Nuevo frente de batalla de las aseguradoras. Una sentencia firme de la Audiencia Provincial favorable a una pizzería de Girona frente a SegurCaixa-Adeslas ha abierto la puerta a un alud de reclamaciones de la restauración por los cierres obligatorios decretados por el Gobierno. Sin embargo, puede llegar el caso que estas compañías reclamen al Estado y sea el contribuyente quien tenga que pagar.
La propietaria del establecimiento de comida ha percibido una indemnización de 6.000 euros por las pérdidas ocasionadas por el cierre impuesto por decreto por los gobiernos autonómicos y el Gobierno de España durante la pandemia.
La Audiencia Provincial de Girona analiza tanto las cláusulas del seguro, como el alcance de las mismas conforme a la jurisprudencia existente. Según ha reseñado el magistrado, se trata de una «cuestión novedosa en el marco de un contrato de seguro«. La aseguadora no incluyó la pandemia entre las coberturas aseguradas o excluidas.
Entre las cláusulas analizadas por Lacaba se encuentra la relativa a la cobertura de daño de la «Pérdida de beneficios/Paralización de la actividad», donde se contemplaba una indemnización diaria de 200 euros/día por los 30 días para el establecimiento. El quid de la cuestión era determinar «si la paralización de un negocio de restauración está o no cubierta en el concreto seguro analizado».
Según la escrito, contra el que no cabe recurso, la propietaria de la pizzería ha visto interrumpido su negocio y ha reducido sus ingresos, pero no se contempla en el seguro una ‘paralización por resolución gubernativa ante una pandemia’. Por esta razón, la aseguradora obtuvo la razón en una instancia judicial inferior.
¿Y SI TIENE QUE PAGAR EL CONTRIBUYENTE?
Para este magistrado, «nos hallamos ante una clara limitación de los derechos del asegurado en un contrato de adhesión, por lo que, su validez y oponibilidad vendría condicionada al cumplimiento de los específicos requisitos de aparecer destacadas de modo especial en la póliza y haber sido específicamente aceptadas por escrito».
«En aplicación de los principios referidos -prosigue la sentencia- al contenido natural del contrato de seguro y las expectativas que podía tener el asegurado, cuando aceptó la póliza, por ver cubierto de manera expresa, la «pérdida de beneficios/paralización de la actividad», aceptar lo contrario -continúa- supondría tanto como restringir la cobertura esperada por el asegurado, dejando desnaturalizada la paralización del negocio cubierto, en principio, por el seguro contratado».
En la sentencia, el magistrado condena a la aseguradora al cumplimiento del contrato, es decir, al pago de la indemnización correspondiente que asciende a 6.000 euros. Además, ha dejado en el aire si las aseguradoras podrían repetir contra el Estado, recayendo el coste sobre el contribuyente. «El cese de la actividad debe ser indemnizado, pero si éste se debe a la imposición del Gobierno «puede surgir la duda de si la aseguradora puede o no repercutir al Estado», ha añadido el magistrado.
La sentencia ha corrido por despachos de abogado y empresas, pero el presidente de SegurCaixa-Adeslas, Javier Mira, no la ha podido leer. Debido a esto, no ha entrado a valorarla durante la presentación de resultados de este miércoles. «No tengo detalles», ha dicho. Quienes sí lo han hecho son expertos y propietarios afectados por estos cierres consultados por MERCA2.es. La disparidad de opiniones, algunas contrarias, también deja en el aire la posible actuación judicial.
EL LUCRO CESANTE POR LA PANDEMIA
«La garantía del lucro cesante es un cláusula habitual en los contratos de restauración y hoteleros», ha señalado Cristina Tomàs a preguntas de este medio. La vicedecana de la EAE Business School ha explicado que la pandemia es comparable a incendio o a un desastre natural. Por tanto, un «riesgo aleatorio e independiente a la voluntad de las partes«. «Se debe generar una indemnización por este motivo», ha destacado. Además, al ser sentencia firme, la vicedecana considera que se ha creado jurisprudencia.
Según señala, el pago debe ser inmediato ya que no hay que evaluar daños, sino la letra pequeña de la póliza, donde se estipula la indemnización. Así, cree que la cuantía podría ahogar a las aseguradoras por primera vez en esta pandemia debido al drástico descenso de los accidentes de circulación por los cierres perimetrales decretados desde el pasado mes de marzo.
«LO VAN A PAGAR CARO»
Por otro lado, ha destacado que la cuantía a un pequeño establecimiento, como es la pizzería, podría elevarse en el caso de los hoteles. «Si los hoteleros reclaman podría elevarse la presión sobre las cuentas de las aseguradoras», ha indicado. La puerta abierta por este magistrado puede dañar seriamente «las arcas de las aseguradoras», ha apuntado. «Les va a salir caro», ha añadido.
El portavoz de Peacovid-19, Javier Candela, tiene una visión diferente. «Esta sentencia se refiere a una indemnización en virtud de un contrato de seguros», por tanto no contempla una indemnización contra el Estado.
Esta plataforma ha iniciado una macrorreclamación contra el Gobierno por el cierre obligado de la restauración durante la pandemia. De hecho, ha animado a los restauradores y propietarios de establecimientos hoteleros a sumarse a la misma.
Pese a parecer una cantidad modesta, solo en Cataluña están registrados un total de 51.082 establecimientos hoteleros y restauración, sin contar comercios no esenciales que tuvieron que bajar la persiana desde el 14 de marzo de 2020. Si todas las indemnizaciones fueran iguales, las aseguradoras se jugarían un total de 300 millones en esta Comunidad Autónoma, pero la cifra se dispara, según fuentes del sector consultadas, debido a la indemnización que se tendría que abonar a hoteles y establecimientos más grandes que una pizzería familiar.
Así las cosas y a la espera de conocer si las aseguradoras reclamarán al Estado para evitar los pagos, los propietarios de momento van ganando en los tribunales, como ha ocurrido en EE UU, Francia -con Axa- y Reino Unido, donde los cálculos a un quebranto de 2.000 millones para las compañías de seguros..
