Asufin ha elevado ante la Unión Europea una denuncia contra el Reino de España y, en concreto, contra el Tribunal Supremo español, por la reiterada y sistemática vulneración de la Directiva comunitaria sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
La denuncia ha sido presentada ante la Comisión Europea por vía telemática y puede conllevar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligue a la revisión de toda la doctrina del Alto Tribunal español.
De este modo, Asufin ha solicitado a las instituciones europeas que realicen «las oportunas averiguaciones y abran el procedimiento de infracción correspondiente» a fin de garantizar que en España se aplica de forma correcta el Derecho comunitario, sobre todo las cláusulas referidas al principio de transparencia en la contratación con los consumidores.
REGULAR LA TRANSPARENCIA
En esta línea, solicita que se condene al Reino de España a regular el principio de transparencia, su contenido y alcance en la contratación, en especial con consumidores, siguiendo así las exigencias de la directiva europea.
También reclama la supresión de manera definitiva del Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH), tanto de cajas como de entidades, dejando estas hipotecas sin interés conforme admite el sistema legal español, y eliminar asimismo los obstáculos y limitaciones existen en materia de acciones colectivas.
Según Asufin, el Supremo español «no ha sido capaz de resolver los asuntos con un criterio que ofreciera seguridad jurídica», que ha llevado incluso a que los jueces nacionales plantearan hasta 88 cuestiones prejudiciales en materia de protección del consumidor entre 2010 y 2019.
MATERIAS LESIVAS
La denuncia recoge una serie de materias sobre las que se han tomado decisiones lesivas para los consumidores: la retroactividad de la cláusula suelo, las costas procesales, la contratación entre profesionales, el vencimiento anticipado, el IRPH y la falta de legitimación de las asociaciones para defender a clientes, entre otras.
La asociación ha llevado a cabo esta acción con el apoyo de 68 juristas y economistas expertos en derecho de los consumidores y 15 organizaciones sin ánimo de lucro de países como Croacia, Eslovenia, Hungría, Islandia, Italia, Polonia, Rumanía, Ucrania y España.
