El gobierno más «rotundamente progresista» de la historia de España, en palabras del presidente Sánchez, ha anunciado recientemente la creación de un grupo de expertos para que estudien una reforma fiscal que entraría en vigor en 2022 y que, según este gobierno de progreso, feminista, inclusivo y «de la gente», igualaría la recaudación y la presión fiscal española a la media europea subiendo impuestos a los ricos que permitirán poder financiar un mayor gasto social.
Como es habitual, el gobierno miente una vez más. Y miente por partida triple.
En primer lugar, la presión fiscal no es, según todos los expertos, el mejor indicador para valorar si un país carga a sus ciudadanos con muchos impuestos o no.
Esto es así porque en España hay una serie de factores que provocan que la cifra de recaudación y, por tanto, el ratio de recaudación en relación al PIB (presión fiscal), sean bajos: tasa de desempleo que dobla la media europea, baja renta per cápita, etc.
Por todo, ello es más correcto analizar el índice de esfuerzo fiscal que relaciona la recaudación con la capacidad económica del contribuyente. Y, según este indicador, España se encuentra ya entre los 5 países de la OCDE que mayor esfuerzo fiscal exigen a sus ciudadanos.
En segundo lugar, no es que vayan a subir impuestos, es que los Presupuesto Generales del Estado para 2021 ya han incluido una subida de impuestos que nos afecta a todos.
Así, han subido el impuesto a los seguros del 6 al 8%. En un país en el que el 72% de las familias tienen sus hogares asegurados y hay 32 millones de vehículos asegurados queda claro que no han subido los impuestos a los ricos.
También, han subido el IVA de las bebidas azucaradas. Un impuesto que todos pagamos independientemente de nuestra renta.
Y, la tercera gran mentira, este aumento de recaudación no se traduce en más y mejores servicios o en beneficios para todos los españoles pues el gobierno ha sido incapaz de bajar el IVA a todos los tipos de mascarillas o al gel hidroalcohólico y se niega a pagar los más de 3.200 millones de euros que adeuda a las comunidades autónomas (2.500 millones de euros) y a las entidades locales (750 millones de euros) en concepto de entregas a cuenta de la recaudación del IVA del año 2017.
En 2019, se negó a pagar esa deuda afirmando que un gobierno en funciones no podía actualizar el sistema de financiación autonómica ni local. Posteriormente, en enero 2020, la Ministra Montero llego a afirmar que esa cantidad/deuda «no existía».
Un años después, el Tribunal Supremo, ha avalado que Sánchez y Montero discriminaron a las CCAA y las EELL al decidir, conscientemente, no atender sus obligaciones legales y no pagarles el IVA que les adeudaba del ejercicio 2017.
La sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha estimado el recurso planteado en Castilla y León y establece que se vulneró el derecho a la autonomía financiera de CCAA – y por tanto también la de las EELL- que consagra la Constitución Española; que el gobierno no aplicó el principio de lealtad institucional y que llevo a cabo iniciativas que indicaban que asumía que procedía la compensación.
Desde esta tribuna, quiero alzar la voz para exigir al Presidente Sánchez y a la Ministra Montero que dejen de mentir a los españoles y paguen lo que deben a las comunidades autónomas y a las entidades locales a las que no sólo deben dinero, sino que han dejado abandonadas en su lucha contra la pandemia al negarles los fondos de reconstrucción prometidos.
