El creciente uso de los pagos digitales ha venido acompañado de un incremento de los fraudes, en tanto que un 88% de los ciberdelitos denunciados en 2019 correspondía a estafas informáticas vinculadas a pagos digitales, que se elevaron hasta superar las 192.000 denuncias. Según los expertos, aún es necesaria una mayor concienciación social sobre la importancia de denunciar dichas infracciones, tal y como pusieron de maniesto en el seminario ‘Tendencias en los métodos de pago y riesgos en los pagos digitales’, organizado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.
En el evento participaron Daniel Lacalle, doctor en Economía, profesor de economía global y finanzas y gestor de fondos de inversión; Alberto Redondo Sánchez, jefe del grupo de delitos tecnológicos de la Guardia Civil, y Lourdes Cremades, de la división de vigilancia y supervisión de pagos del Banco de España.
Por parte del Instituto Coordenadas han intervenido su director análisis, Carlos Díaz Güell, y su presidente, Jesús Sánchez Lambás, que actuó de moderador. Durante el encuentro se puso de maniesto que, a pesar de tener ventajas, los pagos digitales cuentan con graves brechas de seguridad. «Hay una evidencia empírica que demuestra que el avance tecnológico y de seguridad de las instituciones va muy por detrás de quienes intentan delinquir», armó Daniel Lacalle.
Alberto Redondo Sánchez aseguró que el ciudadano y las pequeñas empresas están sufriendo estafas a diario, lo que supone unas pérdidas enormes. «El gran negocio de los ciberdelincuentes es el robo de datos vinculados a los medios de pago», explicó.
Para ello, se llevan a cabo estafas de múltiples modalidades y cada vez más perfeccionadas, como, por ejemplo, la creación de falsas páginas web de ‘e-commerce’ o de suplantación de entidades nancieras. Ante ello, Redondo hizo hincapié en la importancia de que los usuarios estén alerta y de que denuncien cualquier tipo de estafa, a pesar de que no suponga una pérdida elevada de dinero.
«El fraude recibe cada vez más denuncias por parte del ciudadano, lo que nos permite luchar contra la sensación de impunidad que tiene el ciberdelincuente», destacó el jefe del grupo de delitos tecnológicos de la Guardia Civil. Según el ‘VII Informe sobre Cibercriminalidad’ de la Secretaría de Estado de Seguridad, el año pasado se registraron en España 192.375 estafas informáticas, lo que supone el 88% de todos los ciberdelitos conocidos. Los ciberdelitos han aumentado su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad, alcanzando el año pasado el 10% y siguen incrementando año tras año, con un crecimiento del 135% entre 2016 y 2019.
En este sentido, Lourdes Cremades hizo hincapié en que es necesario reforzar las medidas para garantizar la seguridad y que la economía uya. «Todos tenemos un papel importante, desde las entidades nancieras a las empresas, que organizan formaciones sobre ciberseguridad, pasando por los propios ciudadanos», aseguró la representante del Banco de España.
PAGOS DIGITALES Y ECONOMÍA SUMERGIDA
Por otra parte, Lacalle quiso desmitificar la idea cada vez más extendida de que la digitalización de métodos de pago conlleva una reducción de la economía sumergida. Aseguró que en países como Noruega, donde hay una mayor popularización del uso de pagos digitales, existe un grado de economía sumergida similar al que se registra en España.
«Es importante no utilizar la introducción de medios de pago haciendo referencia a que los ciudadanos recurren o no a ellos para ser opacos», armó el economista, quien reinvindicó que la inmensa mayoría de las transacciones que se realizan actualmente siguen siendo en dinero en efectivo por razones como la inclusión social.
«No podemos negar la desigualdad que genera la digitalización de medios de pago y mucho menos hacerlo bajo una pretensión equivocada de que van a eliminar una economía sumergida que en realidad no eliminan», aseguró Lacalle.
En esta misma línea, Cremades destacó que el efectivo sigue siendo el método de pago más utilizado y apostó por la importancia de la variedad de opciones y no demonizar ninguna de ellas. «Todos los instrumentos de pago deben tener cabida en las sociedad para que cada usuario pueda escoger el que mejor le convenga dadas sus propias circunstancias», zanjó.
