residencia para pagar menos impuestos cuando trasladar el domicilio fiscal sólo es posible si se traslada también el domicilio real y el Ministerio de Hacienda persigue y sanciona el falso cambio de domicilio.
Como es habitual, el Gobierno tergiversa y manipula los datos para ocultar que su intención consiste, simple y llanamente, en subir los impuestos a la clase media española ya que solo un 16% de la nueva recaudación procede de los contribuyentes que tienen un mayor poder adquisitivo.
(*) Antonio González Terol, vicesecretario general del PP
