La Comisión Europea ha asegurado este lunes que no existe ningún impedimento legal para que el Gobierno adelante con deuda nacional las ayudas europeas que planea pedir con pargo al fondo de recuperación en 2021, a la espera de que puedan ser desembolsadas durante la segunda mitad del próximo año.
En una rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, ha asegurado que «nada impide a España», como «Estado soberano», acudir a los mercados de deuda «a la espera de recibir las subvenciones de parte de la Unión Europea». «No pienso que haya en el proyecto sobre este tema ninguna limitación en este sentido», ha añadido.
El Gobierno español ha anunciado, ya que pretende presupuestar en 2021 un total de 27.000 millones de euros, de los cuales 25.000 millones provendrán del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (RRF) y los otros 2.000 millones de la herramienta REACT-EU, que son ayudas para las regiones del bloque.
Sin embargo, Bruselas calcula que la primera emisión de deuda para financiar el plan europeo de recuperación económica no tendrá lugar hasta el verano de 2021, lo que retrasaría la llegada de las primeras transferencias a la segunda mitad del próximo año.
En este contexto, el Ejecutivo comunitario ha avalado el plan de España de ir adelantando este dinero a través de deuda nacional, algo que no impiden las reglas que constan en los borradores legislativos que componen el fondo de recuperación comunitario.
Para los próximos tres años, España tiene la intención de utilizar los aproximadamente 72.000 millones de euros que le corresponden en transferencias: 59.000 millones del RRF, unos 12.000 millones del REACT-EU y otras partidas para Desarrollo Rural (729 millones) el Fondo de Transición Justa (450 millones).
Por su parte, la portavoz de Economía de la Comisión Europea, Marta Wieczorek, ha recordado que los Estados miembros pueden pedir hasta 2023 la parte de créditos asignada a cada uno para completar el presupuesto de las reformas e inversiones contempladas en sus planes nacionales.
Cada socio comunitario puede pedir préstamos de hasta un 6,8% de su Renta Nacional Bruta (RNV) de 2019, lo que se traduce en créditos de hasta 85.000 millones de euros en el caso de España.
