El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital prevé lanzar en los próximos días a audiencia pública el texto sobre la norma de creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero, que velará por los derechos de los usuarios con resoluciones vinculantes a partir de un determinado importe aún por determinar.

Según han señalado fuentes del Ministerio, el departamento que encabeza Nadia Calviño trabaja intensamente en el texto de su propuesta inicial con el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el sector de seguros con la intención de sacar el texto a audiencia pública a finales de este mes o a principios de marzo a más tardar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en noviembre de 2018 la creación de esta Autoridad. Tras aplazarse su aprobación por la nueva convocatoria de elecciones generales en 2019, el Gobierno se había marcado el objetivo de aprobar la creación de este nuevo supervisor financiero antes de finales de 2020, tal y como figuraba en el Plan Anual Normativo, si bien la pandemia llevó al Ministerio a centrarse en las medidas de respuesta a la crisis del Covid, postergando de nuevo la creación de dicha autoridad.

Ahora Economía quiere impulsar y acelerar la creación de la autoridad, para lo que trabaja en determinar por debajo de qué importe serán vinculantes las resoluciones de la autoridad relativas, por ejemplo, a los préstamos, con el fin de evitar costes adicionales a los clientes.

También estudia con el sector actualmente a partir de qué umbral los bancos estarían obligados a realizar algún de tipo de provisionamiento, según han indicado fuentes de Economía.

Así, el Gobierno pretende que la Autoridad de Protección del Cliente Financiero en la que trabaja sea gratuita para los usuarios y pueda emitir dictámenes vinculantes para las entidades financieras.

Organizaciones de consumidores como Asufin o Adicae y el mismo socio de gobierno Unidas Podemos, venían reclamando que se acelere la creación de esta autoridad para evitar abusos desde el sector financiero. Solo alrededor del 18% de las personas que contestaron la última Encuesta de Competencias Financieras –realizada conjuntamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística– respondió correctamente las tres preguntas que evalúan el conocimiento financiero.

Para Unidas Podemos, el “escaso” conocimiento financiero reflejado por las encuestas de competencias financieras, junto con una “falta de control” y “mala praxis” por parte de instituciones financieras, como la falta de transparencia y de información en la comercialización de productos financieros complejos, genera situaciones de desprotección que conllevan, en determinados casos, a la reclamación y denuncia ante los organismos correspondientes. Como ejemplos, apunta la venta de participaciones preferentes o las cláusulas suelo.