Los créditos avalados por el Gobierno a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) han sido un éxito. La primera línea (de 100.000 millones de euros) se puso en marcha en marzo, en el inicio de la pandemia, para asegurar la liquidez de las empresas solventes y se desbloqueó en cinco tramos.
Más adelante, el Ejecutivo aprobó una nueva línea de 40.000 millones para fomentar la inversión de empresas y autónomos. De estos 140.000 millones de euros, se han movilizado más de 105.000 millones de euros en 880.000 operaciones, según las cifras que reveló este miércoles el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo.
Pese a la buena acogida, las empresas se enfrentaban ahora a un problema: tenían que empezar a devolver los créditos y no todas podían. Las nuevas restricciones de movilidad y las limitaciones a la actividad en ciertos sectores como el comercio, el turismo o la hostelería no han dejado a algunas empresas recuperar ingresos, de manera que no podían hacer frente a estos pagos.
EL GOBIERNO INTERVIENE
En este contexto, el Gobierno ha decidido ampliar los plazos y desde este jueves, se podrán seguir solicitando créditos avalados por ICO hasta el próximo 30 de junio. Además, se extiende el plazo de devolución otros tres años, hasta un máximo de ocho. Y se amplía el periodo de carencia en 12 meses, hasta un máximo de 24 meses.
Los nuevos plazos han empezado a rodar y Quevedo mostraba su confianza en que esto permitirá aliviar la carga financiera de las empresas, que podrán seguir manteniendo la liquidez y la solvencia del tejido productivo español.
Sin embargo, los representantes de los autónomos creen que esto no será suficiente para salvar la continuidad de todas las empresas. En este sentido, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, apunta en su perfil de Twitter que dará oxígeno a 800.000 autónomos que tienen estas líneas de financiación, pero deja claro que este colectivo necesita «muchas más medidas».
HAY QUE REVISAR LAS CONDICIONES
Por su parte, desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) han pedido a través de un comunicado «más financiación y en condiciones más justas» y que esto se acompañe de «planes sectoriales para los sectores más castigados y ayudas directas para los gastos fijos» de los negocios.
Desde Utae consideran que la banca ha llevado a cabo prácticas “abusivas, con intereses disparados y solicitud de garantías superiores al aval público». Por ello, defienden «la necesidad de regular la tramitación de manera más clara y con mayores garantías para los autónomos».
También ha solicitado que se habiliten los 32.000 millones de euros no concretados de la segunda línea de avales, pendientes desde julio. De momento solo están circulando 8.000.
También piensaN que este nuevo tramo de ayuda se debe destinar íntegramente a los autónomos y pymes, garantizando, además, el 100% de aval (frente al 80% actual) para autónomos y micropymes en préstamos de un máximo de 200.000 euros y con un interés máximo del 1%.
ENTORNO CAMBIANTE
La respuesta del Gobierno, es que las medidas de apoyo a los afectados por el coronavirus están siendo eficaces, pero deben ser adaptadas a cada momento en un entorno cambiante para dar respuesta a posibles problemas de solvencia que puedan generar que empresas viables tengan que cerrar por la caída de la actividad económica derivada de la pandemia. Así lo explicaba la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Asimismo, García de Quevedo asegura que el ICO se comprometió desde un principio a que las condiciones de estas líneas fueran “razonables”, en términos de tipos de interés, carencia o cuantía, al tiempo que han respetado la normativa financiera y la normativa de ayudas de Estado de la UE.
