Cabify ha asegurado que presentará las alegaciones y recursos correspondientes para defender su modelo de negocio ante el acta de sanción levantada por la Generalitat catalana de 431.275 euros por cesión ilegal de trabajadores.
Fuentes de la compañía consultadas por Europa Press han explicado este miércoles que las actas de infracción notificadas «carecen de fundamento jurídico» y que son contrarias a derecho.
«La compañía española de movilidad siempre ha actuado acorde a la legalidad, tanto en el servicio que ofrece como en la forma de prestarlo, a través de un modelo de éxito que puede exportarse a otros países o incluso a otros sectores de la economía», ha señalado.
La propuesta de sanción también afecta a dos empresas transportistas subcontratadas –Lopez Rubio y Proinvertia– con 243.745 euros y a la Empresa de Trabajo Temporal (ETT) JT Hiring, con 60.000 euros.
La Inspección de Trabajo considera que las dos empresas de transporte suministran «la mano de obra ilegal a Cabify y que la ETT formaliza los contratos de la puesta a disposición fraudulentos».
