La defensa de Alcoa ha expuesto este jueves una batería de argumentaciones para negar que hubiese «mala fe» en el ERE presentado en la planta de aluminio en San Cibrao, Cervo (Lugo). En el juicio por el despido colectivo, ha destacado que hubo 120 días de consultas con los trabajadores, al tiempo que sostiene que se accedió a un periodo de negociación de venta y se propusieron «alternativas» como un ERTE. Todo ello, con pérdidas de «un millón a la semana», que superarán los 58 millones al cierre de 2020.
En su exposición de alegaciones en la vista en el TSXG en A Coruña –después de que no se haya alcanzado un acuerdo de conciliación esta mañana de jueves–, la representación de la multinacional estadounidense ha defendido que el ERE para más de 500 trabajadores es «legítimo» al existir causas productivas, organizativas y económicas con pérdidas de carácter «estructural». A esto se suma que «la interlocución y diálogo han sido continuos» con la representación sindical, Xunta y Gobierno.
De tal forma, ha pedido a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un pronunciamiento de que el despido «es ajustado a derecho», a la vez que se levanten las medidas cautelares para que se puedan parar las cubas en «una industria altamente deficitaria».
Asimismo, Alcoa ha tachado de «irregular» y «temerario» que la Xunta y el Gobierno se adhieran como parte interesada en esta causa, ya que pasan a ser «codemandantes». Por ello, pide impugnar su participación en la vista.
CULPA A TRABAJADORES DE FALTA DE AVANCES
Desde el inicio del periodo informal de consultas del ERE el 29 de mayo, resalta que han sido 120 días de negociación, tras dos ampliaciones, por encima de los 30 días que se exige legalmente. Un plazo en el que se compartieron 6.000 folios entre las partes, por lo que descarta las quejas de los trabajadores de falta de información.
El abogado de la compañía indica que se plantearon «todas las soluciones y alternativas», incluido abrirse a un proceso de venta con las cubas funcionando, a pesar de tener un millón de pérdidas a la semana.
De este modo, «la falta de progreso en la negociación es imputante a la representación de los trabajadores», que «en todo este periodo de tiempo no han querido hablar más que del desestimiento del ERE y de una venta sí o sí a Liberty House». Sostiene que Alcoa es «la única que ha hecho esfuerzos en positivo» en la negociación.
COSTE ENERGÉTICO, UN PROBLEMA «INCONTESTABLE»
De tal forma, el letrado ha remarcado que el problema estructural de coste energético es «incontestable y evidente», ya que supone el 40% del gasto de la planta.
Argumenta que «el precio de venta es más bajo que el coste de producción», con «la paradoja de que cuanto más se produce más se pierde».
Relata que la parte de electrólisis de la fábrica de aluminio es la que «genera las pérdidas más importantes», en una industria «deficitaria».
Incide que no es viable la producción si no hay un precio estable de 35 euros megavatio por hora. Indica que se precio alcanzó los 54 euros en 2019 y la media de este año es de 50,44 euros. Llegó a 63 euros megavatio por hora a comienzos de 2020, si bien se redujo durante la pandemia.
Añade que a esto se suman extras en el precio de la energía, en un «mix de costes» para la planta que también incluye lo que se paga por aluminio, materias primas y el cambio de euro y dólar.
Asimismo, «a día de hoy sigue sin existir» un estatuto para el consumidor electrointensivo, mientras no hay subasta de interrumpibilidad. Apunta que las compensaciones de CO2 para 2020 se preveían en 34 millones y se han quedado en 8,7 millones, que «todavía no se han percibido».
Todo ello, arroja unas pérdidas de 58 millones en 2020, que no es algo «nuevo», pues se ha producido «en los últimos tres años», hasta sumar pérdidas de 169 millones de euros en el trienio.
Se queja de que parece que se tiene que «renunciar al despido colectivo para demostrar su buena fe», lo que llevaría a «un sinsentido».
¿MALA FE?
En su toma de la palabra durante dos horas y media, ha reducido el argumento de los demandantes de la «mala fe» a «un comodín» que trata de «torpedear el proceso» y que «no llegue a ninguna parte», pues el primer día los trabajadores ya hablaban de que no había «buena fe» con el objetivo de que el periodo de consultas «se vea entorpecido».
Y es que considera que la «buena fe es o debería ser un concepto recíproco», de forma que también debe exigírsele a la parte social.
LA AUTORIDAD LABORAL «NO HA SIDO IMPARCIAL»
Por otra parte, Alcoa reprueba que la autoridad laboral «no ha sido imparcial», que «se ha extralimitado» con «acusaciones tan graves como las de fraude de ley».
Recrimina que la autoridad laboral «se ha erigido en juez» cuando «debería ser garante imparcial» al calificar comportamientos de Alcoa y no de Liberty House o los trabajadores, con una actuación «fuera de su competencia».
De hecho, apunta a una «coordinación» entre los trabajadores y la autoridad laboral. También ve «grave» que Xunta y Gobierno se pronunciase para decir que «la única solución» era la venta, en lo que observa como una vulneración del derecho de la propiedad privada y la empresa.
Lamenta que «cualquier propuesta que se planteaba volvía como una pelota en una pared» en una «completa inacción» por parte de los trabajadores, por lo que observa «sorprendente» que se diga que no hubo periodo de consultas.
NEGOCIACIÓN CON LIBERTY
En lo tocante al periodo de seis semanas para al negociación de la venta de la planta de aluminio a Liberty House, Alcoa asegura que «lo que termina con la negociación no es el tiempo, son las diferencias insalvables».
Es más, afirma que hubo una «evolución importante» de las propuestas de Alcoa en el proceso para negociar esa posibilidad de venta.
Dice que «el foco» de Liberty House era hacerse con la planta de alúmina, lo que excedía las pretensiones de Alcoa. «No se puede obligar a la empresa a vender sí o sí bajo cualquier circunstancia», apostilla, y «mucho menos se puede obligar a vender» un «activo valioso».
El abogado critica que se quisiese que Alcoa vendiese la planta de aluminio por un euro y asumiese «170 millones» de euros en el proceso. También justifica que no se pudo conocer el proyecto «solvente» de Liberty ni las inversiones millonarios previstas.
Además, afea que Liberty estuviese «sin aparecer» en los 14 primeros días del proceso, mientras al final compareciese a través de la SEPI.
Finalmente, ha defendido que se «puede llevar a cabo una hibernación de las cubas», ya que hay «multitud» de casos y pone de ejemplo uno ocurrido hace poco en Canadá. No comparte que se diga que «es la única planta del mundo» que no se puede hibernar, pues ve posible el rearranque tecnológicamente.
COSTE DEL DESPIDO DE 32 MILLONES DE EUROS
La representación de la multinacional estadounidense ha cifrado en 32 millones de euros (entre 35 y 40 millones) el coste del despido colectivo de 534 empleados de la planta de aluminio.
Asimismo, ha rechazado que se vaya a «cerrar» la planta de aluminio, pues continuará con 99 empelados, así como la fábrica de alúmina. El ofrecimiento a los trabajadores despedidos es de 30 días de salario con máximo de 12 meses.
