La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, ha rechazado imponer un IVA del 21% a la sanidad privada, pues en España esta «ya es de doble pago», y ha advertido de que una medida así tensionaría todavía más una infraestructura pública que ya está saturada.
Así lo ha manifestado durante su intervención en la segunda jornada del XI Encuentro del Sector Financiero organizado por KPMG y Expansión, en la que ha reclamado a las autoridades un compromiso por la colaboración público-privada integrado en la legislación y más flexibilidad para permitir que el sector asegurador pueda seguir «haciendo las cosas bien» durante la crisis del coronavirus.
La presidenta de Unespa ha criticado que concebir el sistema nacional de salud como «una especie de conjuntos estancos de recursos, los públicos y los privados, es la menos eficiente de las opciones«. En su opinión, las tensiones a las que se ha visto sometida la infraestructura de servicios sanitarios española durante los meses más duros de la pandemia no se resuelve incrementando los medios del sector público, sino aprovechando la infraestructura donde no la hay y mejorando la eficiencia general del sistema.
Asimismo, ha rechazado la propuesta de incrementar el IVA para la sanidad privada, pues en España, quienes pagan un seguro privado también financian la sanidad pública a través de sus impuestos.
«Sin necesidad de que la sanidad privada reciba impuesto específico alguno, ya está, por la vía de los hechos, gravado por una carga fiscal. En estas condiciones, la sanidad privada ha desarrollado una serie de recursos y capacidades. Gravar ahora con el IVA el acceso libre a esos recursos y capacidades no tendrá otra consecuencia que reducir dicho acceso», ha advertido.
En esta línea, ha asegurado que la consecuencia de ello será rebajar la demanda sobre las infraestructuras privadas e incrementarla sobre las públicas. Además, al ser España el único país de la UE en que se aplicase IVA a la sanidad privada, podría producirse una deslocalización de infraestructuras sanitarias o de profesionales hacia otros países cercanos.
«Tenemos una sanidad pública notablemente tensionada y una sanidad privada que puede colaborar a aliviar esa tensión, y ¿qué hacemos? Dificultar el acceso a esa sanidad privada y generar una incertidumbre en el sector de la salud. Estrechar el mercado, reducir las opciones», ha criticado.
En opinión de la presidenta de la patronal, la política más racional ante una demanda creciente e insatisfecha es incrementar las opciones. «Por eso digo que una medida de este tipo actuaría contra la racionalidad y sería una mala noticia, pero no para el sector asegurador. El gran perdedor de esta medida será la sociedad española», ha avisado.
En este sentido, ha tachado de «mentira» que la sanidad privada sea «cosa de ricos», pues el seguro de salud en España, descontando a los funcionarios, tiene casi 8,5 millones de asegurados. «Si en España hubiese 8,5 millones de ricos, no tendríamos los problemas que tenemos», ha reprochado.
RECLAMA UN SISTEMA DE AHORRO-PREVISIÓN DE JUBILACIÓN
También en el lado de la colaboración público-privada, González de Frutos ha reclamado la implantación de «un sistema reglado, legislado, de ahorro-previsión de jubilación», que pasa por la instrumentación de un pilar de capitalización en el que participen las rentas bajas y los trabajadores menos cualificados.
Asimismo, ve necesario extender la previsión social en el ámbito de la empresa, diseñando los incentivos a la previsión social complementaria teniendo en cuenta que el tejido empresarial español está formado, en su mayoría, por pymes, y que cuenta con un elevado número de trabajadores autónomos y empresarios individuales.
Por otro lado, la presidenta de Unespa ha criticado que la limitación anual de aportaciones a sistemas de previsión social que se ha anunciado «carece de sentido en situaciones de crisis como la actual», y ha reclamado que dichos límites se flexibilicen o sustituyan por un límite global que abarque al sistema individual y al colectivo.
Otra reivindicación del sector asegurador es la mayor flexibilidad por parte de autoridades y supervisores para poder responder a las necesidades de la sociedad «con prontitud y eficacia». «Difícilmente seremos los empresarios del seguro capaces de avanzar en una dirección en la que, por la razón que sea, el regulador y el supervisor no quieren avanzar», ha advertido González de Frutos.
