El transporte público urbano es uno de los sectores más castigados por los efectos de la pandemia, y su recuperación está siendo más lenta de lo esperado. El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), las subvenciones nominativas por valor de 321,7 millones de euros.
Estas subvenciones irán destinadas al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, a las Autoridades del Transporte Metropolitano de Barcelona y Valencia, la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas a financiar el transporte terrestre público regular de viajeros en sus respectivos ámbitos de actuación.
Estas subvenciones se desglosarán de la siguiente manera: a favor del Consorcio Regional de Transportes de Madrid 126,89 millones de euros; para la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona 109,3 millones; a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia 38 millones de euros; y a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias 47,5 millones de euros.
Cada año, el Estado colabora en la financiación del transporte regular de viajeros de estas áreas metropolitanas o insulares que se caracterizan por un importante volumen de población afectada, gran intensidad de desplazamientos, la participación de varias administraciones en su gestión y la afectación de su funcionamiento sobre la actividad económica general y de diversos sectores.
MITMA, EL NUEVO GESTOR
La gestión de estas subvenciones a partir de este año es un elemento novedoso para Mitma, a la que también se sumarán las subvenciones por concurrencia competitiva a favor de Entidades Locales para financiar servicios de transporte colectivo urbano, que hasta 2020 estaban siendo gestionadas por el Ministerio de Hacienda.
Este cambio de gestión se justifica en el cambio de enfoque en el que está inmerso el Ministerio, desde la visión clásica de un departamento constructor de infraestructuras a un ministerio gestor de la movilidad, entendida como un derecho de los ciudadanos y un elemento de cohesión social y de crecimiento económico.
En este sentido, la concesión de estas subvenciones queda condicionada a disponer de un Plan de Movilidad Sostenible por parte de los beneficiarios, de forma que la financiación estatal actúa, además, como un incentivo para el despliegue de este instrumento de ordenación y planificación.
