El final de Pullmantur parece cada día más cerca. Así, uno de sus propietarios, la multinacional Royal Caribbean que mantiene el 49% de la sociedad, podría estar maniobrando para obligar al Fondo de Garantía Salarial, más conocido como FOGASA, a hacerse cargo de las indemnizaciones de cerca de 300 empleados de la firma española que deberán abandonar sus puestos de trabajo en los próximos días. Además, la firma apenas ha aprovisionado cinco millones de euros para hacer frente a las demandas de reembolsos de los clientes pese a que el pasivo se valoró en 50 millones.
La pandemia ha supuesto un mazazo irrecuperable para el sector de los cruceros. El covid-19 ha puesto la muerte de innumerables firmas, muchas de ellas filiales de grupos más grandes que se han dejado quebrar, tras cerca de 15 meses sin apenas ingresos. El caso más conocido en España es el de Pullmantur. La compañía dejó de operar en marzo de 2020 y no ha vuelto a poner ni un solo barco a navegar desde entonces. De hecho, los cuatro buques con los que operaba fueron desmantelados a lo largo del 2020, según confirmó el juez, Carlos Nieto Delgado, que lleva el Concurso de Acreedores de la compañía.
Aunque los hechos probados por Nieto Delgado van más allá, puesto que relata que el desmantelamiento de los buques se ejecutó «inmediatamente» antes de la declaración del concurso. Y a pesar de que los mismos tenían un plazo de explotación previsto que se prolongaba hasta el año 2022, por lo que existe una predisposición inicial a que Pullmantur desapareciera. Pero hay más. Así, el magistrado también pudo comprobar que «la tesorería de la sociedad deudora ha sido transferida a otras sociedades maltesas distintas de la deudora».
LA INSOLVENCIA DE PULLMANTUR OBLIGARÍA A INTERVENIR AL FOGASA
Con ello, se sobreentiende que Royal Caribbean, propietaria Pullmantur y también de los cuatro buques que operaba, ha estado maniobrando para dejar caer la firma de cruceros española al menor coste. Al menos, esa es la interpretación de un grupo de trabajadores (con el visto bueno del juez) que se oponen enérgicamente al último ERE aplicado por la compañía, al que consideran «nulo de pleno derecho», y que denuncian que hay un plan para que sea el Estado español el que cargue con los costes del cierre de la firma.
Así, en un comunicado creado conjuntamente, bajo la supervisión de su abogado, señalan que el expediente de regulación de empleo que se aprobó el pasado 30 de abril se cerró «con acuerdo y sin que Royal Caribbean se haga responsable de las indemnizaciones pactadas, abocando a los trabajadores a tener que ir al FOGASA«. Una situación que se debe «a la falta de tesorería y situación de insolvencia en la que se encuentra Pullmantur» que, a su vez, viene tanto del efecto de la pandemia como de los trucos de la multinacional.
En defensa de su posición indican, además, que el magistrado destacó en el auto sobre Pullmantur que: «Carece de una explicación razonable haber discontinuado apresuradamente una actividad que venía prestándose por Pullmantur de forma regular, pudiendo depararse graves perjuicios para la masa pasiva del concurso». Además, que el hecho de «cesar en su actividad y soportar sin reacción el desmantelamiento y desguace de los buques con los que venía prestando su actividad pueda deberse a una influencia de su socio indirecto Royal Caribbean«.
PULLMANTUR SE ENFRENTA A 50 M€ EN REEMBOLSOS
Por último, el juez de lo Mercantil puso la lupa sobre los órganos de administración de que «pudiera ser permeable a instrucciones externas durante la tramitación de este expediente». Y, por ello, Nieto Delgado propuso suspender las facultades patrimoniales al grupo el propio 30 de abril. Una decisión que contó con la oposición de Royal Caribbean que para el magistrado «no hace sino reafirmar la conveniencia de la medida». Todo ello, es lo que ha llevado a un grupo de los trabajadores a llevar ante los tribunales a la multinacional con la intención de declarar nulo el ERE.
Pero no es el único frente abierto de la firma de cruceros. El cese de la actividad de Pullmantur dejó un importante número de viajes cobrados por anticipado que nunca se han llegado a realizar. Un hecho que implica la devolución de los importes que, por el contrario, no solo está llegando en tardar, sino que podría no llegar a hacerse en su totalidad. De hecho, la firma solo tiene aprovisionados cinco millones de euros para ejecutar «los reembolsos en efectivo estimados que se espera pagar a los huéspedes de Pullmantur y otros gastos incurridos como parte de la reestructuración», informó en su informe 10-Q remitido a la SEC.
La cantidad es totalmente insuficiente tanto para un cometido como para el otro. De hecho, solo el coste del ERE supone siete millones de euros que la compañía se ha comprometido a pagar en los próximos tres meses. Mientras que, por su parte, los reembolsos a los clientes superan los 50 millones. Una cantidad que se ha ido devolviendo recientemente y de forma “lenta y tediosa”, según explican algunos de los involucrados.
