La Agencia Tributaria deberá presentar en el último trimestre de 2023 un informe de evaluación sobre la ley de lucha contra el fraude fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria, proponiendo, a la vista de sus resultados, el mantenimiento de las medidas incluidas, su modificación o supresión.
No obstante, antes de esta fecha, en el último trimestre de 2022 se realizará por la Agencia Tributaria una evaluación provisional de los efectos de la Ley de lucha contra el fraude, según se desprende del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.
El proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal cumple casi siete meses desde su remisión al Congreso, el pasado mes de octubre, sin avanzar en su tramitación y sin tan siquiera acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno.
Todo ello pese a que el Ministerio de Hacienda contaba con el refuerzo de la normativa fiscal para engrosar la recaudación en el vigente ejercicio: más de 700 millones de euros, según el Plan Presupuestario remitido a la Comisión Europea a finales de 2020.
Concretamente, 218 millones de euros más por la limitación de los pagos en efectivo y otros 500 millones de euros por la incorporación de prácticas internacionales en la prevención y lucha contra el fraude, incluidas en la trasposición de la directiva europea.
Sin embargo, a pesar de iniciar su tramitación en octubre y concluir en diciembre el plazo para elaborar y registrar enmiendas, la iniciativa continúa en barbecho, sin tan siquiera haberse constituido su ponencia para iniciar la discusión de las casi 250 propuestas de los grupos.
Pese a ello, y según el calendario de implementación de la ley remitido a Bruselas, el Gobierno espera que el grueso de la misma entre en vigor cuando se apruebe en las Cortes, plazo estimado para el segundo trimestre de 2021.
No obstante, alguna medida de la ley, por cuestiones de calendario, se aplicará en 2022, como es el caso, por ejemplo, de la lista de morosos, ya que los cambios que se introducen aparecerán en la lista que salga publicada en 2022 y no en 2021.
Adicionalmente, antes del final de 2021 se analizarán con las organizaciones representativas de autónomos y pymes medidas adicionales en el ámbito de la digitalización a desplegar en 2022 y 2023 para facilitar la normalización y estandarización de las obligaciones de facturación y registrales que vayan más allá del primer paso dado de prohibición del software malicioso.
532 MILLONES EN CUATRO AÑOS DEDICADOS A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
El componente 27 del Plan, titulado ‘Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal’, contempla reformas para la modernización del sistema fiscal y de la administración tributaria, que se dividen en cinco grandes bloques: la aprobación de la Ley de lucha contra el fraude, la modernización de la Agencia Tributaria, el refuerzo de la asistencia al contribuyente, la vertiente internacional de actuación de la Agencia Tributaria y el nuevo modelo cooperativo de relación con los contribuyentes y la cooperación en el ámbito de los órganos jurisdiccionales.
Para el conjunto del componente, el Gobierno ha estipulado una inversión total de 532 millones de euros entre 2021 y 2024, aunque este elevado coste no será financiado con cargo al Plan de Recuperación.
En los bloques se incluye, por ejemplo, la aprobación y firma de los códigos de buenas prácticas de pymes y autónomos, la actualización de la lista de paraísos fiscales, la limitación de pagos en efectivo para determinadas operaciones económicas, la modificación del régimen de la lista de deudores frente a la Hacienda Pública, la prohibición de amnistías fiscales, la creación de las Administraciones de Asistencia Digital Integral (ADI) o la explotación de la información derivada de instrumentos internacionales, entre otras.
El paquete de reformas que integran este componente tiene como principal objetivo que la evolución de las bases imponibles agregadas sea más favorable que la evolución de las magnitudes macroeconómicas agregadas directamente relacionadas con los ingresos tributarios (PIB nominal y demanda interna).
«Este conjunto de medidas orientadas a prevenir y, en su caso, luchar contra el fraude fiscal y reforzar la capacidad de recaudación del sistema impositivo permitirá la modernización de nuestro sistema fiscal haciéndolo más eficiente, permitiendo amortiguar el impacto de la crisis provocada por la Covid-19«, señala el Ejecutivo en el documento.
