El Comité Europeo de las Regiones (CDR) cree que la Unión Europea debe reformar su gobernanza económica para impulsar las transiciones ecológicas y digitales tras la crisis provocada por la pandemia, según ha apuntado la institución en un comunicado.
No obstante, la institución considera que también se deben promover las inversiones públicas y que se debe otorgar «una mayor legitimidad democrática» al proyecto de la Unión Europea.
Según CDR, los entes locales y regionales destacan la necesidad de que se dé flexibilidad presupuestaria para impulsar la recuperación y la resiliencia después de la pandemia.
Además, la institución piensa que la cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y el marco temporal de ayudas estatales a nivel de la Unión Europea se deberían seguir aplicando hasta que la situación económica se haya estabilizado en Europa.
Asimismo, el CDR ha recordado que la gobernanza económica europea «tiene efectos importantes en todos los niveles, pero más específicamente en los gobiernos locales y regionales, que son responsables de casi un tercio del gasto público y más de la mitad de la inversión pública en la Unión Europea en su conjunto, con amplias variaciones entre los estados miembros.
El dictamen sobre la revisión de la gobernanza económica de la Unión Europea, elaborado por el ministro presidente de Valonia (Bélgica), Elio di Rupo, ha señalado que esta reforma debe tener en cuenta la necesidad de una mayor inversión y gasto público para apoyar la transición en sectores clave como la salud, alimentación, transporte, tecnología digital o la energía.
CDR ha recordado que la Comisión Europea estima que se necesitan 260.000 millones de euros al año (alrededor del 1,7% del PIB de la Unión Europea) de inversiones adicionales para alcanzar los objetivos climáticos y energéticos de 2030.
Di Rupo cree que la crisis provocada por la Covid-19 ha creado «un tsunami económico, social y presupuestario sin precedentes». «Los ciudadanos de la Unión Europea están sufriendo terriblemente las consecuencias de la pandemia», ha resaltado.
«Nuestro deseo es que la gobernanza económica europea se revise y se adapte a las realidades de nuestros territorios y regiones», ha subrayado Di Rupo, que considera que «una vez que la pandemia esté bajo control, no se puede «volver al statu quo ex ante ni continuar como si nada».
Los miembros de la institución afirman que el marco de gobernanza económica de Europa es, en parte, el responsable de la fuerte caída de la inversión pública que se produjo tras la crisis anterior, «porque no tiene suficientemente en cuenta la distinción entre gasto corriente y gasto de inversión».
Así, recuerdan que, entre 2009 y 2018, la inversión pública cayó en la Unión Europea un 20% (en porcentaje de PIB), mientras que la inversión de los entes locales y regionales disminuyó casi un 25% y un 40% o más en algunos de los estados miembros más afectados por la crisis financiera.
En esta línea, los miembros remarcan que el Comité Europeo de las Regiones ha pedido reiteradamente que el gasto público de los Estados miembros y los entes locales y regionales vinculados a la cofinanciación de los Fondos Estructurales y de Inversión no se incluya en el cálculo del déficit definido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).
«Este gasto es, por definición, una inversión de interés general europeo con un efecto palanca probado en términos de crecimiento sostenible», han apostillado.
El primer Barómetro Anual Regional y Local de la Unión Europea «hizo sonar la alarma», ya que mostraba que la crisis «está afectando los ingresos de las autoridades subnacionales, con un peligroso aumento del gasto y caída de los ingresos».
Además, una encuesta conjunta del CDR y la OCDE mostró que, ya en julio, el 13% de los gobiernos subnacionales ya había solicitado fondos adicionales de la Unión Europea y que el 49% estaba considerando hacerlo para hacer frente a la crisis.
Este dictamen elaborado por el Elio Di Rupo ha sido debatido este martes en el primer pleno del Comité de las Regiones (CDR), con la participación de Margarida Marques, miembro del Parlamento Europeo. Los resultados de las votaciones sobre las enmiendas y sobre el texto definitivo se darán a conocer el 10 de diciembre, al finalizar la sesión.
