La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este martes a los grupos que no han mostrado su apoyo a los Presupuestos de 2021 «reconsiderar» su voto porque están «a tiempo» de respaldar las nuevas cuentas «como servicio a la ciudadanía» ante un momento «igualmente decisivo» al del refrendo de la Constitución debido a la crisis el Covid-19.
También ha avanzado que en 2021 se seguirá apostando por la digitalización en la Administración y la renovación tecnológica de los sistemas, especialmente los relacionados con la gestión de los fondos europeos, así como «récord» en la financiación autonómica.
Así lo ha señalado durante el debate de enmiendas parciales en el Pleno del Congreso de los Diputados, en el que Montero ha apelado al «sentido de la responsabilidad», la «generosidad» y la capacidad de «levantar la mirada para entender que España requiere una respuesta «extraordinario» para superar la crisis.
«Aún están a tiempo de reconsiderar su posición, háganlo, demuestren que están a la altura de lo que el país necesita, que el interés general está por encima de cualquier otro interés partidista», ha enfatizado Montero, quien cree que las nueva cuentas pueden ayudar de forma «sostenible» a transitar una de las peores crisis del último siglo y salir de ella «en mejores condiciones».
Según Montero, el objetivo de los Presupuestos «no es quién los apoya sino qué aportan las cuentas para solucionar los problemas de los ciudadanos» y el voto afirmativo a los mismos «no es sinónimo de apoyar al Gobierno» sino de responder a las necesidades de los ciudadanos ante la crisis.
Asimismo, ha agradecido el apoyo d ellos grupos que ya han confirmado su apoyo, que garantizan la aprobación de los Presupuestos, superando «debates estériles» y sumando votos adicionales a los partidos de la investidura, lo que «enriquece» el contenido del proyecto.
La portavoz del Gobierno ha apelado, ante el aniversario de la Constitución el próximo domingo, al «consenso» logrado hace cuatro décadas, ya que el momento actual es «igualmente decisivo» por la irrupción de la pandemia y ante unos PGE de hace tres años.
Respecto al contenido ha destacado que los PGE permitirán avanzar en la reactivación económica, «blindar el Estado del bienestar» mediante el refuerzo de la sanidad, la educación o la dependencia y aprovechar la situación para abordar las transformaciones económicas pendientes, al tiempo que se seguir apostando por la digitalización de la Administración y la renovación tecnológica de los sistemas, especialmente los relacionados con la gestión de fondos europeos, como consecuencia del paquete de 27.000 millones adelantados en los PGE.
La ministra ha destacado también la financiación «sin precedentes en la historia democrática» del Estado a las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia y la caída de los ingresos.
En conjunto, ha apuntado que las CCAA han aumentado en 2020 sus recursos casi un 22% gracias a la actualización de las entregas a cuenta y los fondos Covid, y en 2021 se superará la cifra «récord» alcanzando una financiación de 146.008 millones, de los que los recursos del sistema de financiación se situarán en 113.729 millones.
CRÍTICAS POR EL RECHAZO DE ENMIENDAS
La diputada del PP Carolina España ha rechazado los PGE porque son «los más caros y dolorosos» e incluyen la «tormenta perfecta» con cifras «irreales» que traerán «más paro, déficit y deuda», además de previsiones «absolutamente desfasadas».
España ha criticado la «discriminación en toda regla» a su formación al no aceptar las enmiendas del PP que pedían bajar impuestos y sí la del PNV para no subir el diésel, y ha acusado a la ministra de «mentira a los españoles» con el IVA de las mascarillas, al tiempo que ha afeado a Vox su ausencia en la Comisión de los Presupuestos, ya que se habría «conseguido» bajar el IVA de las mascarillas, de las peluquerías y de bebidas azucaradas.
La ‘popular’ ha denunciado que la subida de impuestos afectará sobre todo a la clase media y trabajadora, pese a las afirmaciones del «Gobierno de la mentira» y de «nuevos socialistas populistas que hacen concesiones a separatistas», y ha rechazado el «mantra» de que el PP subió impuestos porque, ha dicho, los elevó ante un déficit de 90.000 millones y un país «en ruina por Zapatero, que recortó el Estado de bienestar», pero en 2014 con Rajoy se bajó el IRPF, el IVA cultural y Sociedades.
A su vez, Inés María Cañizares (Vox) ha criticado que Hacienda no emplee sus infraestructuras materiales y personales para hacer frente a la crisis, que se haya «paralizado» el proceso de reforma de la Administración y que no se acometa un gasto menor y mayor eficiencia, ya que los PGE «apalancan gastos inútiles y crea nuevos». En su lugar, ha reclamado una rectificación de la estrategia fiscal, ha pedido un plan de reequilibrio y eficiencia fiscal.
Desde Cs, María Carmen Martínez Granados, ha rechazado los PGE porque con ellos «se queda mucha gente atrás» y ha criticado que los grupos que sustentan el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) no hayan apoyado sus enmiendas fiscales. Ha defendido su enmienda para que la AEAT analice la economía sumergida y se aumenten las plantillas del organismo tributario, así como otra para acabar con la litigiosidad del impuesto de actividades económicas.
En el BNG, Néstor Rego ha reprochado a la ministra el «nulo interés» por estudiar las propuestas de la formación, con enmiendas que pasan por reservar un 6% de lo destinado a RTVE para adquisición de derechos de películas para incorporar producción audiovisual en gallego y otras lenguas oficiales, entre otras.
PODEMOS PIDE UN CUERPO SUPERIOR TÉCNICO DE HACIENDA
Por el contrario, a portavoz fiscal del PSOE, Patricia Blanquer, ha calificado de «excelentes» los PGE acordado en medio de «incertidumbre» y un Parlamento fragmentado, y ha defendido que son «fiables» al contener estimaciones «consistentes», normas tributarias «razonables» y ser «útil e imprescindible» para ayuntamientos y comunidades autónomas.
«Montoro las asfixió, Montero les da oxígeno», ha apostillado.
Desde Unidas Podemos, Texema Guijarro, ha apreciado el aumento de la partida en la AEAT ya que es una condición «sine qua non» para que la recuperación «no sea a costa de los más débiles», al tiempo que ha confiado en que se pueda acordar la creación de un cuerpo superior técnico de Hacienda, como pide el sindicato Gestha.
En cuanto al resto de grupos que han mostrado su apoyo a las nuevas cuentas, el diputado de Compromís Joan Baldoví ha valorado las incorporaciones «significativas» del documento de investidura y algunas enmiendas transacciones, aunque ha citado como «cosas pendientes» el reparto de 13.400 millones a las CCAA y su petición de fondo de liberación a las CCAA que están por debajo de la media en recursos.
El diputado de Junts per Catalunya Ferran Bel ha asegurado que el Gobierno ha tenido «suficiente capacidad e negociar y llegar a acuerdos», y aunque no es el Presupuestos que habría configurado su formación, con discrepancias en materia tributaria, como con el impuesto de bebidas azucaradas, apoyarán las cuentas, al ser también «correctos» para los entes territoriales, pese a estar pendiente el Fondo Covid para ayuntamientos y el fondo para el transporte público municipal.
Por último José María Mazón Ramos (PCR) ha dudado de las previsiones macroecómicas y ha pedido no demonizar la iniciativa privada ni los servicios públicos privados, al tiempo que ha apuntado que la formación cántabra mantendrá sus enmiendas en el Senado, aunque respaldarán los PGE.
