viernes, 17 septiembre 2021 9:16

En defensa del municipalismo

Las entidades locales en España (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares) llevan cumpliendo las reglas fiscales desde el año 2012 y generando superávits durante nueve años consecutivos.

Unos resultados que son consecuencia de la aplicación de una serie de medidas y leyes que han permitido racionalizar y mejorar la gestión de las entidades locales así como de la excelente capacidad de gestión de quiénes están al frente de las mismas y del esfuerzo de todos los vecinos.

Leyes como la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) o la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (RSAL) aprobadas en los años 2012 y 2013 y cuyos objetivos primordiales era evitar el despilfarro y la puesta en marcha de medidas que generasen deuda  e hipotecasen el futuro de las entidades locales y de sus vecinos

También en estos últimos nueve años, las entidades locales han realizado ajustes en los sueldos de políticos y personal de confianza; implantado la administración digital disponible 24 h al día, 7 días a las semana para sus vecinos y han comenzado los procesos para estabilizar, consolidar y aumentar sus plantillas de manera que puedan garantizar más y mejores servicios públicos cada año a sus vecinos.

En 2020 y 2021, las entidades locales han puesto en marcha medidas, adelantándose en muchas ocasiones al gobierno de Sánchez y Podemos, para contener la expansión del virus y preservar la salud de empleados públicos y vecinos. También fueron pioneras en implantar programas y ayudas (a familias afectadas por los ERTE, a comerciantes, de emergencia social, etc.) para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia.

Este extraordinario esfuerzo ha supuesto un notable aumento del gasto realizado por las entidades locales  mientras que en paralelo han sufrido una drástica reducción de sus ingresos por el cierre de instalaciones y/o reducción de aforos de las mismas, suspensión de actividades, el aumento de impagos de vecinos en ERTE o desempleados, etc.

Según las estimaciones realizadas son necesarios un fondo de reconstrucción local de 4.000 millones de euros y un fondo para paliar el déficit del transporte público municipal de 1.000 millones de euros para que las entidades locales puedan superar los efectos de la pandemia y compensar el esfuerzo realizado durante los años 2020 y 2021.

Y ¿cuál ha sido el apoyo que el gobierno de España ha dado a las entidades locales durante la pandemia?

Ninguno. Las entidades locales no sólo no han recibido un solo euro nuevo de financiación adicional sino que, lo que es más grave, el gobierno trató de apropiarse de los ahorros que habían acumulado en los últimos años,  15.000 millones de euros, a través del Real Decreto Ley 27/2020 de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.

Por último,el gobierno de España ha asignado a los ayuntamientos un mísero 1% de los fondos europeos de reconstrucción, 1.483 millones, cuando las entidades locales representan el 14,6% del gasto público total por lo que deberían recibir 20.000 millones de euros.

A todo ello se suma un sistema de financiación local obsoleto y no adaptado a la realidad y al importante peso que la administración local tiene, dentro de la administración pública española, en la actualidad. El gobierno ser capaz de reconocer el extraordinario trabajo realizado por las entidades locales durante la pandemia, abandonar su sectarismo y dar respuesta a sus legítimas peticiones de fondos puesto que si no estará penalizando a todos los españoles.

(*) Antonio González Terol, vicesecretario general del PP


- Publicidad -