El banco francés, BNP, y el fondo, ARES, asedian a Portobello ante el temor de que su firma de clínicas, Vivanta, pueda acabar en concurso de acreedores. De hecho, ambos agentes aprovecharon la última reestructuración del enorme volumen de deuda del grupo, cerrada en mayo, para apretar todavía más las condiciones. Así, entre las nuevas medidas para el rescate facilidades se añadieron otras más restrictivas como barridos de caja, nuevos intereses y la introducción de observadores, uno por cada grupo, en el Consejo y un nuevo comité creado para una posible venta.
«La situación de Vivanta es muy mala», advierten fuentes del sector. La firma arrastra una serie de problemas muy importantes que han puesto al fondo español Portobello contra las cuerdas. En primer lugar, el ambicioso plan de crecimiento planeado en 2017 y realizado en 2018 y 2019 ha dejado un volumen de deuda inasumible. Además, la ejecución no ha sido buena. «Pagaron un precio muy alto (…) se compraron a precio de oro muchas clínicas muy pequeñas». De hecho, una de esas adquisiciones, la de Unidental, está en los tribunales desde hace varios meses.
Además, el auditor obligó en las últimas cuentas a aprovisionar cerca de tres millones por deterioros en los flujos futuros de las inversiones del grupo. Lo que supone, de facto, dar la razón a aquellos que piensan que los directivos de Vivanta pagaron de más por muchos activos que incorporaron. Un fallo que ha llevado al siguiente gran problema: un volumen excesivo de deuda de casi 260 millones de euros. Una cifra que en su gran mayoría corresponde a dichas inversiones, de hecho, ese montante ascendía a 190,5 millones a 31 de diciembre.
VIVANTA SE ENGORDÓ PARA SU VENTA, PERO TODO SALIÓ MAL
«La idea inicial de Portobello fue la de engordar Vivanta para ejecutar su venta. Se buscaba un pelotazo rápido. Quizás por ello, se pagó de más por muchos activos», señalan fuentes del sector. De hecho, a principios de enero del 2019 los gestores de la compañía tuvieron distintas reuniones con potenciales compradores entre los que destacaban nombres como Advent, BC Partners, Bridgepoint, Cinven o CVC. Pero finalmente no se llegó a un acuerdo.
La falta de un comprador fue el primer traspiés importante en la relación entre el dúo BNP-ARES y Portobello. Así, la enorme carga de deuda y los altísimos intereses exigidos, en torno a un 7,5% sobre el total, empezaron a asfixiar al grupo. En concreto, la matriz con la que funciona la red de clínicas, Cartera Vivanta, pagó cerca de 30 millones en dos años solamente en concepto de gastos financieros. A finales del 2019, ambas partes volvieron a reunirse para dar un pequeño margen al fondo español, en concreto, el 29 de noviembre se firma una adenda al contrato de préstamo «debido a la situación del grupo».
El nuevo acuerdo incluía medidas como la ampliación de las líneas de liquidez o la suspensión de la obligación de cumplir con determinadas ratios financieras. Todo ello, con vistas a dar tiempo a Portobello para encontrar un nuevo comprador para Vivanta. De hecho, la adenda incluía un determinado warrant (derecho) a favor de ARES que consistía en el pago de interés adicional para el fondo (conocido como Remuneration exit) en caso de que se vendiera la sociedad o las filiales de la misma. Así, a finales del año pasado la deuda ascendía a 228 millones de euros, cuyo plazo de finalización acababa en 2024.
ERTE, ERE Y CIERRE DE CLÍNICAS, TEMOR A UN NUEVO DENTIX
Pero el nuevo acuerdo volvió a fracasar con la llegada del covid-19, hasta el punto de que la pandemia casi se ha llevado por delante a la compañía. Vivanta ha necesitado de nuevas inyecciones de capital y líneas de crédito para poder mantenerse a flote. Una situación crítica que ha imposibilitado los pagos acordados o su posible venta, al menos a un coste que no suponga grandes pérdidas, y que ha obligado a BNP y ARES a estrechar el lazo sobre las cuentas de la compañía ante el temor a una quiebra.
Así, entre las medidas adicionales acordadas el 22 de mayo se incorporó lo que se conoce como un barrido de caja cada seis meses. Con él, cada seis meses se revisará la tesorería de la compañía y si ésta es superior a los tres millones de euros, dicho exceso se utilizará para repagar deuda e intereses. A su vez, ARES y BNP contarán con observadores, uno cada uno, en el Consejo de la compañía y en el nuevo comité creado para la «supervisión» ante una posible venta. Aunque se incide de que en el caso de darse solo Portobello tendrá voto para decidir.
«La difícil situación obligará a recortar todos los gastos posibles, aunque es difícil creer que Portobello pueda dejar caer la compañía», señalan desde el sector. Con ello, se intenta despejar el miedo a que las más de 400 clínicas de la compañía acaben cerrando, dejando tirados a clientes y trabajadores, como ha ocurrido con Dentix. Por el momento, del ERTE anunciado a principios de año se ha pasado a un ERE para una parte importante de la plantilla que se concretará en las semanas siguientes. «El siguiente paso será cerrar los establecimientos menos rentables», advierten dichas fuentes.
