La vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha rechazado este miércoles en el Congreso aclarar su postura acerca de la OPA del fondo de inversión IFM a la energética Naturgy, si bien ha asegurado que «muchos de los elementos de permanencia, estabilidad y vocación industrial» son «criterios que se deberán tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones».
Así lo ha manifestado durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, durante la cual el diputado de Vox Víctor González Coello de Portugal ha preguntado a la vicepresidenta cuarta si el Gobierno aceptará «que se pierda el control español» sobre esta empresa «esencial».
«La energía es sistémica, es fundamental que funcione y esté bien regulada«, ha incidido Ribera, apostillando que «por eso cuenta con un margo regulatorio enormemente minucioso», ha aseverado, destacando también el «fuerte atractivo» de este sector para la inversión extranjera.
Asimismo, ha dicho que, a partir de la política del Gobierno –«más de 50 modificaciones en los últimos años»– «hoy el sector está trabajando en una reconversión estable, previsible, que busca la permanencia de los inversores, la transformación en la modernización de cada una de las fuentes y la vocación industrial en sus accionistas.
En este sentido, ha citado estos elementos como «parte de los criterios que se deberán tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones», pero ha incidido en que se trata de «una economía de mercado» en la que el Gobierno busca «la confianza de los inversores, la estabilidad y el interés de los consumidores y los grupos estables con vocación industrial.
VOX CREE QUE AUTORIZAR LA OPA SERÍA «IRRESPONSABLE»
Ribera no ha querido pronunciarse más acerca de una operación que depende del visto bueno del Gobierno y sobre la cual aún no se ha manifestado oficialmente. Con esta oferta pública de adquisición de acciones, admitida a trámite el pasado 18 de febrero por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el fondo de inversión australiano IFM busca hacerse con el 22,7% del capital de Naturgy.
Vox ha asegurado que «sería irresponsable y contrario al interés general» que el Gobierno autorizara la OPA, pues considera que «España necesita grupos fuertes en los sectores esenciales», y que en el caso de Endesa es propiedad del Estado italiano y, en el caso de Iberdrola, no cuenta con un accionista español «relevante».
En el caso de Naturgy, el diputado González Coello de Portugal ha destacado que se trata del tercer operador energético y representa el 69% de la distribución de gas natural, un recurso clave, ha defendido, para el ‘mix’ energético, tanto a corto como a largo plazo, para el que España cuenta con «unas infraestructuras únicas en Europa.
«El control de Naturgy por inversores extranjeros entraña un enorme riesgo para España», ha subrayado, asegurando que esta operación «tiene todas las características de una acción concertada por los otros dos fondos», CVC y GIP, que ya controlan el 40% de la compañía, ha dicho.
Además, ha advertido de que «ninguno de estos fondos tiene proyecto industrial», por lo que su objetivo «es venderla en trozos, lo que implica deshacerse de activos estratégicos básicos, como el contrato de gas con Angola».
