El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece las nuevas normas de funcionamiento de la Caja General de Depósitos, organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Este nuevo marco tiene como objetivos modernizar y digitalizar el funcionamiento de la Caja General de Depósitos y sustituye a la normativa anterior, aprobada hace más de veinte años.
Esta norma se enmarca en una de las principales líneas de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: el impulso de la digitalización en la Administración Pública.
La Caja General de Depósitos se encarga de gestionar de manera centralizada los depósitos y garantías que los particulares tienen que presentar ante la Administración General del Estado como requisito para poder participar en diversos procedimientos como contrataciones públicas, otorgamiento de subvenciones, subastas de bienes, o también para obtener autorizaciones para operar en determinados sectores como, por ejemplo, el sector energético.
Con la aprobación de este Real Decreto se generaliza la gestión digital de los depósitos y garantías, estableciendo la obligatoriedad de utilizar medios telemáticos, agilizando los plazos, y garantizando la máxima seguridad.
Se sustituyen las garantías en papel por garantías en formato electrónico y se favorece que ciudadanos y entidades financieras avalistas puedan conocer por medios electrónicos el estado de los depósitos y garantías y hacer en remoto las gestiones que resulten procedentes.
Asimismo, se simplifican y mejoran los procedimientos de la Caja General de Depósitos para atender las necesidades detectadas a lo largo de los años en los que el anterior reglamento ha estado en vigor y se adaptan a los cambios normativos producidos en este tiempo.
La Caja General de Depósitos gestiona cerca de 60.000 expedientes de constitución de garantías al año, por un volumen de 13.000 millones de euros, y un número equivalente de expedientes de cancelación de garantías.
El Ejecutivo destaca que una tramitación rápida y eficiente de la constitución y cancelación de estas garantías reduce costes de gestión y libera recursos financieros de los particulares que las aportan.
